EL ATIPICO DESTINO DE CATALINA
Por Juan Llado — Especial para Somospueblo.com
El futuro de la termoeléctrica de Catalina es una cuestión importante que requerirá decisiones difíciles. Es casi unánime el criterio de que la planta debe terminarse tal y como está pautada. Y aunque algunos difieran, el Gobierno ya ha reafirmado, con el aval de la Comisión que investigó la licitación, que el contratista seguirá siendo el consorcio original. La Comisión ha recomendado, además, que la planta siga en manos del Estado. Ahora se deberá centrar la atención en evitar costos adicionales y en decidir si, una vez entre en operación, procede venderla total o parcialmente.


Para enjuiciar tales asuntos debe comenzarse por recordar que a principios del 2012 la CDEEE realizó una licitación para una planta similar y que esa licitación, que no fue impugnada por nadie, la ganó el Blackstone Group, la empresa estadounidense de inversión más grande del mundo con unos 200 billones de dólares en activos y hasta hace poco propietaria de la cadena hotelera Hilton (www.blackstone.com). Corren dos versiones de porque la CDEE no honró esa licitación: 1) Blackstone no podía contravenir el “Foreign Corruption Act” de EEUU y 2) la empresa pidió, después de ganar la licitación, un aumento del precio de compra de la electricidad que la CDEEE no podía complacer. Nunca se sabrá cuál de las dos versiones es la verdadera, aunque podría especularse frente al escándalo de Odebrecht y extrañaría que una empresa como esa hiciera la petición señalada.
Lo importante ahora es saber que Blackstone propuso hacer toda la inversión (US$1,500 millones) sin que el Estado pusiera nada, ni siquiera un aval. El gobierno que asumió en agosto del 2012, sin embargo, decidió hacer otra licitación y buscar financiamiento para que la planta fuera totalmente de su propiedad. Su justificación fue que el Estado debía contrapesar a los generadores privados con una producción de electricidad más barata a fin de que estos últimos se vean inducidos a reducir sus precios y/o hacer sus plantas más eficientes. El Presidente Medina dijo en febrero que la planta produciría a 7.5 centavos de dólar el kv/h y hoy las distribuidoras compran la energía entre 11 y 12.
A finales del pasado año el Presidente Medina también dijo que el Gobierno estaba en disposición de darle participación a la inversión privada con una proporción minoritaria del accionariado. Tal propuesta se justifica enteramente porque así el Estado podría recuperar parte de lo invertido hasta ahora –que según la última declaración de la CDEEE monta US$1,500 millones—sin renunciar a su objetivo de abaratar la energía. Lo captado por esta venta podría entonces fortalecer las finanzas públicas y usarse en proyectos sociales.
Como se puede deducir del antecedente de Blackstone, sin embargo, vender la totalidad de la planta no sería posible ahora si al inversionista privado se le pidiera pagar el costo total de la planta. Esto así porque no habría un retorno satisfactorio a la inversión. Es cierto que las perspectivas son de que el carbón baje significativamente de precio después que China y la India han anunciado el cierre de cientos de plantas de carbón y la Unión Europea proscribió esas plantas a partir del 2020 para mitigar el cambio climático y cumplir con el Acuerdo de Paris. (Para la disminución de la demanda por carbón, ver: https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/22/coal-power-plants-green-energy-china-india y https://www.theguardian.com/environment/2017/apr/05/the-end-of-coal-eu-energy-companies-pledge-no-new-plants-from-2020. Para una proyección de la demanda de diferentes combustibles, ver (https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/22/coal-power-plants-green-energy-china-india y https://www.theguardian.com/environment/2017/apr/05/the-end-of-coal-eu-energy-companies-pledge-no-new-plants-from-2020-outlook-2017.pdf). Eso permitiría vender la energía a las distribuidoras mucho más barata. Pero es casi seguro que, aun si la planta pudiera generar sin parar 24-7, los cálculos de rentabilidad de un inversionista privado seguirían dando resultados negativos.
No hay que olvidar que, según la última declaración de la CDEEE, ya se vislumbra que el proyecto tendrá un año de retraso. A pesar de que se cuenta con todo el dinero necesario para terminar la obra, las declaraciones públicas de la diputada Faride Raful (https://www.youtube.com/watch?v=cUlKT4PqHV4) sugieren que, además de los costos acarreados por el retraso, hay que imputar a la planta otros costos muy significativos –de casi US$500 millones—que no se reflejan en el valor renegociado del contrato EPC (US$1,945). Estos otros costos incluyen costos financieros de los préstamos del pool de bancos europeos, comisiones al BNDES, hitos pagados no contemplados en el contrato, etc. Mientras, el economista Pedro Silverio predice, en su artículo de Diario Libre del viernes pasado (https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/el-informe-desbordo-el-alcance-de-la-comision-BC7567131) que solo la exención impositiva que se le otorgó a Odebrecht elevaría el costo total a US$2,500 millones.
En consecuencia, vamos a terminar con una planta cuyo costo total de inversión posiblemente sobrepase por mucho los US$2,500 millones (algunos ya citan los US$3,000 millones). ¿Sería posible encontrar inversionistas privados que quieran comprar la totalidad o parte de las acciones siendo el precio de la energía servida a las distribuidoras 7.5 centavos de dólar?
Para hacer atractiva la compra de la planta el Gobierno tendría que hacerle un gran descuento (a fondo perdido) al precio global de la planta o darle al comprador un contrato de compra de electricidad (PPA) con un precio garantizado que estaría por encima de la meta que anuncio el Presidente Medina. Lo primero no sería políticamente potable porque crearía la percepción de que hubo sobrevaloración y, más aun, pobre gerencia del desarrollo del proyecto. Lo segundo tampoco es posible porque echaría por la borda el objetivo último de generar energía más barata. El hecho de que hasta la fecha el Gobierno no haya encontrado inversionistas sugiere que estos escollos serían imposibles de vencer para poder vender parte o la totalidad de las acciones.
A todas luces, entonces, no hay otra alternativa para el Gobierno que terminar la obra y seguir con la propiedad de la misma, vendiendo la ilusión de que resolverá el problema eléctrico que confronta la nación. Frente a la seguridad de que el retorno a la inversión no será competitivo para el Gobierno, lo único que podría alegarse a favor es que la rentabilidad social podría ser mucho mayor. Todo dependería del impacto que la operación de la planta tenga en el sistema eléctrico nacional y de los beneficios políticos que la venta de energía más barata a la población podría tener. Tales cálculos tendrán siempre premisas cuestionables en tanto se sabe que la planta no conjurara el déficit de generación ni satisfará la requerida expansión del sistema eléctrico.
Este análisis, signado por “la tranquila objetividad” del laico, sugiere que, de todas formas, deberán hacerse previsiones para vislumbrar la privatización total del sistema eléctrico. El peso específico del Estado en el sistema eléctrico es hoy determinante y aumentaría con la operación de Catalina, pero no por eso debemos abandonar esa meta. Al argumento de que la propiedad estatal es necesaria para contrarrestar la voracidad engullidora de los intereses privados (que van en desmedro de los intereses colectivos), se debe ripostar que el manejo estatal no mejorará de la noche a la mañana. Prolongar la propiedad estatal de los activos eléctricos existentes resulta indeseable porque el desempeño del Estado en su manejo ha sido desastroso para el país. Ahora es tiempo de privatizarlo todo y retar al Estado a que solamente regule el sistema con efectividad, aunque sea con la asistencia técnica de Canadá, Japón o Singapur. El papel del Estado es conformar el aparato regulatorio y fiscalizador que asegure que la participación privada sea congruente con los mejores intereses nacionales.
Pero el criterio fundamental que en esta coyuntura debe guiar tanto al Gobierno como al resto del país es que los posibles compradores de una parte o la totalidad de Catalina no deben estar entre los actores que hoy intervienen en el negocio de la generación. Los productores locales (Rizek, el Grupo Vicini, Gonzalez Bunster, AES, Estrella, Garcia, etc.) tienen, en una economía de mercado, todo el derecho de buscar oportunidades de negocios que sean atractivas y de ambicionar la compra de activos del sistema eléctrico. Pero la debilidad institucional del Estado que nos gastamos aconseja que se distribuya más la propiedad para incentivar la competencia. De ahí que convenga que el Gobierno que sea no permita mayor concentración de los activos eléctricos en las actuales manos privadas.
Sin duda, Catalina perdurara en la historia como el mayor extravío de la gestión de gobierno del Presidente Medina. Por eso es tan importante que la clase política admita sus falencias y busque nuevas fórmulas de gestionar el sistema eléctrico. Una manera de ir avanzando en la privatización de los activos eléctricos sería la de delegar el manejo de las próximas licitaciones por plantas de gas –que han sido anunciadas por la CDEEE– a un consorcio universitario formado por la PUCMM, la UNPHU y el INTEC. Si bien las universidades no están para manejar sistemas eléctricos, la visión moderna de su misión incluye las labores de extensión para beneficiar la comunidad. Con el ejemplar manejo administrativo que estas entidades han demostrado se justifica que el Estado haga con ellas un acuerdo de co-manejo de una parte del sistema eléctrico a fin de asegurar que las próximas contrataciones se ajusten a los más sanos intereses de la sociedad

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