PEDERNALES Y SU PLAN B
Por Juan Llado — Especial para Somospueblo.com
Después de que el pasado año el Gobierno anunciara su plan para Pedernales se nota un virtual abandono del esfuerzo para detonar el desarrollo turístico en la región más pobre del país. Ese “plan integral” parece bastante aceptable, pero los aprestos para ponerlo en ejecución no se abordan. Talvez se esté esperando el fallo del Tribunal Constitucional sobre la apelación de los supuestos propietarios de las parcelas de Bahía de las Águilas. Pero tampoco se conoce de expresiones de interés de parte de los inversionistas privados en el polo y hay razones para pensar que también debería haber un “plan b”.
La base del anunciado plan es una intervención gubernamental que conduciría el desarrollo. El modelo adoptado se parece al que se usó para desarrollar a Puerto Plata (PP) en los años setenta, incluyendo la planificación del suelo. Mientras para PP se creó el Departamento INFRATUR en el Banco Central y un fondo para financiar los proyectos privados, para Pedernales se ha creado un Gabinete Turístico bajo el Ministro de la Presidencia y un fideicomiso que administrara las tierras y que, por haber sido confiado al Banreservas, se supone que también podría suministrar financiamiento. Una notable diferencia es que en el primero no hubo mucho énfasis en los aspectos medioambientales, talvez porque en ese entonces no existían los peligros y desafíos que existen hoy día.
La otra diferencia es que mientras en PP el Estado vendería los terrenos a desarrollar, en el caso de Pedernales el fideicomiso podría, dependiendo del esquema adoptado para un proyecto en particular, retener una participación accionaria. Pero en vista de que el Banco Central todavía ostenta la propiedad de importantes activos en la Costa Norte, la tendencia a perpetuar el rol estatal de ambos esquemas resulta obvia. Hace tiempo que el Banco Central debió vender esos activos.
Pero el recomendable objetivo de limitar el rol estatal en el tiempo no es la razón para tener un “plan b” para Pedernales. La razón principal tiene que ver con las posibilidades de atraer la inversión privada. La experiencia de PP sugiere que en esto podría estar el Talón de Aquiles del anunciado plan. A pesar de que el Estado proveyó las infraestructuras necesarias en Playa Dorada y construyo un aeropuerto, los inversionistas no reaccionaron. Su apatía fue tal que el Banco Central finalmente tuvo que construir el primer hotel (Jack Tar) para que la inversión privada comenzara a fluir. Y cuando lo hizo fue principalmente nacional.
En el caso de Pedernales la reticencia podría ser aún mayor y el despegue dilatarse por varios anos. Esto así porque los terrenos designados para el desarrollo, los cuales están ubicados en una franja de 14 kilómetros de costa desde la misma ciudad de Pedernales hasta La Cueva, no son los más apetecibles para los inversionistas. A través de los anos, las ofertas más convincentes se han centrado en los terrenos de Bahía de las Águilas y si ha habido alguna para los de Cabo Rojo no ha sido muy creíble. Aun cuando el Gobierno muestre firmeza en la erradicación del tráfico minero por el muelle de Cabo Rojo, la playa misma tampoco puede compararse favorablemente con la de Bahía.
Otros dos factores importantes influirían en el interés de los inversionistas privados. El primero tiene que ver con los atributos de la misma playa de Bahía: aunque su balneario, su arena blanca y la suave pendiente la hacen muy apetecible, la vegetación adyacente es muy inferior en atractivo a los grandes cocales de, por ejemplo, Bávaro-Punta Cana. Hay que tener en cuenta que en el país todavía existen muchas otras playas cuya vegetación es más atractiva, amén de lo que podría ofrecer el mercado internacional, especialmente Cuba. Si a eso se añade que el plan gubernamental no contempla desarrollos en la misma Bahía, la situación se torna menos atractiva para el inversionista.
En segundo lugar, los potenciales inversionistas miraran dos veces la situación con los servicios básicos de infraestructura. El plan gubernamental amplia la pista de aterrizaje del aeródromo de Cabo Rojo para acomodar grandes aviones, pero eso no es suficiente. Se necesita un acueducto, una planta de tratamiento de aguas residuales, las calles y carreteras, las redes eléctricas y telefónicas, etc. (A finales de los ochenta, el Presidente Balaguer le ofreció a los inversionistas del Club Med asfaltarle la carretera que los comunicaba con Higuey, pero la promesa tardó diez años en materializarse.) Un inversionista de bolsillos profundos con un proyecto grande podría proveer su propia infraestructura, pero existen muchos otros sitios alternativos que ya la tienen. Cuba, en particular, está ahora comenzando una expansión significativa del inventario de habitaciones hoteleras para llegar a 110,000 adicionales en el 2030.
Para ser realistas, entonces, debemos preparar una estrategia (“plan b”) para el caso de que la inversión privada internacional no fluya. (La nacional es poco probable porque la tendencia ha sido abandonar el sector en los últimos años.) Debemos estar preparados para otorgar persuasivos incentivos que permitan captar las inversiones pioneras, preferentemente las de grandes hoteles y dar prioridad secundaria a las destinadas a fomentar el “turismo ecológico”. Es el turismo de masas lo que realmente puede detonar el desarrollo en toda la región. El ecoturismo es de poco volumen, requiere preparativos sofisticados y los atractivos naturales de la región son modestos cuando se comparan con destinos tales como Costa Rica, Venezuela, Colombia, Cuba y Panamá.
El más convincente incentivo y el primero que hay que ofertar, más allá de los contemplados en la actual Ley No.195-13 y fluyan de inmediato o no los inversionistas, es el del aeropuerto. La inversión inicial representa el riesgo principal para el Estado, pero es absolutamente necesaria. Es casi seguro que ningún inversionista –por más recursos que tenga—haría esa inversión, por más grande que sea su proyecto. El segundo cebo seria la donación de terrenos, los cuales representan entre un 20 y un 30% de la inversión total de cualquier proyecto turístico. En otros países los gobiernos los han regalado para convencer a los reticentes inversionistas y nosotros no debemos titubear si eso llega a ser necesario. De hecho se puede ir programando tres lotes de 100,000 metros cuadrados cada uno para cualquier inversionista, nacional o extranjero, que esté dispuesto a invertir en un hotel de no menos de 500 habitaciones en Cabo Rojo.
El tercer cebo es el de las concesiones especiales que solo el Presidente de la Republica puede otorgar. No debe titubearse si un proyecto apetecible requiere de una exención impositiva total por un periodo mucho mayor que el actualmente contemplado en la legislación de incentivos, tanto la de turismo como la fronteriza. Pero no debe descartarse otros incentivos de otra naturaleza. Lo que el Estado no debe dar son avales al financiamiento.
Mientras, el Gobierno debe darle una mano directa a la ciudad misma de Pedernales. Su Clúster Turístico tiene un plan estratégico de factura reciente que está enfocado en la creación de una ambientación urbana que complemente el desarrollo costero. Si ese plan se ejecutara –y su costo total no sobrepasa los US$10 millones—aumentaría sensiblemente el flujo turístico a la ciudad aun sin que lo de Cabo Rojo se materializara. De ahí que no deba verse este plan específico como parte del “plan b” del Gobierno, sino que debe ser parte de su “plan a”.
Este “plan b” debe ponerse en ejecución tan pronto falle el Tribunal Constitucional en favor del Estado. Por eso es aconsejable que el Gobierno abandone su intención de tomar otro préstamo al BID (de US$90 millones) para acicalar aún más a la Ciudad Colonial y destine esos fondos al anhelado desarrollo turístico de la región más pobre del país. Eso contribuiría mucho más a acercarnos a los anhelados diez millones de turistas que si se ofende el sentido de la equidad con una nueva inversión en la Ciudad Colonial.
