La investigadora, socióloga y politóloga Jacqueline Jiménez Polanco ha escrito en esta semana, en el periódico hoy, una serie de artículos que ha titulado, “Corrupción política en la República Dominicana y la entronización del partido cartel”, en la que hace un análisis socio-económico-político pormenorizado sustentando la tesis de que el actual partido gobernante, en alianzas con otros partidos otrora mayoritarios como el PRSC y el PRD, y otros partidos minoritarios, así con los grupos del poder económico, funciona como un cartel cuya práctica está fundamentada en la corrupción, en el desfalco de los bienes públicos y en la impunidad.
Los escritos de J. Jiménez Polanco han provocado diversas reacciones en la sociedad dominicana; unas voces valoran el análisis hecho; otros, incluidos los líderes partidarios Lidio Cadet y Reinaldo Pared Pérez, negaron la veracidad de las declaraciones de la investigadora y politóloga.
(1)
En la actualidad, la República Dominicana padece una crisis institucional caracterizada por la existencia de altos niveles de corrupción en todos los estratos de la vida pública. No existe un recodo del engranaje político que no esté impregnado por el flagelo de la corrupción.
Y, precisamente, son los líderes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), autodefinido en su fundación por Juan Bosch en 1973 como un partido serio, los que entronizan las acciones más perversas de apoderamiento impune del erario público, de cara a una sociedad que observa con horror cómo la miseria se entronca en el pueblo mientras una minoría en el poder se enriquece impúdicamente generando millares de multimillonarios.
En los índices de percepción de la corrupción que publica anualmente Transparencia Internacional, en el 2015 la República Dominicana recibió 33 puntos sobre 100 en transparencia y combate a la corrupción, quedando en la posición 103 de 168 países evaluados y entre los últimos 10 de los 34 países del continente.
Los resultados de la encuesta Gallup-HOY de febrero de 2016 indican que un 80% de la población entiende que hay corrupción, de los cuales el 45.7% considera que hay más corrupción que antes y el 34.4% considera que la corrupción es igual que antes; un 32% de los simpatizantes del oficialista PLD indican que hay más corrupción que antes y el 62.7% de los jóvenes considera que la corrupción aumenta con el paso del tiempo (Díaz, 2016).
Economía y pobreza. Mientras la corrupción crece, la situación socioeconómica del país se torna crítica: al rápido crecimiento macroeconómico se suman altos niveles de pobreza.
La República Dominicana es un país con una economía en crecimiento que no logra disminuir los niveles de pobreza fruto de varios factores: la falta de creación de empleos, los bajos salarios, la concentración de la actividad productiva en la capital, el derroche público y el gasto corriente en base al populismo, el clientelismo y actos impunes de corrupción.
Según informaciones del Banco Central, en el 2014 la tasa de crecimiento económico era de 5.4% frente al promedio regional latinoamericano de 2.7% y el PIB era de 7.5%, uno de los más altos de América Latina.
Sin embargo, los datos de la CEPAL indican tasas de pobreza del 40.7% y de indigencia del 20.2%, superando el promedio latinoamericano del 28.1% de pobreza y el 11.7% de indigencia.
El 26% de los jóvenes dominicanos ni estudian ni trabajan (Díaz, 2015). Los niveles salariales son extremadamente bajos. Casi tres quintas partes de los hogares dominicanos tienen ingresos mensuales inferiores a los RD$18,000 (US$391), mientras el costo de la canasta familiar se estima en RD$36,697 (US$797.00) en la capital y RD$27,887 (US$606.00) en el resto del país.
El 45% de los asalariados y el 85% de los pensionados perciben el salario mínimo de RD$5,117 mensuales (US$111.00).
Las principales fuentes de inversión en el país son las finanzas, la minería, el turismo y las construcciones. Existe, sin embargo, una concentración de la actividad productiva en la capital, Santo Domingo donde vive la tercera parte de la población, lo cual impide el desarrollo de las demás localidades del país.
El crecimiento macroeconómico se sustenta en un desproporcionado endeudamiento estatal dirigido al derroche y al gasto corriente que consume el 85% de los empréstitos. La deuda actual es de unos US$34,000,000,000, lo que implica que al momento de nacer cada dominicano debe US$3,000.
La corrupción y el PLD. Si bien la corrupción ha sido una constante en el devenir histórico de la política dominicana (Jiménez Polanco, 1999), las características corporativas del accionar público actual hacen de la corrupción un sistema de múltiples aristas con raíces difíciles de desentrañar.
El PLD ha moldeado un entramado burocrático férreo con amarres firmes en el Gobierno en base a una repartición constante de incentivos selectivos y colectivos entre sus miembros y simpatizantes, y arreglos coyunturales con la oposición mediante el soborno y la prevaricación.
Eso permite a sus jerarcas controlar las instituciones del Estado y dilapidar impunemente el erario público. Al reparto del botín público por las vías administrativas mediante el trasvase de exorbitantes sumas de dinero de una institución a otra, se une la garantía del cambio de mando en el momento en que se producen las críticas sociales y los escándalos mediáticos.
Esto es posible en un sistema político de baja estructuración programática, con vías para la cooperación formal e informal más allá del momento electoral.
Las complicidades. En la literatura actual sobre el sistema político dominicano y las estrategias de cooperación en un sistema político de baja estructuración programática, Sánchez Benito da cuenta de cómo los pactos, las alianzas electorales y las experiencias transfuguistas están directamente relacionadas con una política clientelar, en la que la competitividad en condiciones de oligopolio controlado por una sola alternativa de Gobierno, liderada por el PLD, posee el dominio de la asignación de los recursos públicos.
En la República Dominicana los pactos constituyen un tipo de cooperación estratégica particularista que se circunscribe a los protagonistas y sus correligionarios y cuyos beneficios tienen una naturaleza privada o de club.
“El control de los recursos del Estado evidencia una vocación particularista incentivada por el mantenimiento del statu quo, la supervivencia institucional”, el freno de la representación de otras fuerzas políticas y su acceso al patronazgo.
Por tanto, “contrario a su concepción como el instrumento utilizado para sortear el inmovilismo institucional y promover medidas sociales, económicas y políticas que profundicen los resultados democráticos”, los pactos entre caballeros tipo cartel “velan un agravio corporativo”.
Las alianzas, por su parte, tienen un cariz más personal que programático. En lugar de tener como objetivo consensuar agendas programáticas que se conviertan en política pública, se acompañan de “objetivos o beneficios de club” como mecanismo de acceso de los partidos y candidatos a las redes de patronazgo de las instituciones, conllevando la pérdida de identidad de los partidos minoritarios aliados y la cesión del botín por parte del partido oficialista.
El transfuguismo o la migración de representantes de un partido a otro distinto a aquel en cuyas listas fueron elegidos se produce antes de que se cumpla el mandato electoral y supone, por tanto, “una estafa a la voluntad popular expresada en las urnas”, menoscabando la confianza de los ciudadanos en la clase política. Utilizado como instrumento para el realineamiento del sistema de partidos, el transfuguismo produce escisiones partidistas (Sánchez Benito 2015: 90-93, 100).
(II)
Al tratar de encontrar un modelo de partidos que me permita definir las características de la praxis política encarnada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su relación con la corrupción, la literatura politológica me ofrece la interpretación que hacen Katz y Mair sobre el partido cartel (Katz y Mair, 1995, 1996, 2002, 2004, 2009), caracterizado por la interpenetración entre el partido y el Estado y un patrón de colusión interpartidista.
Se trata de un tipo de partidos característico de los países en los que abundan la ayuda estatal y el apoyo a los partidos, y en los que fenómenos como el clientelismo, lottizazione y control partidista son frecuentes.
La tradición de cooperación interpartidista se combina con la amplia presencia de apoyo estatal a los partidos y una posición privilegiada de los partidos en lo referente a nombramientos o puestos clientelares.
Con el advenimiento del partido cartel, los fines de la política se hacen más autoreferenciales que en el modelo de partido catch-all (atrápalo todo, escoba) de Kirchheimer, o el profesional-electoral de Panebianco (Kirchheimer, 1996; Panebianco, 1990).
La política deviene una profesión en sí misma, pero cualificada y en la que la limitada competición partidista se basa en la lucha por convencer al electorado de que el partido en cuestión es la opción que garantiza mejor una gestión más efectiva y eficiente.
El modelo de partido cartel se caracteriza por la inclusión sociopolítica mediante el sufragio universal, una distribución de los recursos políticos relativamente difusa, la visión de la política como profesión como principal objetivo de la política, las habilidades de gestión y eficiencia como base de la competición partidista, un modelo de competición electoral contenido y manejado, el uso intensivo de capital en el trabajo de partido y de campaña, las subvenciones estatales como fuente principal de recursos, la estratarquía o autonomía mutua en las relaciones entre afiliados y la élite del partido, la falta de importancia de la militancia que desdibuja la distinción entre miembros y no miembros con énfasis en los miembros como individuos y no como grupo organizado y la valoración de la membresía por su contribución al mito legitimador, el acceso privilegiado del partido a los medios de comunicación regulados por el Estado, y en la posición del partido entre la sociedad civil y el Estado el partido forma parte del Estado y el estilo de representación del partido es de agente del Estado.
El partido cartel en AL. El modelo de partido cartel, propuesto por Katz y Mair por primera vez en Europa a principios de la década de los noventa, encontró asidero en América Latina en dicha década y en el 2000 mediante el análisis de los procesos de consolidación democrática (Alcántara Sáez, 2004; Floriano Ribeiro, 2013; Rodríguez, 2010).
Según plantea Alcántara Sáez (2004: 28), a diferencia de lo que sucedía en América Latina durante la preponderancia de los modelos de partidos de cuadros, partidos de masa y partidos atrápalo todo en los que predominaba la idea de alternancia en el poder por la que unos partidos quedaban “dentro” y otros quedaban “fuera”, en el modelo de partido cartel, ninguno de los partidos que integran el cartel quedan fuera, lo que produce la sensación de que los gobernantes controlan a los gobernados y no al revés.
Parafraseando a Mair Mair (1997: 115), Alcántara (2004: 28) plantea que en los sistemas cartelizados la democracia se convierte “en un medio para alcanzar la estabilidad social más que el cambio social”.
La democracia “cesa de ser un proceso por el cual se imponen limitaciones o controles en el Estado por la sociedad civil y en su lugar llega a ser un servicio provisto por el Estado para la sociedad civil”.
En ese contexto, “las elecciones son un ritual pacífico para renovar el liderazgo político en el que el Estado se preocupa de su provisión así como de la de los partidos intervinientes”.
Siguiendo el modelo de Katz y Mair (2009) y de Detterbeck (2005), Floriano Ribero analiza el partido cartel en Brasil y describe como sistema cartelizado aquel “en el que los principales partidos, de gobierno y de oposición, cooperan con alguna frecuencia (de manera velada o explícita) para asegurar su posición dominante y su acceso privilegiado a recursos estatales, decisivos para la supervivencia de todos y que minimizan los costos de derrotas electorales”.
Relación de poder. La dependencia de los recursos estatales altera la correlación interna de poder a favor de la “cara pública” del partido integrada por los ocupantes de cargos públicos, quienes pasan a dominar los órganos partidistas. Se trata de un liderazgo partidista que refuerza su posición dominante mediante estrategias de concentración de poder en el interior del partido, perjudicando las bases.
La mayor autonomía del liderazgo facilita la flexibilidad y pragmatismo necesarios para la actuación concertada con otros partidos, refuerza la posición del partido en el sistema y aumenta su dependencia de los recursos estatales, así como, la fuerza del liderazgo en el plano interno.
La cartelización es impulsada por la reducción de las distancias ideológicas entre los principales partidos que facilita las estrategias de colusión, así como, por la tradición de políticas de acomodación, negociación y arreglos institucionales consociativos. Por otra parte, en el plano institucional, el sistema electoral y el sistema de partidos afectan la visión de las élites políticas sobre los lazos establecidos entre partidos y electores: mientras más grande sea la percepción de vulnerabilidad de los vínculos sociales, mayor será la propensión a un giro hacia el Estado.
Asimismo, las instituciones vigentes afectan la capacidad (y la necesidad) que tienen los partidos para manejar las reglas con finalidades típicas de los carteles: aumentar su acceso a los recursos estatales y poner (o reforzar) barreras a la entrada y al desarrollo de nuevos competidores.
Finalmente, debe tomarse en consideración la permeabilidad de las instituciones burocráticas y estatales a la influencia de los partidos: si el patronazgo partidista tiene amplio espacio para desarrollarse, están dadas las condiciones para la formación de partidocracias y carteles.
Un poder judicial independiente y activo (sobre todo las cortes supremas) puede representar un freno al desarrollo de estrategias de cartelización, así como la actuación agresiva de los medios de comunicación, ya que pueden inducir el desgaste público y la pérdida de legitimación de las principales fuerzas políticas, lo cual puede dar paso a nuevos competidores y partidos antisistema.
Apoyado en el modelo de Katz y Mair (1995), Sánchez analiza el partido cartel en México y sostiene que la característica del partido cartel es que “se ha trasladado de la sociedad civil a la sociedad política, al interior de las entrañas del Estado, desde donde se hace cómplice con las otras organizaciones, con otros partidos incluidos en el régimen (de ahí lo de cartel) desde donde opera con recursos del Estado y siendo parte de él”.
Añade que, “al encontrarse en las estructuras del Estado, los partidos cartel cuentan y viven del financiamiento público”, y ejercen “el monopolio de la representatividad política por ser los únicos que tienen la facultad para convertir la voluntad general en ley”.
El interés y defensa de la clase social a la que se debían los partidos cuando predominaban los modelos de partido de cuadros y de masas quedó atrás. En tanto heredero del partido catch-all o atrápalo todo, la lógica del partido cartel es la obtención de votos que le permite estar dentro de la estructura estatal y compartir sus mieles con otros partidos.
El partido cartel actúa como agencia estatal y con su entronización los partidos dejaron de ser intermediarios entre la sociedad civil y el Estado para convertirse en representantes del Estado.
(III)
En la República Dominicana la interpenetración entre el partido y el Estado ha sido el producto de gobiernos del PLD de larga data mediante un proceso en el que las reformas institucionales se han entrelazado con el clientelismo durante el primer gobierno de Leonel Fernández (1996-2000), sus retornos en el 2004-2008 y 2008-2012, el gobierno de Danilo Medina en el 2012-2016 y su reelección en el 2016 hasta el 2020.
Ello ha permitido al PLD modelar una simbiosis cada vez más estrecha entre el partido y el Estado, creando las condiciones para la entronización del PLD como un partido cartel, uno de cuyas principales estrategias ha sido la alianza con partidos minoritarios para lograr el triunfo electoral y la colusión inter-partidista con líderes de la oposición para destruir la oposición mayoritaria y conseguir el control total de los órganos del Estado.
Uno de los principales logros del PLD fue la destrucción de la oposición mayoritaria del país representada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), lo que, coadyuvado por la progresiva atomización del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) tras la desaparición de su líder Balaguer, le ha permitido entronizarse como el partido dominante y llevar a cabo alianzas coyunturales con los ahora minúsculos PRD y PRSC.
La destrucción del PRD se produjo a raíz del denominado “pacto de las corbatas azules”, conocido como el “pacto por la impunidad”, entre Leonel Fernández y el entonces candidato a la presidencia del PRD Miguel Vargas, en el cual, Vargas apoyó la reforma constitucional del 2010 a cambio del apoyo de Fernández a la elección presidencial de Vargas en el 2012 (Jiménez Polanco (2010: 491). Vargas tuvo como contrapartida suntuosos beneficios en el sector de la construcción y puestos gubernamentales y Fernández logró la desarticulación y división del PRD y el control por su grupo en el PLD de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Municipal.
Dicho acuerdo fue hecho a espaldas de los demás integrantes de la cúpula del PRD incluyendo el principal contendor de Vargas el expresidente Hipólito Mejía y detonó una crisis intra-partidista que, con el apoyo de un Tribunal Superior Electoral controlado por Fernández y el PLD, terminó con la división del PRD y el surgimiento del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pasando el PRD a convertirse en un partido minoritario aliado al PLD una vez minimizado su poder tras la faccionalización.
En el caso del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), la alianza entre Balaguer (PRSC) y Bosch (PLD) en 1996 permitió el ascenso al poder del candidato del PLD Leonel Fernández colocando al PRSC en condición de trampolín electoral a cambio de posiciones en el Estado.
La insatisfacción de los reformistas con los peledeístas por lo que los primeros consideraron un intercambio desigual en la repartición de los puestos de gobierno y que llevó a Balaguer a llamar “come solos” a los últimos, determinó la ruptura de la alianza entre el PRSC y el PLD y la formación de la “alianza rosada” del PRSC con el PRD en las congresionales y municipales del 2006.
Tras el fracaso electoral de la alianza rosada se produjo un progresivo proceso de minimización del PRSC que lo ha llevado a hacer acuerdos con el mejor postor, llámese el PLD, PRD o PRM.
A raíz de entonces, el PLD ha obtenido el triunfo electoral en las elecciones presidenciales dominicanas con más del 50% de los votos en la primera vuelta mediante un patrón de colusión inter-partidista materializado a través de las alianzas con partidos minoritarios.
Como se observa en la Tabla 1, en las presidenciales del 2004 el PLD obtuvo el 49.02% de los votos y sus aliados le aportaron 8.9% para un total de 57.92%. En las presidenciales del 2008 el PLD obtuvo el 44.94% de los votos y las alianzas le aportaron 8.9% para un total de 53.84% de los votos. En las presidenciales del 2012 el PLD obtuvo el 37.52% de los votos y las alianzas le aportaron 13.77% de los votos para un total de 51.29% (Aquino, 2016). En las elecciones generales del 2016 el PLD obtuvo el 50.22% de los votos y las alianzas interpartidistas le proporcionaron 11.52% para un total de 61.74%. (2)
Una de las características del modelo de partido cartel es el blindaje electoral fraudulento. En todos los procesos electorales dominicanos han mediado la compra de votos y de cédulas de identidad y electoral, el control de los medios de comunicación por el partido gobernante, ineficacia en la administración de las elecciones por la Junta Central Electoral y una alta proporción de votantes cautivos que mantienen una relación económica directa y continua con el Estado a través de la nómina pública o de subvenciones y se ven compelidos o forzados a votar por los candidatos del partido oficial.
El aumento de la nómina pública en el último decenio da muestra del exorbitante gasto del Estado en este sector: 11.9% en el 2002-2006 y 46.7% en el 2008-2015.
Una muestra paradigmática del cuantioso gasto del Estado en el mantenimiento de una nómina pública supernumeraria y una alta tasa de subvenciones se observó en las elecciones del 2016, en las que 1,549,106 de los electores figuraban como empleados del Estado o receptores del Programa de Solidaridad, lo que representa 22.9% del padrón electoral. La cantidad de personas que perciben beneficios económicos del Estado pasó de 7.7% en el 2004 a 11.6% en el 2006, 20.9% en el 2008, 21.5% en el 2010, 20.9% en el 2012 y 22.9% en el 2016 (Caravallo y Ruiz, 2016: 04).
Otra de las características del modelo cartel es que las campañas son casi exclusivamente intensivas en capital, profesionalizadas y centralizadas, y se apoyan en la obtención de recursos provenientes del Estado, como subvenciones y otras ayudas. En el proceso electoral dominicano predomina el alto costo del mismo cubierto por la inversión del Estado mediante una política populista y clientelar en la que predomina la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos sin que haya consecuencias (Soto (2016: 8). Según declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), en una campaña presidencial se generan gastos entre RD$1,000,000,000 (US$21, 739,130) y RD$1,500,000,000 (US$32,608,695), y en un cierre de mitin de campaña más de RD$200,000,000 (US$4,347,826) (Campos, 2016:16). En las elecciones generales del 2016 el gasto electoral produjo un aumento del déficit fiscal tanto en gasto corriente como en gasto fiscal equivalente a RD$34, 800,000,000 (US$756,521,739) en el primer cuatrimestre del año. El gasto corriente incluyó el pago de nominillas y el denominado personal transitorio en instituciones tales como la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Industria y Comercio. El gasto de capital se disparó debido a la premura del gobierno en concluir obras o ponerlas en situación de ser inauguradas en campaña e iniciar otras obras de gran demanda, sobre todo en infraestructura terrestre. Solamente el sector de asfaltado pasó de un gasto de RD$2,949,000,000 (US$64,108,695) en el primer cuatrimestre del 2015 a RD$9,241,000,000 (US$200,891,304) en el mismo período en el 2016, con un incremento superior a 200% que implicó un gasto de RD$77,000,000 (US$1,673,913) diarios (Participación Ciudadana, 2016).
Cartelización por el PLD y corrupción administrativa. En el modelo de partido cartel el Estado es invadido por los partidos y las reglas que lo rigen son determinadas por los partidos, deviniendo el Estado en una fuente de recursos mediante la cual los partidos no sólo pueden asegurar su propia supervivencia, sino que también el Estado es un instrumento mediante el cual los partidos pueden reforzar su capacidad de resistencia ante los retos que surgen de alternativas de movilización.
La desaparición de la oposición mayoritaria del PRD y el PRSC ha permitido al PLD sostener la cartelización de la política mediante colusiones inter-partidarias a través de acuerdos electorales y arreglos coyunturales entre la presidencia y representantes de los partidos en los principales órganos del Estado: congreso, judicatura y tribunales electoral y constitucional mediante el soborno y la prevaricación.
La interpenetración entre el PLD y el Estado y la conversión de éste en un instrumento del partido ha entronizado la impunidad de importantes casos de corrupción en diferentes áreas de la administración pública, algunos de los cuales se describen a continuación.
Caso Héctor Valdez Albizu. La prensa local se ha hecho eco de una investigación realizada por el noticiero Telemicro, según la cual, el 15 de agosto del 2014 el Gobernador del Banco Central (BC), Héctor Valdez Albizu, y sus más cercanos colaboradores se liquidaron por sus prestaciones laborales con la suma de RD$500,000,000 (US$10,869,565.2), ante la posibilidad de ser relevados de sus cargos, momentos en que se daba como un hecho la promulgación de la Ley de Regulación Salarial.
De dicha extravagante suma, el más alto ejecutivo bancario se asignó RD$60,000,000 (US$1,304,347.83) y el resto lo dividió entre sus subalternos. Esta autoliquidación fue aprobada por el Comité de Pensiones del Banco Central, algunos de cuyos miembros eran los mismos que se habían auto liquidado, y por la Junta Monetaria, cuyos nombramientos habían sido ratificados casi en su totalidad por el Poder Ejecutivo.
La autoliquidación de los funcionarios del BC no constituye, sin embargo, un hecho novedoso, ya que, antes de ser removidos de sus cargos tras el ascenso del PRD en el año 2000, estos mismos funcionarios se pensionaron y liquidaron dolosamente y regresaron a ocupar sus puestos tras el retorno del PLD en el 2004 (Abel, 2015). No se ha producido persecución judicial alguna contra Valdez Albizu.
Caso Carlos Amarante Baret y José Aníbal Sanz Jiminián. En un informe de auditoría financiera a la Dirección General de Migración durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008, la Cámara de Cuentas (cuyos miembros son nombrados por el Senado controlado por el PLD) detectó irregularidades y dispendios de fondos durante las administraciones de los peledeístas Carlos Amarante Baret y el general José Aníbal Sanz Jiminián.
El informe revela que dichos funcionarios evadieron la entrega de RD$226,600,000 (US$4,913,043.48) a la cuenta del Tesoro Nacional. En la investigación se detectó que en la gestión de Carlos Amarante Baret se expidieron cheques por RD$104,000,000 (US$2,260,869.57) por concepto de compras de materiales de construcción a nombre de personas que supuestamente recibieron esos insumos en calidad de donación, sin que las autoridades de Migración pudieran presentar pruebas documentales de la entrega de dichos cheques.
De igual forma, la Cámara de Cuentas informa del uso de RD$188,100,000 (US$4,089,130.43) en pago de nóminas duplicadas para beneficiar funcionarios de Migración y de otras instituciones del Estado mediante la duplicidad de cargos y de trabajo pagado y no realizado (las llamadas botellas).
Los recursos asignados por la Tesorería Nacional a la Dirección General de Migración no fueron asentados en los estados financieros del sistema de contabilidad de la entidad, sino en un informe interno de contabilidad paralela. Solamente en gastos de representación, estos funcionarios se adjudicaron la suma de RD$1,400,000 (US$30,454.78) que fueron utilizados en la compra de cosméticos y regalos (Olivo Peña, 2012).
A pesar su dolosa actividad administrativa, estos funcionarios no fueron sometidos a acciones judiciales. De manera impune fueron relevados de sus cargos y nombrados en el manejo de otras entidades públicas a las que se fueron acompañados de sus más cercanos colaboradores.
Sanz Jiminián pasó a dirigir la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) y Amarante Baret fue nombrado director del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL). Amarante Baret, quien es un integrante del Comité Político del PLD y persona de confianza del Presidente Medina, ocupa en la actualidad la cartera del Ministerio de Educación, en donde se han suscitado denuncias por parte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) que pidió su interpelación a la Cámara de Diputados por escándalos de corrupción relacionados con modificaciones del presupuesto sin cumplir con los procesos establecidos, actos de extorsión ocurridos en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) con los fondos destinados a la construcción de edificaciones escolares, sobre-evaluaciones y mala calidad de la construcción de las escuelas, irregularidades en la adquisición de textos escolares y en los fondos dedicados a publicidad, y manejo inadecuado del Programa de Alimentación Escolar con casos de intoxicaciones recurrentes de alumnos y maestros (Moreno, 2015).
Con mayoría absoluta en el Congreso y control del sistema judicial, el gobernante liderazgo del PLD maneja a su antojo el engranaje institucional quedando impunes rampantes escándalos de corrupción en los que están implicados sus funcionarios.
Caso Félix Bautista. Otro de los casos más estridentes es el del Senador Félix Bautista, Secretario de Organización del PLD y miembro de su Comité Político, quien fuera acusado de corrupción y lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad de escritura pública y privada en el manejo de RD$26,000,000,000 (US$565,217,391) en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) bajo su dirección.
La acusación a Bautista fue hecha por el opositor PRD, organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el Colegio de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA), y algunos medios. Hay denuncias de que la OISOE funciona como una red de extorsión en la asignación y cubicación de obras, e integrantes de la sociedad civil han realizado sucesivos actos de protesta pidiendo su cierre (“Cadena Humana por el Cierre de la OISOE”) (Participación Ciudadana, 2016b).
La OISOE es una entelequia institucional fundada por Balaguer en 1986 que opera como una duplicidad del Ministerio de Obras Públicas con recursos del presupuesto de la presidencia con el fin de facilitar la repartición de obras públicas a aliados y allegados del presidente de turno (Álvarez Valdez, 2015).
Luego de que el expediente contra el Senador Félix Bautista fuera elaborado por la Procuraduría General de Persecución de la Corrupción Administrativa y sustentado por el Procurador General Francisco Domínguez Brito, el propio Procurador (quien es un integrante del Comité Político del PLD) decidió no llevar el proceso hasta las últimas consecuencias negándose a incoar un recurso de casación contra el auto de “no ha lugar” dictado por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la cual, es controlada por los aliados del ex-mandatario y presidente del PLD, Leonel Fernández.
La decisión del Procurador Domínguez Brito de abandonar el proceso contra el Senador Félix Bautista fue su contrapartida a los incentivos que le ofreciera el Presidente Danilo Medina para que lo apoyara en el seno del Comité Político del PLD en las negociaciones de su proyecto de reforma constitucional reeleccionista que incluyó la repostulación de Medina en el 2016 y la de todos los diputados y senadores y la mayoría de los alcaldes del PLD, en cuyo pacto jugó un papel protagónico el Senador Félix Bautista, amigo personal y testaferro del presidente del PLD Leonel Fernández (a quien en la cocina política le denominan “la alcancía de Leonel”), bajo cuyos mandatos presidenciales inició su flamante fortuna Bautista en base a la dilapidación de los recursos de la OISOE.
Fernández se opuso a la reelección de Medina dada su decisión de presentarse nuevamente como candidato en las elecciones del 2016, plan que venía cuajando desde el 2010 mediante su alianza con Miguel Vargas del PRD.
De igual manera, Fernández realizó acuerdos con integrantes de su partido y de la oposición en el Congreso y convocó al Comité Central del PLD para que lo seleccionara como aspirante a la presidencia.
En la cocina política dominicana se argumenta que fue el propio Félix Bautista quien convenció a Fernández de desistir de su proyecto de retorno con el fin de conseguir que el Procurador Brito (aliado del Presidente Medina y Procurador durante el gobierno de Fernández) abandonara la persecución en su contra, dadas las implicaciones de Fernández por ser el verdadero propietario de la fortuna de Bautista (cuyas empresas financian la Fundación Global de Fernández) y por el galopante desmedro de su imagen en el plano local e internacional tras las acusaciones del narcotraficante Quirino Ernesto Castillo en el lavado de narcodólares, lo cual detonó una caída estrepitosa de los niveles de popularidad de Fernández en el electorado y la decisión de los demás integrantes de la cúpula del PLD de proteger su predio electoral apoyando la repostulación de Danilo Medina a la presidencia.
El pactado acuerdo reeleccionista estuvo acompañado de la decisión de los 35 miembros del Comité Político de prolongar su mandato en la máxima dirección del partido hasta el año 2020, violando las propias reglas estatutarias del partido (Díaz, 2015b), al margen del Comité Central y de las bases. (3)
En lo que se percibió como una escaramuza política del PLD para mostrar al país y al Embajador de los Estados Unidos una imagen pulcra de la cúpula del partido, el Procurador ratificó el expediente de Bautista, calificándolo inicialmente como “uno de los actos de corrupción más grandes de los últimos años”, para luego argumentar que no recurría en casación la decisión de la primera instancia porque la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no le merecía confianza ya que “la mayoría de los jueces se pronunciaron y asumieron una posición a favor de los imputados” (Díaz, 2015c).
Paralelamente, el Procurador desvió la atención del escandaloso caso de Félix Bautista y desdijo su pronunciamiento contra la SCJ mediante un llamado a los jueces del alto tribunal a que actuaran en su sometimiento a juicio a seis jueces a los que acusó de reunirse en lugares de diversión y casas de individuos de “dudosa reputación”, dictar sentencias en favor de narcotraficantes con operaciones de decenas de millones de dólares, invertir en la promoción de jueces, dejar en libertad un regidor procesado por sicariato y ordenar devolver 20 millones de dólares al narcotraficante procesado Arturo del Tiempo.
Estas acusaciones y sometimientos judiciales integran una larga lista de denuncias de casos que quedan impunes y que involucran, entre otros, a oficiales militares y policiales en operaciones de narcotráfico.
Préstamo clandestino entre OISOE y Sun Land. No era ésta la primera vez que Félix Bautista era sometido a la justicia quedando impune gracias a los dictámenes de la alta corte controlada por el PLD. En el 2007 Bautista fue acusado de haber firmado en el 2006 un contrato de préstamo clandestino por la suma de US$130,000,000 entre la OISOE y la empresa Sun Land Corporation que el incumbente Leonel Fernández le autorizara contra entrega de 19 pagarés del gobierno dominicano, violando los requisitos legales de previa aprobación del préstamo por el Congreso Nacional y depósito de los fondos en el Banco Central.
La demanda, incoada en el 2007 por el opositor PRD y la ONG Foro Social contra el gobierno de Fernández por la firma dolosa de dicho empréstito, fue rechazada en el 2008 mediante sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad contra el contrato de la Sun Land sin conocer el fondo del asunto e indicando que, si bien el Poder Ejecutivo se equivocó al firmar el contrato de préstamo con la Sun Land, sólo los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados podrían interponer una demanda (Olivo Peña, 2011).
Prevaricación, estafa y lavado de activos. En octubre de 2013, Felix Bautista, el expresidente Leonel Fernández y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa fueron implicados en cargos de prevaricación, estafa, lavado de activos y abuso de confianza por querella formal del Partido Alianza País (Alpaís).
Una serie de denuncias que se ventilaron en el 2012 vinculan a Díaz Rúa con supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras del Corredor Duarte, la Autovía del Coral, la carretera Bávaro-Utero Alto-Miches-Sabana de la Mar y la terminal portuaria de Sabana de la Mar. (4)
Víctor Díaz Rúa fue sometido a la acción judicial por actos de corrupción por la Fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso a raíz de que durante el gobierno de Leonel Fernández (2008-2012) la Cámara de Cuentas llevara a cabo una auditoría en el Ministerio de Obras Públicas bajo la gestión de Díaz Rúa, Tesorero del PLD y (junto a Félix Bautista) otro gran testaferro de Fernández.
La auditoría detectó anomalías presupuestarias equivalentes a la suma de RD$60,000,000,000 (US$1,304,347,826) en el 2011 y el 2012 en violación a la Ley Orgánica de Presupuesto y la Ley de Compra y Contrataciones del Estado.
Se detectaron 31 anomalías financieras, entre las que figuran: la no supervisión del control presupuestario, manejo inadecuado de los recibos de ingresos, carencia de sistema de contabilidad integrado, manejo irregular de efectivos en cajas y bancos, cuentas bancarias no conciliadas, emisión de cheques sin fondos, e ingresos no depositados en la Cuenta Única del Tesoro.
Asimismo, fueron detectados traslados de equipos sin la debida autorización, pagos a suplidores sin RNC (Registro Nacional del Contribuyente) ni registro de proveedores del Estado, documentaciones de desembolsos sin sellos de la institución, pagos de nóminas con recursos internos, duplicidad de desembolsos, contratos sin documentación legal y transacciones no registradas oportunamente.
En adición, fue detectado un control ineficiente en el manejo del personal y los procedimientos de recursos humanos, así como, transacciones inadecuadas y pagos de facturas que no correspondían al período indicado y que fueron clasificadas como gastos corrientes (Herrera, 2014a).
En lo relativo a al pago irregular de nóminas, el mismo beneficiaba a unos de 412 miembros de las bases y simpatizantes del PLD que figuraban como empleados y cobraban sueldos regulares sin trabajar en los departamentos de Seguridad y Vigilancia, Mayordomía y Mantenimiento, Recursos Humanos, Transportación y la Dirección General de Mantenimiento de Carreteras y Caminos Vecinales, entre otros (Herrera, 2014b).
Bajo la dirección de Díaz Rúa, el Ministerio de Obras Públicas operaba de manera dolosa 15 cuentas bancarias que se mantuvieron ocultas, infringiendo la Ley 567.05 de la Tesorería Nacional que establece la centralización y registro en la misma de los ingresos públicos recaudados tanto en el territorio nacional como en el exterior (Herrera, 2014c). Además, el Ministerio repartió más de RD$250,000,000 (es decir, US$5,434,782) en gratificaciones a los funcionarios mediante incentivos especiales, compensaciones y “bonificaciones”, de los ingresos no presupuestados equivalentes a RD$287,011,532 (que son US$6,239,381.13) obtenidos por concepto de gastos de inspección y supervisión de obras, los cuales, fueron distribuidos entre el ministro, 22 viceministros y 10 directores generales (Herrera, 2014d).
El proceso de Díaz Rúa estuvo imbricado de entresijos procesales y escaramuzas políticas que culminaron con su absolución (Cruz Benzán, 2014).
Irónicamente, el Senador Félix Bautista no sólo quedó impune, sino que en base al acuerdo entre Danilo Medina y Leonel Fernández de repostular a todos los representantes del PLD en el congreso y en los municipios en las elecciones generales del 2016, Bautista fue reelegido Senador por la provincia de San Juan y obtuvo el mayor porcentaje de votos (69.31%) de todas las candidaturas en unas elecciones en las que la repartición de dinero, el voto cautivo de los empleados y subvencionados del Estado y las irregularidades del proceso de automatización del conteo de los votos fueron la clave del triunfo electoral del partido oficial.
Conclusión. Como he analizado en el presente artículo, la República Dominicana padece una crisis institucional producida por la presencia factual de altos niveles de corrupción en el manejo de la administración pública por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El PLD se ha entronizado en el poder en base a los elementos característicos del partido cartel: por un lado, la interpenetración entre el partido y el Estado mediante el control por el PLD del congreso, los municipios, el tribunal electoral y el poder judicial incluyendo el tribunal constitucional y la Suprema Corte de Justicia; por otro lado, un patrón de colusión inter-partidista sustentado por alianzas electorales entre el PLD y las organizaciones minoritarias y por pactos y acuerdos coyunturales individuales con líderes de los otrora partidos mayoritarios PRD y PRSC, lo cual ha fraccionado dichas organizaciones deviniendo en una oposición débil.
Ello ha permitido la permanencia en el poder del PLD como una organización partido/Estado de características neo-corporativas que controla todos los estratos de la función pública, lo cual permite la impunidad de la corrupción administrativa de lo cual dan cuenta los casos aquí analizados.
De igual forma, el férreo aparato corporativo del partido oficial lleva a cabo el recambio irreverente de funcionarios corruptos frente a un aparato punitivo disfuncional, un sistema de prevaricación y prebendas, y un electorado cautivo mediante nóminas supernumerarias y subvenciones estatales de carácter populista y clientelar.
El derroche público y el gasto corriente en base al populismo, el clientelismo y la corrupción mantienen a la mayoría de la población sumergida en la pobreza, generada además por la falta de empleos, los bajos salarios y la concentración de la actividad productiva en la capital en desmedro de las demás localidades del país.
