La titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, definió hoy como un “gran logro ciudadano” el hecho de que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia mantuviera algún tipo de medida de coerción en contra de los imputados del caso Odebrecht.

Guerrero Pelletier resaltó que esto se logró debido a que ese tribunal de alzada valoró que los indicios presentados por el Ministerio Público son contundentes, motivo por el cual también negó la solicitud de otorgar la libertad pura y simple a los implicados reclamantes.

La funcionaria se refirió a través de una nota de prensa, a la decisión de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia de mantener en prisión al empresario Ángel Rondón y al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, aunque varió las medidas de coerción que pesaban contra otros procesados.

La titular de la PEPCA destacó que asimismo, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), rechazó todas las objeciones presentadas por los abogados defensores de los involucrados contra las diligencias investigativas realizadas, incluyendo la petición de que fueran declarados ilegales los arrestos efectuados el pasado 29 de mayo.

La funcionaria dijo que una investigación preliminar, sobre todo de un caso de tanta complejidad y de dimensiones internacionales como el de los sobornos pagados en más de una decena de países por la multinacional Odebrecht, requiere de mucho tiempo y gran trabajo, destacando que precisamente una de las partes más difíciles es lograr mantener la imposición de medidas coercitivas contra los involucrados.

Guerrero Pelletier puso como ejemplo el caso de Brasil, donde para lograr avances sustanciales a las autoridades les tomó más de 3 años de investigación preparatoria, resaltando que en la República Dominicana lleva solo seis meses de indagatoria “y gracias al trabajo del Ministerio Público, hasta el momento ya hay unos 14 implicados señalados”.

Reiteró que las investigaciones preparatorias de este caso en el país continúan sin descanso para recabar evidencias adicionales a las que se poseen, así como también, con la finalidad de determinar en forma veraz si existen otras personas involucradas, para también ponerlas a disposición de la justicia.

En el marco de la apelación elevada contra la sentencia del juez de instrucción Francisco Ortega Polanco, el tribunal, presidido por la magistrada Miriam Germán Brito, cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario la medida de coerción impuesta al abogado Conrado Pitalluga.

Se ordenó la puesta en libertad, mediante el pago de una fianza de 15 millones de pesos como garantía económica, por nueve meses, del exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás; el ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Radhamés Segura; el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Andrés Bautista y el exdiputado Ruddy González.

También se varió la medida de coerción al ex vicepresidente de la CDEEE César Sánchez, quien de prisión preventiva pasa a estar en libertad mediante el pago de una fianza de 10 millones de pesos como garantía económica por nueve meses.

Además, el exdirector de la Empresa Generadora Hidroeléctrica (Egehid) Máximo D oleo, quedará en libertad a partid del pago de una fianza de 5 millones de pesos como garantía económica, por nueve meses.

En tanto que se ratificó la aplicación de una fianza e impedimento de salida del país para el expresidente de la Cámara de Diputados y actual legislador Alfredo Pacheco, del PRM.

La sentencia cuenta con el voto disidente “parcial” de los magistrados Hirohíto Reyes y Esther Agelán Casasnovas y el voto disidente total de la presidenta del tribunal Miriam Germán Brito.

 

Comments

comments