SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La comisión especial conformada por el Poder Ejecutivo para indagar la adjudicación de las plantas a carbón de Punta Catalina se reúne por primera vez este lunes, en un contexto marcado por amplias expectativas y cuestionamientos hacia algunos de sus integrantes.
La comisión que encabeza monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social (CES), e integran personalidades de la sociedad civil, empresarios y exfuncionarios tiene por mandato investigar el proceso de licitación de la obra, que ganó en el 2013 el consorcio Odebrecht-Technimont-Estrella, por un monto de unos US$2,040 millones.
A raíz de su designación y de informaciones publicadas en los medios, Núñez Collado dio a conocer la semana pasada su renuncia como miembro del Consejo de Administración de la empresa Acero Estrella, contraparte local del citado consorcio.
Otro punto objeto de controversia ha sido la presencia en la comisión del empresario y ex titular de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE), Celso Marranzini, cuya participación fue cuestionada por la organización Participación Ciudadana.
En una carta que hizo pública, Marranzini se defendió alegando que durante su gestión en la CDEEE no se suscribieron ni tuvo conocimiento alguno de contratos con la constructora brasileña.
Odebrecht está involucrada en una serie de escándalos por presuntamente haber pagado sobornos en doce países de la región, lo que salió a la luz pública a raíz de una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
En la República Dominicana, la compañía ha admitido que pagó la suma de 92 millones de dólares para agenciarse la concesión de obras de infraestructura.
De acuerdo con la Procuraduría de la República, el gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, señaló en un interrogatorio al empresario y representante local de la firma, Ángel Rondón, como la persona que habría recibido esta suma de dinero destinada supuestamente a funcionarios aún no identificados.
La Comisión mediante el decreto 6-17 la integran además el reverendo Jorge Alberto Reynoso Cabrera; el presidente del Conep, Pedro Brache; el empresario José Luis Corripio; Gabriel del Río Doñé, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC); los exvicepresidentes de la CDEEE, Celso Maranzini y César Sánchez; el economista Jaime Aristy Escuder; Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), y Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios.
Según el decreto, “la comisión tendrá plena potestad para investigar a todos los funcionarios que desee investigar”, así como a los representantes de las firmas profesionales que asistieron a la CDEEE en el proceso de licitación y adjudicación de la central energética, sin interferir con el proceso investigativo que lleva a cabo el Ministerio Público.
Asimismo, deberá rendir un informe “a la mayor brevedad posible sobre los resultados de su investigación y poner a disposición del Ministerio Público cualquier información relevante que pudiese obtener que comprometa la responsabilidad penal de cualquier funcionario o persona particular”.
