Algunos elementos para un pacto fiscal ético e integral

La primera obligación de un gobierno es proteger la integridad física y el patrimonio de sus ciudadanos y en consecuencia proteger a la república de sus enemigos. Este es el interés nacional más primario y superior que existe, y cualquier reforma fiscal tiene que ser coherente y consecuente con este fin superior a todos los demás.

Siendo todo impuesto, por su naturaleza misma, una expropiación del ingreso del ciudadano, el gobierno tiene que por lo menos garantizarle al ciudadano, a cambio, que le protegerá su vida y su propiedad.

Cuando un gobierno no cumple con su obligación de suplir seguridad ciudadana interna e internacional a sus ciudadanos contribuyentes, pierde su razón de ser, así como la calidad moral y la autoridad moral para cobrar impuestos.

En la República Dominicana nunca antes en su historia se ha registrado tanta delincuencia entre sus ciudadanos, ni tanta delincuencia de parte de su gobierno contra los contribuyentes. Y es que si el gobierno, quien tiene la obligación y la autoridad para mantener el orden, no respeta a los ciudadanos y les roba, mucho menos podemos esperar que el gobierno pueda evitar la delincuencia entre sus ciudadanos.

Por estas razones y teniendo como norte el interés nacional de los ciudadanos dominicanos, opino que cualquier pacto fiscal respecto a los impuestos, los ingresos y los gastos públicos, debe empezar primero por atacar la corrupción frontalmente.

La primero que debe pactar el gobierno con los contribuyentes es suspender en funciones o despedir de su gabinete y su partido político, a las 10 personas más señaladas por la opinión pública como sospechosos de corrupción, e instruir a los organismos correspondientes, a abrirle investigaciones a cada uno de ellos, y colaborar plenamente en esas investigaciones. Lo segundo que debe hacer el gobierno es comprometerse con los contribuyentes a una reforma policial y judicial.

Hay que descentralizar geográficamente la policia y fortalecerla al nivel más local posible, empleando ciudadanos de las mismas localidades que conozcan a su gente y que gocen de la confianza de estos como para ser investidos con la autoridad para imponer el orden. Esos policías barriales o municipales deben de ser reclutados de entre una preselección de los propios ciudadanos de cada localidad, y los sueldos de estos policías deben ser pagados por los municipios. La policia a nivel nacional, como tal, debe ser reducida a una mínima burocracia encargada de servirles de apoyo a la red de policías locales para su eficaz funcionamiento. La Policia Nacional como existe ahora debe abolirse y transformarse en policia municipal y tener como función principal reducir la delincuencia y el crimen a su mínima expresión.

En cuanto a la reforma judicial, el gobierno debe pactar el someter al congreso una reforma constitucional para restaurar, como en otros momentos de nuestra historia, la pena de muerte como castigo máximo y obligatorio para ciertos tipos de criminales, mediante ejecución pública y televisada de esos criminales, a los 45 días de ser sentenciados de manera definitiva e irrevocable. Dicha reforma judicial deberá establecer la obligatoriedad de los jueces a sentenciar a la pena de muerte a los siguientes crimínales: a quienes asesinen o violen a menores de 18 años, a mayores de 70 años o a personas con impedimentos físicos y/o mentales para defenderse, así como a los grandes narcotraficantes y los grandes corruptos, como se definan en dicha reforma. A los demás asesinos, violadores, narcotraficantes y corruptos medianos se les daría una sola oportunidad para rehabilitarse y se les ejecutará solamente si reinciden y solo después de su sentencia definitiva e irrevocable.

Desde el punto de vista ético la pena de muerte es justa y moral, porque es la única pena justa para determinados crímenes que privan a otros de sus vidas. Es injusto que la sociedad tenga que respetarle derechos a criminales que no han respetado los derechos de los demás reiteradamente. El que en pleno uso de sus facultades no actúa como un ser humano y comete delitos graves, reiteradamente, ha roto de-facto su contrato social y debería saber que la sociedad no lo va a proteger, sino que se va a proteger de el y le va a negar el derecho a su vida como castigo por sus crímenes.

En cuanto a la seguridad nacional, su otra obligación primaria, el gobierno deberá comprometerse en el pacto, a abolir todas las Fuerzas Armadas, como han hecho muchos países, y parte de los gastos asignados a las FFAA deben destinarse a combatir la única verdadera enemiga de la república: la droga. En consecuencia, el gobierno debe fortalecer la DNCD para luchar más efectivamente contra las drogas ilícitas, exceptuando la marihuana, la cual debe decriminalizarse y su producción legalizarse pero solo dentro de los recintos y bases militares que las FFAA deberán pasar al control de la DNCD junto a todos sus demás activos, equipos y maquinarias. Dentro de estos recintos se le venderán o alquilarán espacios a agro empresarios privados para producir las plantas en viveros verticales que al sacarse del recinto para su distribucion y venta deberán pagar impuestos similares a los que pagan otras drogas ahora lícitas como el alcohol y los cigarrillos. La otra parte del presupuesto de las FFAA abolidas deberá invertirse por solo 1-2 años en mantener asalariados a una parte de los actuales miembros de las FFAA y entrenarlos para su inserción productiva en el mercado laboral. En la medida en que gradualmente estos sean insertados, el ahorro de su salario deberá destinarse a combatir a otra gran enemiga de la república: la ignorancia, en la forma de becas temporales y parciales para los mismos ex militares o sus hijos.

En cuanto a la educación pública, que emplea poco más del 25% de los empleados públicos, el gobierno debe comprometerse en el pacto a reducir drásticamente su burocracia y su cuerpo docente, descentralizando el sistema educativo, y transfiriéndole el 80% de su presupuesto directamente a unos 5,000 a 6,000 patronatos escolares que deberán integrarse en las escuelas por miembros de sus comunidades. El otro 20%, el gobierno deberá dedicarlo estrictamente al rediseño, aplicación, monitoreo y evaluación continua del sistema educativo y a su política de educación.

En cuanto a los impuestos y la presión tributaria, existe un mito. Es absoluta y totalmente falso que nuestra tasa de presión tributaria promedio de alrededor del 15% es baja; es más, para los que pagamos impuestos, la tasa de presión tributaria que pagamos es alta y abusiva, por la manera en que se aplican las diferentes tasas de impuestos a los diferentes tipos de contribuyentes.

El problema es que con la finalidad de justificar nuevos impuestos o aumentos de los existentes, los gobernantes de turno, no importa de qué partido sean, sacan el porcentaje que son las recaudaciones de impuestos con relación al Ingreso Nacional y a eso le mal llaman la tasa de la Presión Tributaria. Eso es solo un promedio, un número desvinculado de la realidad, que carece totalmente de significado porque no se le aplica a todo el mundo por igual.

Cuenta una leyenda europea que hubo un emperador que al llegar con su ejercito a un ancho río, mando a sus economistas a medir la profundidad del río para ver si sus hombres podrían cruzarlo. Los economistas midieron la profundidad en varios puntos del rio y sacaron un promedio de cuatro pies de profundidad. Siendo la altura promedio de los soldados unos cinco pies, el emperador les ordeno cruzar, solo para ver como al llegar al medio del rio, se ahogaban miles de sus soldados. La profundidad del rio era de cuatro pies en promedio, pero en el centro del río la profundidad era de unos diez pies.

Algo similar ocurre con la mal llamada Presión Tributaria; mientras la mayoría de la población no paga impuestos directos, los que si pagan, pagan mucho más del 15%. De hecho la minoría de ciudadanos y empresas que pagan impuestos están pagando por lo menos un 48% de sus ingresos en impuestos: 30% de Impuesto sobre la Renta + 18% de ITBIS) y muchos hasta un 75% de sus ingresos, cuando se toman en cuenta los impuestos incluidos en los precios de la electricidad, los combustibles, los servicios telefónicos y los costos de los sobornos, macuteo o ‘regalos’ con que hay que engrasar las manos de muchos supuestos servidores públicos para que le sirvan al público.

La reacción visceral de la mayoría de la gente ante la muerte y los impuestos es la misma: evadirlos. A nadie que haya trabajado duro por lo que tiene le gusta que el gobierno le confisque una porción de sus ingresos en forma de impuestos día tras día, año tras año. Si por lo menos la gente sintiera que esta recibiendo algunos bienes y servicios de parte del gobierno a cambio de sus impuestos, pagarlos se haría menos doloroso; pero en países como el nuestro, donde apenas se recibe algo a cambio de los impuestos que uno paga, la alternativa mas fácil es evadir los impuestos, o simplemente quedarse fuera del sistema, en la informalidad, como lo hace actualmente más del 57% de la población; y sigue creciendo.

La solución no es subir los impuestos, sino bajarlos y aplicarlos a una base mas amplia con menos presión tributaria. El caso de la Dirección General de Aduanas (DGA) durante 1996-2000 podría servirle de ejemplo hoy día a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para la reforma fiscal planeada para ser aplicada en el año 2017 y siguientes.

Qué pasó en aquel entonces? Durante los años 1996-2000? Que ante la imposibilidad del Poder Ejecutivo pasar una reforma arancelaria por el Congreso, la DGA redujo en un 30% los valores usados, administrativamente, estimulando un aumento de un 76% en las recaudaciones aduaneras; demostrando claramente que se pueden aumentar las recaudaciones de impuestos si éstos se reducen sustancialmente. En el periodo 1996-2000 la DGA estaba en donde está desde hace unos años la DGII, en una situación donde aumentar más los impuestos reduciría más aún las recaudaciones y reducir los impuestos aumentaría las recaudaciones.

Los ciudadanos podríamos pactar y comprometernos a no evadir tanto los impuestos si el pacto fiscal nos igualara las tasas de impuesto sobre la renta, los aranceles y el ITBIS al 10%, sin excepciones ni privilegios para absolutamente nadie; repito: para nadie, absolutamente nadie.

También sería conveniente incluir en el pacto una reforma constitucional que le prohiba al gobierno dominicano y a todas sus dependencias el endeudarse y endeudar a los ciudadanos y que le obligue a saldar, en el menor tiempo posible, la deuda pública vendiendo en publica subastas, nacionales e internacionales tierras y otros activos improductivos del gobierno dominicano, sus agencias y dependencias.

Podría pensarse en aplicar una Regla Fiscal, mediante la cual el gasto público de un año solo pueda aumentarse con el superávit del año anterior y que cuando exista un déficit, el gasto baje hasta lograr cero déficit.

En cuanto a una mejor redistribución de los ingresos, el gobierno debe comprometerse a diseñar y aplicar Ingreso Básico Universal para todos los dominicanos que califiquen con ciertos criterios.

La idea de que los gobiernos le paguen un ingreso básico a cada uno de sus nacionales esta ganando apoyo creciente entre muchos economistas y políticos en muchas partes del mundo. Es una idea cuyo tiempo parece haber llegado porque sirve un propósito humanista y además hace sentido económico, social y político. Es hora de debatir, concertar y hacer esta reforma en la República Dominicana.

El razonamiento económico a favor del Ingreso Básico es el siguiente: Dado que los costos de los planes sociales son más altos que los beneficios que reciben sus usuarios, es más eficiente transferirle dinero directamente a los usuarios y desmantelar la estructura burocrática que administra los planes sociales y que se queda con 4 a 5 veces más dinero que sus usuarios.

Desde el punto de vista social y político, al gobierno le convendría darle un Ingreso Básico a cada ciudadano y dejarlo que compre libremente los bienes y servicios que necesita, que seguir administrando sus planes sociales. El gobierno podría perder popularidad entre los 80-100 mil burócratas que actualmente administran esos planes sociales, pero ganaría inmensa popularidad entre los millones de dominicanos que podrían salir de la pobreza y/o mejorar su estándar de vida con esta reforma. Y ni hablar de los beneficios fiscales e informáticos de profundizar y ampliar a todos los niveles el Registro Nacional de Contribuyentes.

La eficiencia de un Impuesto Negativo sobre la Renta en la República Dominicana radicará en que utilizará el sistema ya establecido para mejorar la recaudación del Impuesto sobre la Renta y también para distribuir un Ingreso Básico entre los dominicanos que les garantice un ingreso mayor que el salario mínimo, tenga o no un empleo.

Todo el que quiera recibir el Ingreso Básico deberá inscribirse en el Registro Nacional de Contribuyentes y la Dirección General de Impuestos Internos deberá tratar a todos los contribuyentes de manera igualitaria, sin discriminar entre clases, y gravar todas las rentas personales con una sola tasa del 10% y no la escala que actualmente existe. Todos los contribuyentes recibirían la misma cantidad de fondos, digamos que 20 mil pesos mensuales, durante los 12 meses del año.

Los contribuyentes más pobres serán los más beneficiados de un Impuesto Negativo sobre la Renta por qué se quedarán con sus ingresos menores al Ingreso Básico y el gobierno le garantizará entre el 100% y el 10% del ingreso básico mensual de 20 mil pesos. Los contribuyentes más ricos nunca pagarán más del 10% de Impuesto sobre la Renta, lo que eliminará en gran medida los incentivos de evadir impuestos y la evasión fiscal. Y el Gobierno podrá mejorar enormemente su eficiencia operativa y sus recaudaciones de impuestos.

Los sistemas informáticos ya nos permiten manejar con facilidad el volumen de datos que esta reforma generaría. Un Impuesto Negativo sobre la Renta que le garantice un Ingreso Básico a cada contribuyente dominicano ayudará a revertir la desigualdad, enriquecerá a los pobres y reducirá la pobreza; estimulará la inclusión de muchos en una gran clase media y lo hará rápidamente. Podemos y debemos hacerlo, pues con esta reforma ganaremos todos.

Finalmente y no menos importante, debemos de comprometernos a tener una moneda sólida y estable. En estos momentos y ante el brote de inflación global y la competencia de devaluaciones que se esta iniciando en los países mas avanzados y siendo nosotros un país productor de Doré podríamos ir pensando en blindarnos contra el caos monetario mundial que se avecina y crear un nuevo Peso Oro Dominicano respaldado 100% por 1/1000 de una onza de Oro (como 1.50 Dólares por Un Nuevo Peso Oro Dominicano). La regla monetaria podría ser una meta de crecimiento monetario del 1% mensual, permanente.

Estas son mis ideas de algunos elementos para un pacto fiscal ético e integral.

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