Indra Sistemas, la empresa que con la aprobación de la JCE suplió los equipos electrónicos de registro de electores y conteo de votos en las pasadas elecciones, actualmente está involucrada en un caso de corrupción español donde se comprobó que la empresa desvió 600.000 euros públicos al PP con empresas pantalla.

La presunta trama corrupta que lideraba Ignacio González y que se investiga en la operación Lezo tiene una importante derivada que salpica a la multinacional tecnológica española Indra. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido de forma preliminar que la compañía tuvo un papel decisivo en la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid, facilitando la entrada de más de 600.000 euros en su caja B a través de una compleja red de empresas instrumentales. La mecánica habría funcionado al menos entre 2011 y 2013, con Javier Monzón aún al frente de Indra (dejó la presidencia en enero de 2015), y supuestamente se alimentó con fondos que salieron del erario público mediante adjudicaciones infladas.

Los agentes sitúan el origen de esta enésima red de dinero opaco del PP en el ente público ICM (Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid), responsable de implantar y mantener los sistemas tecnológicos que utiliza la Administración regional. Para cumplir con esa función, ICM subcontrató a Indra trabajos por valor de 16,1 millones de euros en 2011, de 13,2 millones en 2012 y, por último, de 15 millones en 2013. Sin embargo, los pinchazos telefónicos, los datos recabados durante la instrucción del caso Púnica —donde también se investiga la caja B del PP de Madrid— y la declaración de un antiguo directivo de ICM, Silvano Corujo, alertaron a la UCO de que el valor real de esos servicios era muy inferior al pagado por el Ejecutivo madrileño. La diferencia habría terminado en Génova.

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La reconstrucción de las relaciones comerciales de Indra con empresas proveedoras del PP ha confirmado esas sospechas, según recoge un informe de la Guardia Civil del pasado 10 de abril al que ha tenido acceso este diario. El dinero público de ICM se transfirió a Indra a través de las adjudicaciones y, posteriormente, esta compañía participada por el Estado contrató una supuesta firma de formaciónFormaselect, que actuó como simple tapadera.

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En 2012, por ejemplo, Indra pagó servicios a la sociedad por importe de 566.497 euros. La cifra constituye el 99,4% de todo lo que facturó en ese ejercicio Formaselect, una mercantil propiedad del empresario Óscar Sánchez Moyano, también investigado. En 2013, Indra se prestó a realizar la misma operación. Del dinero en contratos que le adjudicó ICM ese año, al menos 121.000 euros volvieron a salir rumbo a Formaselect, el 90,1% de lo que ingresó esa firma en ese otro ejercicio. No hay ningún dato que avale que Indra recibió algún tipo de prestación a cambio de esos pagos. De hecho, ni siquiera consta que Formaselect haya tenido nunca algún empleado.

Los investigadores precisan que esa empresa instrumental se integraba en un grupo mercantil controlado por Sánchez Moyano que prestó servicios al PP de Madrid en las autonómicas de 2011. Una de las mercantiles de ese ‘holding’, Troyano Marketing y Diseño SL, por ejemplo, facturó en esa campaña 200.069 euros a los populares madrileños. En 2012, sin embargo, fue el PP nacional el que contrató a otra empresa de ese grupo. En concreto, según las pesquisas de la UCO, Génova abonó 10.043 euros en supuestos servicios de funcionamiento ordinario a Braveheart SL, propiedad igualmente de Sánchez Moyano. Los investigadores apuntan que el dinero abonado por Indra a Formaselect pudo servir para cubrir trabajos realizados al PP por ese mismo grupo que nunca fueron declarados por la formación.

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La trama era aún más compleja. En la mayoría de ocasiones, el dinero de Indra no fue directamente a Génova a través del ‘holding’ de Sánchez Moyano, sino que intervino un segundo empresario para dificultar el rastreo de estas operaciones. Se trata de Juan Miguel ‘Juancho’ Madoz Medina, dueño de la agencia de publicidad Swat SL y otras mercantiles del sector como Pamaz Imagen SL, Strat Map SL y The Cell Core SL. La UCO resume la operativa en dos esquemas incorporados al sumario. En el año 2012, de los 13,2 millones que pagó ICM a Indra, 566.497 euros salieron luego hacia Formaselect y, automáticamente, una cifra casi idéntica, 562.400 euros, se movió de nuevo a Swat SL y el resto de empresas del grupo. En el segundo esquema, correspondiente a 2013, los investigadores reflejan que de los 15 millones abonados por ICM a Indra, la cotizada movió 121.000 euros al grupo de Sánchez Moyano que, nuevamente, movió esa misma cantidad al grupo de Juancho Madoz.

Las empresas de este último figuran como proveedoras del PP nacional. En 2011, Génova pagó a Swat SL un total de 21.140 euros. En 2012, la cifra aumentó a 95.530 euros. Y, finalmente, en 2013 abonó otros 21.780 euros. Los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil sostienen que, en realidad, el valor de los trabajos realizados por ese grupo para el PP también era mucho mayor y que la diferencia se saldó con el dinero que llegó a esas mismas empresas a través de Indra. En total, la compañía del Ibex 35 habría contribuido a que proveedores de los populares recibieran de forma presuntamente irregular 687.497 euros que salieron de ICM, es decir, de los presupuestos madrileños.

La UCO atribuye a Ignacio González un papel clave en esta trama. Considera que fue el expresidente madrileño el que ordenó en 2012 al entonces consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, que adjudicara a Indra contratos inflados para poder saldar las deudas que había contraído el PP de Madrid en las elecciones autonómicas de 2011. El propio Martínez Nicolás, imputado ya en Púnica por otro presunto desvío de fondos de ICM, también está investigado en Lezo. Además, el informe implica al ex director general de Estrategia de Indra Santiago Roura y al director de Procesos Electorales de la misma compañía, Jesús Gil Ortega, entre otros.

Fuente: El Confidencial

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