Según los defensores del acuerdo entre la PGR y Odebrecht, una de sus bondades más preciadas es la posibilidad para el Estado de cobrar el importe del duplo de la multa. Esto es un sofisma.
Con las presiones financieras, las obligaciones de pago impuestas por otros acuerdos, el cúmulo de demandas indemnizatorias que recibirá la empresa en los países donde operaba y las limitaciones para explorar nuevos mercados por su alto riesgo reputacional es improbable su sostenibilidad financiera. Este severo condicionamiento atará al Estado dominicano a la constructora y será premisa implícita para privilegiarla en las licitaciones. Así, en el mejor de los escenarios, la empresa mantendrá su dominio en el mercado de las obras públicas y el Estado quedará obligado a concederle obras para poder garantizarse el cobro de su propio dinero.
Esto sin considerar que si la empresa se acoge a cualquier procedimiento de reestructuración mercantil o concursal (quiebra) puede liberarse de los plazos del acuerdo y obtener la suspensión de los pagos mientras se mantenga ese estatus. ¡Negocio redondo!
Definitivamente este acuerdo le da paso a la trama política del caso, que persigue:
a) sacar a Odebrecht de la acusación;
b) dejarle al Procurador el control absoluto y discrecional de las imputaciones;
c) crear la expectativa de un resarcimiento ilusorio; y,
d) liberar al Ministerio Público de la carga probatoria.
