El camino a Odebrecht fue trillado con tanta pasión popular que apenas nos enteramos de haber llegado. Nos acostumbramos tanto a la utopía, que preferimos seguir viviendo la espera, pero ya Odebrecht es una realidad tan ruda como la que hoy se nos impone: trazada por las conveniencias, cercada por los intereses y medida de esquina a esquina sin margen siquiera para un desliz. El Procurador nos sacudió del sueño muy temprano. Nos mostró desde el pórtico los confines de la salida: “Están todos los que son”. ¡Eso fue desastroso!, y lo dijo como quien pronuncia un dictamen pontificio, como el tañido de una sentencia metálica del Santo Oficio.
Jean Alain no se dio cuenta de que aniquiló las expectativas de la sociedad sin haber comenzado. Es torpe anunciar el fin de un show que apenas se inicia, sobre todo después de largas filas de espera. A partir de esa declaración poca cosa es creíble porque todo el mundo sabe que a la investigación le falta más camino que el recorrido, y la que le llevó a esos imputados fue meramente burocrática y preliminar, hecha a prisa para solicitar medidas de coerción. Faltan pesquisas y diligencias de mayor alcance y rigor como para excluir tan prematuramente a muchos otros responsables, sobre todo cuando hasta ahora ha quedado un tramo desierto de imputaciones, período que vincula al Gobierno con la más colosal obra adjudicada a Odebrecht: Punta Catalina. Lo peor fue anunciarlo desde el comienzo, hecho que tuvo el efecto de un coitus interruptus en una sociedad excitada.
La investigación judicial es una operación esencialmente abierta y contingente que no sólo busca evidencias sino también nuevos hallazgos, más en un caso declarado como complejo. Cualquier nueva imputación, que es perfectamente presumible, resultará sospechosa después que el Procurador haya cerrado, apenas abriéndolo, el cuadro de imputados. Quien necesita y debe ganarse la confianza ciudadana es el Procurador y con esta declaración la perdió desde el primer empuje. Le costará empeño recuperarla en el camino, quizás renunciando u obrando con un guión propio y sin ese tufillo político.
Se pueden inferir varios motivos para “explicar” este anuncio excluyente del caso. El más generoso y a la vez ingenuo es presumir el deseo (del Procurador) de rendir resultados concretos que contengan el rumor y el descontento social. El segundo podría ser obra de una oscura inteligencia política con el propósito de medir efectos: así, si las reacciones son controlables, no soltar nuevos nombres, sobretodo de la nómina pesada de la presente Administración. El tercero sería la clara determinación del Gobierno de no incriminarse, al menos tan tempranamente, hasta asegurar bien los cerrojos en Punta Catalina, más considerando que uno de los “notables” de la Comisión resultó inculpado y que la obra como tal fue incluida en el expediente de los sobornos en términos muy difusos, que terminaron de oscurecerse con la “aclaración” del Procurador.
En la medida en que se descubre la desnudez del caso nos abraza un temor frío. Cada vez se entienden menos las coordenadas, si es que las hay, pero creo que a la sociedad dominicana le espera un trance muy espinoso si quiere hacer de este caso un pasaporte a un nuevo ciclo institucional. Obvio, hubo premisas indudables desde el principio (riesgos calculados), como el hecho de que el Gobierno fuera acusado y acusador y que en esa ambivalente condición iba a jugar a la defensiva, pero al menos se pensaba que, fruto de la encarnizada resistencia social a la impunidad, habría alguna inflexión en sus núcleos de poder; solo ha hablado el silencio. Las apariencias del caso no revelan mucha sinceridad ni compromiso; al contrario, se percibe una actitud destemplada, como quien ejecuta algo por obligación y con la intención de crear un ambiente anestésico que haga olvidar las demás aristas del complejo caso.
Desde el principio el Gobierno ha vendido el sofisma de que Odebrecht es un todo unitario, cuando en realidad es un monstruo de tres cabezas: a) los sobornos para obtener contratos de obras, b) la sobrevaluación de las obras adjudicadas, y c) el financiamiento de la campaña de candidatos con perspectivas auspiciosas para ganar, en una parte de los países sometidos a su influencia. En la República Dominicana se dieron “despacito” los “tres pasitos”. El Gobierno no ha tomado en serio el tema de las sobrevaluaciones; tal ha sido su desgano que hace apenas algunos días y, por fuertes reclamos públicos, la Cámara de Cuentas, con cierta reticencia, aceptó realizar la auditoria de las obras, no así la de Punta Catalina, con irresponsables argucias técnicas; y ni hablar del financiamiento de las campañas, que sigue siendo un oscuro tabú.
Me aterra pensar que después de tanta espera e inversiones sociales, los expedientes acusatorios de los presuntos sobornados terminen descansando en simples pruebas indiciarias, si consideramos que en la investigación gestionada hasta el momento no ha habido diligencias procesales de impacto para el recaudo de pruebas, como allanamientos e incautaciones, a riesgo de que los imputados puedan distraer pruebas esenciales. Me late el temor de que el Ministerio Público base sus investigaciones (y posterior acusación) sólo en las pruebas aportadas por Brasil y, peor, que estas sean genéricas, testimoniales o simplemente circunstanciales, a riesgo de caerse el andamiaje acusatorio. Las imprecisiones, inconsistencias y errores contenidos en la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados nos adelantan el escaso rigor y profundidad de las investigaciones. Este caso no puede ser manejado con el mismo presupuesto, personal y criterios de la actual Procuraduría.
Le aconsejo al Gobierno acoger la petición de la Marcha Verde de contratar un equipo legal independiente y multidisciplinario que trabaje a fondo en estos procesos de la mano de la Procuraduría en virtud del artículo 373 del Código Procesal Penal. Este caso es para que el Ministerio Público cuente con los mejores especialistas del país en todas las materias implicadas, quienes, ajenos a las presiones políticas, puedan fortalecer técnicamente la defensa del Estado y garanticen la despolitización del proceso. Especialistas en defraudación pública, lavado, ingenierías corporativas, auditorías forenses, así como investigadores financieros nacionales e internacionales, litigantes en derecho penal y procesal con formación en derecho financiero y corporativo, derecho criminal internacional, derecho constitucional y derecho administrativo.
El problema es que el Gobierno parece que ve demonios y fantasmas en este reclamo. Todo lo contrario, este es el momento de tender un puente con la sociedad civil. Si queda algún recodo de buena fe, el presidente Medina debe abrir un espacio para trabajar de forma consensuada en la selección de perfiles y nombres. Pero, de acoger este consejo, el Presidente debe ser leal y no adelantarse nombrando a su manera a gente controlable o de mera acreditación moral como hizo con Punta Catalina. Este es un trabajo que precisa una evaluación personalizada para conformar un equipo de gente joven, actualizada, hacendosa y aguerrida dispuesta a trabajar sin considerar tiempo ni consecuencias, con la regencia de un consejo de asesores séniors y la Procuraduría.
Artículo original publicado en Diario Libre
