El 21 de diciembre los representantes de la constructora brasileña Odebrecht S.A. acordaron un “plea agreement” (declaración oficial de culpabilidad) con las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York. El mismo día, las mismas autoridades firmaron un acuerdo similar con Braskem S.A., una empresa petroquímica controlada por Odebrecht.

Este caso inició a partir de una investigación dirigida por las autoridades del Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil.

Odebrecht y Braskem admiten haber pagado en los últimos años cientos de millones de dólares en sobornos para obtener contratos de obra pública en 12 países, 10 de los cuales son de América Latina.

Los “plea agreements” llevan adjuntos sendos documentos llamados “Information” (ver  documentos 1 y 2) que detallan las maniobras. La multa de US$3.500 millones es la más grande de su tipo hasta la fecha. El 80% se regresará a Brasil (me permito sugerir que una pequeña parte se utilice para un fondo de transparencia).

Quiero enfocarme en tres lecciones de este caso.

  1. Implicancias para los “policy makers”

El carácter secreto de corrupción hace difícil saber cómo en la práctica se ejecutan estas maniobras y por lo tanto qué hacer para controlarlas. Estos documentos son por lo tanto una increíble oportunidad para los “policy makers” interesados en reformas anti corrupción.

Donatella Della Porta, quien analizó la corrupción italiana de los años 80 y 90, fue la primera en advertir sobre el potencial de la información judicial para entender y prevenir la corrupción.

Los resultados del trabajo del MPF y las declaraciones oficiales de culpabilidad son una excelente fuente para comprender cómo estas maniobras se cuelan en los vacíos legales, la legislación imperfecta, los defectos del diseño institucional y aprovechan la falta de cooperación interna e internacional.

Un primer paso en identificar qué se debe hacer ya lo dio el MPF proponiendo sus “dez medidas”. Pero más es necesario.

       2. La Corrupción de Gran Escala utiliza Recursos Equivalentes

Las maniobras que describen estos documentos no se realizan con un maletín con billetes. La corrupción de gran escala utiliza mecanismos legales, contables y financieros más sofisticados y complejos. Francesco De Simone recientemente exploró cómo ocultan su dinero los corruptos. Y este caso parece darle la razón.

En 2006 Odebrecht – según su propia admisión – creó una unidad con el único propósito de canalizar los pagos ilegales, denominada “Setor de Operações Estruturadas” o “Division of Structured Operations”. Utilizó una red de sociedades y agentes en múltiples jurisdicciones –especialmente donde la supervisión financiera y corporativa es débil – para canalizar los fondos destinados a maniobras ilegales.

Hay un párrafo en el Information de Odebrecht que es fundamental“… [l]os fondos eran canalizados por la Division of Structured Operations a una serie de entidades (sociedades) offshore… en diversos países. Muchas de estas transacciones se estructuraron mediante múltiples capas de entidades offshore y cuentas bancarias alrededor del mundo, en ocasiones transfiriendo fondos ilícitos por hasta cuatro niveles de cuentas bancarias offshore, antes de que llegaran al beneficiario final. De este modo, [Odebrecht] buscó distanciar el origen de los fondos de sus beneficiarios finales”.

Como surge de este caso y de otros similares, el dinero de la corrupción típicamente no está en el mismo lugar donde operan el funcionario y el empresario corrupto. Intervienen muchas jurisdicciones y en cada una de ellas estructuras legales y financieras que permiten las maniobras corruptas. Lo cual nos lleva al último punto.

   3. Las Reformas Legales Cuentan y la Cooperación Internacional es Esencial

Muchas personas se preguntan por qué ha sido posible que Brasil avance en estas investigaciones del modo en que lo ha hecho. Hay múltiples explicaciones. Quiero resaltar una: adoptaron una serie de reformas legales que les permitieron a los integrantes del MPF enfrentar un problema de esta complejidad con recursos adecuados. Como lo hicieron años atrás figuras como Giovanni Falcone para combatir el crimen organizado o los jueces de mani pulite para atacar la corrupción relacionada con la obra pública.

Dentro de estas reformas, hay que destacar aquellas que han adoptado incentivos para cooperar con la justicia tanto de los ciudadanos como de arrepentidos, proteger a las fuentes de información, la creación de equipos especiales de trabajo para investigaciones complejas.

Pero para enfrentar este tipo de corrupción hay que actuar con la misma efectividad en el plano local e internacional. La cooperación internacional es crítica y debe ser monitoreada.

El premio nobel de Economía Joseph Stigtlitz y el profesor Mark Pieth en “Overcoming the Shadow Economy” ofrecen una serie de recomendaciones para evitar la opacidad en materia corporativa e incrementar la efectividad de la regulación y supervisión de lavado de activos. Según Stiglitz y Pieth, “Existe un consenso cada vez mayor en el mundo que los paraísos fiscales – jurisdicciones que minan los estándares internacionales de transparencia corporativa y financiera – plantean un problema global: facilitan tanto el lavado de dinero como la elusión y evasión fiscales, contribuyendo a la comisión de delitos y niveles inaceptablemente altos de desigualdad en la riqueza mundial”

2017 recibe a los países de América Latina con dos desafíos. El primero, es qué harán las jurisdicciones que han sido identificadas en estos documentos con la información. El segundo, – si deciden investigar – como lograrán la cooperación de las jurisdicciones que se utilizaron para crear sociedades fantasmas para girar pagos indebidos a fin de lograr recuperar esos activos.

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