Convierten en ley Nuevo Código Penal castiga el aborto; aumentan a 40 años la pena máxima

SANTO DOMINGO.- El Senado de la República convirtió en Ley este miércoles el proyecto que crea el nuevo Código Penal, que aumenta la pena máxima de 30 a 40 años y castiga de tres a 10 años de prisión el aborto, entre otras reglamentaciones.

Por la iniciativa votaron 19 senadores a favor y solo Julio César Valentín no votó por el Código.

El proyecto sancionado por el Senado había sido aprobado por la Cámara de Diputados en dos lecturas consecutivas el pasado 19 de julio del presente año.

El Código  trae como modalidad la figura de acumulación de penas hasta los 60 años de prisión y penaliza la ocupación de tierras.

El mismo contempla penas de 20 y 30 años para las personas que incurran en secuestros y castiga con hasta 10 años a los adultos que incurran en inducir a menores a delinquir.

Impone penas de hasta tres años a las personas que incurran en el aborto e  incluye a las personas que lo causen incluyendo al médico, enfermera, partera, cirujano, farmacéutico u otro profesional que ayude a causar el mismo el cual le sería impuesta una pena de hasta 10 años.

Establece que los condenados por crímenes de lesa humanidad no podrán ser beneficiados por indultos.

Enfatiza las acciones que se realizan contra la administración pública y presenta como nueva modalidad la penalización del terrorismo y lo tipifica como un crimen contra el Estado.

La pieza tenía doce años en el Congreso Nacional, tras ser sometida por el Poder Ejecutivo, que designó una comisión especial de juristas para introducirle los cambios y adecuarlo a los nuevos tiempos, el mismo fue ampliamente debatido por los legisladores.

El nuevo Código Penal contempla en el artículo 113 que las agresiones sexuales diferentes a la violación y al incesto que causen la muerte a la víctima, se sancionará con penas de 20  a 30 años de prisión mayor o multa de 30 a 40 salarios.

Se recuerda que en noviembre de 2014 el presidente Danilo Medina observó los artículos referentes al aborto, en el Código Penal, para que los legisladores especifiquen las excepciones que deben prevalecer en caso de penalizar la interrupción del embarazo.