El consejo de defensa de Conrado Pittaluga acusó ayer al procurador general Jean Rodríguez, de “ manipular y mutilar” las pruebas que le envió su homólogo de Brasil, Vladimir Aras, para supuestamente excluir del caso Odebrecht a funcionarios y gobernantes que están en las delaciones premiadas.
Para avalar esta afirmación mostró al juez especial Francisco Ortega seis documentos remitidos por la procuraduría de Brasil con un determinado número de páginas cada uno de ellos, y otras especificaciones que no tienen los presentados como pruebas por el MP.
Se trata de delaciones premiadas con hasta menos de 20 páginas de las consignadas por el Ministerio Público de Brasil; con tachaduras, añadiduras y sin la firma de los supuestos delatores.
Todo eso, así como la no presentación de las carpetas lacradas que identifican la Procuraduría de Brasil y en los que fueron enviados esos documentos, es lo que para la defensa de Pittaluga “denota que esas delaciones fueron definitivamente manipuladas” por el MP para excluir gente.
“Y puedo apostar que son políticos, puedo apostar a que son gobernantes, pero no los van a presentar aunque se determine que todo esto es verdad”, dijo el abogado Manuel Rodríguez quien llevó la voz cantante de la defensa en este tema.
Porqué no hay querellantes. La defensa de Pittaluga cuestionó el porqué si como se ha dicho éste es el caso de corrupción más grande en la historia republicana, no hay querellante ni una sociedad civil constituida.
“No hay, porque éste es un complot del sistema, porque los verdaderos corruptos no están aquí y lo están manipulando” dijo Rodríguez.
El más rico: el Procurador. También se preguntó el porqué el procurador general Jena Rodríguez no está en la audiencia postulando, si fue él quien recibió las pruebas que ellos están cuestionando.

“Ese procurador general de la República, su presencia, es el funcionario más rico con que cuenta este país, y no está aqui…..”, dijo el jurista.

En ese momento el abogado fue interrumpido por el magistrado Ortega quien pidió cinco minutos de receso para ir al baño.

Y es que la sola mención del procurador general creó de un revuelo inmediato en la Sala de Audiencias donde momentos antes, la defensa de Pittaluga también había hecho alusión al voto disidente en el que la magistrada Miriam Germán Brito, hizo observaciones sobre las debilidades del expediente del MP y sobre el futuro incierto del mismo si no se corregían.

“Todas las pruebas de este expediente están afectadas del vicio de la ilegalidad y todas están siendo imputadas por esta defensa técnica; este expediente se está desplomando; éste es el momento donde se cumple la previsión que auguró como resultado la magistrada Miriam Germán Brito”, dijo Rodríguez.
Desorden en formulación de cargos. La defensa de Pittaluga afirmó que formular cargos va más allá de un relato fáctico histórico como lo que ha hecho el MP en el caso de su defendido.
Indicó que la falta de coherencia y las contradicciones entre los delitos atribuidos simultáneamente al imputado en base al mismo hecho, no obstante el carácter excluyente de éstos, les imposibilita el ejercicio efectivo de la defensa.
Dijeron que es una “ilegalidad” del MP pretender acusar a Pittaluga por Lavado de Activos y al mismo tiempo de la supuesta participación en un delito previo del cual dice es la fuente del dinero objeto del supuesto lavado.
“Con eso se estaría persiguiendo y procurando condenar dos veces en base a un mismo hecho, en violación a garantías constitucionales, entre éstas la prohibición de doble persecución y de doble punición, principio ne bis in ídem”, afirmó la defensa.
Crimen por falsedad. Señalan que además cualquier referencia al crimen de falsedad de documentos que le atribuye el MP a Pittaluga “brilla por su ausencia en la acusación; y que el de asociación de malhechores “es un tipo de imposible configuración”.
Agrega que el MP tampoco establece en qué forma de complicidad incurre el imputado, y en su teoría, éste es el delito previo, fuente de los fondos objeto del lavado.
Para reflexionar. La defensa de Pittaluga planteó ante el juez que si como dice la acusación los US$6.6 millones son de Víctor Díaz Rúa, no puede hablarse de “incremento patrimonial” de su defendido.
Agregó que si en cambio el dinero es de Pittaluga, entonces no se puede hablar de soborno en forma alguna.
Que dado su carácter excluyente, no podría defenderse concurso real alguno respecto de los tipos establecidos en los literales a, b y c, art. 8 Ley 72-02.
Que en el artículo 3 de la Ley 72-02, se tipifican múltiples conductas disímiles y excluyentes entre sí, lo que imposibilita defender concurso real de infracciones.
En cuanto a la imputación de cómplice que le hace el MP a Pittaluga, la defensa se preguntó con qué base legal lo hace.

Piropo-advertencia

Durante la exposición de sus argumentos del porqué el juez Ortega debía declarar la nulidad de pruebas documentales incluidas en la acusación, algunas que dijo son peritajes “camuflados”, el abogado Rodríguez se refirió al procurador general por su nombre de pila y otras veces con calificativos inapropiados.
Esto provocó que el juez Ortega le llamara la atención, y que el representante del MP Wilson Camacho, lo objetara, ambos pidiéndole moderar su lenguaje y conducirse como lo requiere un foro profesional.
Tras rechazar que su lenguaje fuera irrespetuoso, Rodríguez dijo al juez que no sería un discurso racional en términos de igualdad si no se permitiera criticar con dureza “lo que nosotros consideramos arbitrariedades e ilegalidades” que manifiestamente se podrían traducir en un lenguaje más llano como “necedades, despropósitos, zanganadas, desmanes, animaladas…” y que la objeción del MP era para distraer la atención del Tribunal.
A lo que el juez, con determinación le contestó: “Entonces si usted cree que en su discurso, que incluso revela elocuencia y elegancia forense, es útil que usted esté diciendo eso, repítalo y entonces el tribunal tomará medida..”

MP mentiroso

La defensa se quejó de que el MP le ocultó las pruebas recabadas durante la fase preparatoria, violando su derecho a la defensa, la lealtad procesal y el principio de contradicción.
Indicó que desde marzo del 2018 solicitaron al MP revelarle las pruebas que existían en el expediente contra Pittaluga y que no fue sino hasta el 8 de mayo cuando le entregaron 10, 5 de ellas no ofertadas para el juicio y 5 ya reveladas con la solicitud de medidas de coerción, alegando falsamente que solo tenían esas.
“ Sin embargo, al presentarse la acusación el Ministerio Público sorprende con casi 30 pruebas a cargo, todas existentes desde antes de la fecha cuando se las solicitamos”.

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