SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La directora ejecutiva de Profamilia, Magaly Caram, lamentó este jueves la aprobación del Código Penal por parte del Senado de la República, el cual mantiene la penalización sin excepciones de la interrupción del embarazo, lo cual calificó como una burla.
Indicó que ese código se discutió y analizó, se le envió a la comisión un informe pormenorizado de sobre argumentos científicos, legales, de salud que justificaban la aprobación de la no penalización del aborto bajo los tres causales.
“Lo que ha pasado es una burla a las mujeres dominicanas”, apuntó la directora ejecutiva de Profamilia, institución que por más de 50 años ha defendido la planificación familiar, el previene en un 30 por ciento los abortos.
Agregó que las organizaciones que han mantenido la lucha para que sea introducida una excepción dentro del proyecto que permita la interrupción segura y legal del embarazo en caso de incompatibilidad con la vida, violación e incesto, y riesgo para la mujer, han sido burlas debido al procedimiento en que fue aprobado el Código, el cual, aseguró, no estaba en la agenda para su discusión dentro de la Cámara Alta.
“Esperábamos que se introdujera el tema de la violencia”, indicó la funcionaria sobre ese aspecto dentro de la pieza, el cual señaló también fue consensuado.
A partir de su promulgación, el Código Penal castigará la interrupción de los embarazos con penas de 2 a 3 años de prisión, si fuera practicado por parteras, “brujas” y otras personas no profesionales de la medicina. Si se tratara de médicos, farmacéuticos y otros profesionales de la salud y ciencias relacionadas, entonces el castigo será de 4 a 10 años de prisión.
Magaly Caram sostuvo que la responsabilidad recae ahora en el presidente de la República, Danilo Medina, de quien dijo debe manifestar su coherencia con la defensa a la seguridad y derechos de las mujeres, como lo hizo en el 2014, cuando objetó de manera parcial los artículos 107, 108, 109 y 110 del Código Penal, relativos a la tipificación penal de la interrupción del embarazo.
“Las más afectadas con esta decisión son las mujeres pobres porque estas no tienen a dónde acudir. Las mujeres de los senadores, las mujeres de los funcionarios públicos, de los empresarios y la gente que tiene dinero resuelven sus problemas en clínicas privadas bien pagadas o en el exterior”.
Recordó que República Dominicana es signatario de acuerdos internacionales los cuales se estarían violando con el nuevo código. También sostuvo que tras la Conferencia de Viena, la Organización de las Naciones Unidas, de la cual el país caribeño es miembro, aprobó que los derechos de las mujeres son derechos humanos.
Indicó que es una vergüenza que el congreso dominicano haya echado a un lado todos los acuerdos en los que el país ha sido partícipe y que garantizan los derechos de las mujeres, quedando dentro de los pocos países en la región que mantienen una penalización absoluta ante la interrupción del embarazo.
“Es una vergüenza que Haití tenga una legislación más avanzada que la nuestra”, lamentó.
Penas contra el feminicidio
El Código Penal aprobado castigará el femicidio (asesinato de la mujer) con 40 años de prisión, y también establece la acumulación de las penas hasta los 60 años de prisión. De esta manera, la pena máxima fue elevada de 30 a 40 años de cárcel.
La ley será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación o su observación.
