La empresa Odebrecht pretende un «acuerdo de cooperación amplio y eficaz» similar al alcanzado en la República Dominicana, donde se acordó identificar a quienes recibieron coimas en ese país por US$ 92 millones, el pago de una multa por US$ 184 millones pero sin que la Justicia involucre penalmente ni a la empresa ni a los directivos ya procesados y condenados en Brasil.
Los jueces argentinos que recibieron la propuesta de la empresa Odebrecht para colaborar con la Justicia argentina a cambio de inmunidad para los directivos de la firma procesados y condenados en Brasil por el escándalo conocido como Lava Jato enviaron a los fiscales respectivos la presentación realizada por la firma en los últimos días pero ellos la mandaron a traducir porque la parte más importante estaba en portugués, según dijeron fuentes judiciales.
«Lo que queremos es que se apruebe esto», dijeron, palabras más, palabras menos, los abogados de las firmas al presentarse ante los jueces Sebastián Casanello, Ariel Lijo y Marcelo Martínez de Giorgi , según dijeron a Clarín fuentes judiciales.
«Esto» era una copia del acuerdo marco alcanzado por los directivos de la firma en Brasil para colaborar con la investigación y lograr una reducción en sus penas pero redactado en idioma portugués.
Los magistrados recibieron la petición y la derivaron a los fiscales, quienes ahora la mandaron traducir y recién cumplido ese paso la analizarán para emitir sus opiniones. Ellos son Federico Delgado -interviene en dos de las causas abiertas en los tribunales de Comodoro Py- y Franco Picardi.
Una de esas causas -conocida como «el segundo tramo de Skanska»– ya no está más en manos de Lijo sino que éste se la pasó «en compensación» al juzgado de Daniel Rafecas, dijeron las fuentes. Las otras dos causas son la del soterramiento del tren Sarmiento y la planta potabilizadora de AYSA en el Tigre. En esta causa ya declararon por videoconferencia la semana pasada dos de los involucrados. Y uno señaló al secretario de Inteligencia, Gustavo Arribas, que luego lo denunció penalmente.
Además, los abogados argentinos de la firma se contactaron informalmente con el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, y le dieron una copia del acuerdo arribado en Brasil, también en portugués, añadieron las fuentes.
Una de las fuentes judiciales consultadas por este diario señaló como un problema el que «la Argentina no tiene una ley sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas», es decir, las empresas, en este caso Odebrecht, que alegó públicamente sus intenciones de mantener las obras que tiene en el país.
La firma se presentó ante la Justicia argentina con el argumento de que quiere colaborar pero no quiere que sus 78 directivos involucrados sean castigados penalmente por lo mismo por lo que ya fueron sancionados por la Justicia brasileña.
Para ello invocaron la figura legal creada el año pasado en la Argentina que prevé la reducción de penas para el «colaborador eficaz» que ayude a esclarecer un delito. Ese acuerdo debe ser alcanzado por el peticionante con la fiscalía y luego debe ser homologado por el juez, que puede oponerse a ejecutarlo, según explicaron en Tribunales.
La empresa Odebrecht pretende un «acuerdo de cooperación amplio y eficaz» similar al alcanzado en la República Dominicana, donde se acordó identificar a quienes recibieron coimas en ese país por US$ 92 millones, el pago de una multa por US$ 184 millones pero sin que la Justicia involucre penalmente ni a la empresa ni a los directivos ya procesados y condenados en Brasil.
Noticia original de Clarín
