Sobornos pagados con sobornos. Por Cesar Paniagua 

Las autoridades dominicanas deben entender que la Marcha del 22 de Enero pasado significó el inicio del deseo que tienen los dominicanos de una República verdadera, una República en las cual ellos deben tenernos temor como ciudadanos a la hora de manejar el Estado, éste que ha sido tan atrofiado desde sus inicios hasta la actualidad y que por fin parece despertar de un largo letargo.

Nuestros gobernantes deben saber que no nos conformamos con que los sobornados aceptemos un pago que viene de los mismos sobornadores y que según he leído, fue por decisión suya y no de nuestras autoridades; la investigación nuestra debe determinar todo lo real del Convenio ODEBRECHT– Estado y cuáles fueron las autoridades que, basadas en el Poder, obtuvieron ganancias del mismo; en el proceso investigativo deben incluir además, se vaya dejando bajo medidas cautelares a los que el Ministerio Público considere culpables hasta determinar si merecerán sanción o no. El Ministerio Público debe significar Justicia para el pueblo y no un cohorte para el Palacio Nacional; una «Comisión de Notables», que desde el punto de vista de muchos dominicanos no es creíble, no debe determinar ni investigar nada, eso nos cuesta más impuestos a los que pagamos con nuestro sudor su desempeño, ya que esa «Comisión» cuesta mucho dinero al Estado y a la vez, representa muchos intereses para un grupo en cuestión en la misma investigación de los sobornos.

La Justicia y el Poder Ejecutivo deben ser firmes en los propósitos de la Nación y no permitir que un grupo sectario bajo el lema de varios partidos políticos, nos roben los recursos y pongan en evidencia carencias sociales que solamente ese mismo grupo no percibe. Para ellos todo está bien en la Administración Pública; se trabaja con la máxima norma moral en el manejo de los recursos; quienes se roban nuestro dinero a lo público, sin ningún tipo de etiqueta y protocolo, no deben ser juzgados ni sancionados, sino que los millones que sufrimos ese maltrato a los derechos que nos deben consagrar como sus empleadores, debemos dejarlo pasar por alto y adaptarnos a su cómodo vivir, mientras nosotros estamos jodidos todo el tiempo por ellos no poder ni querer administrar las cosas con buenas intenciones.

La Marcha ya le dijo un no al manejo temerario de nuestras autoridades, cuyo transitar ha sido como cualquier vehículo de una compañía que anda muy descontrolado en la vía pública, pero posee un letrero que dice donde llamar para reportar y buscar una sanción para el conductor, y que cuando esto ocurre, los administradores de estas compañías no le prestan ni la más mínima importancia a aquella denuncia ciudadana.

No queremos sobornos pagados con sobornos; queremos que todo el que esté implicado en estas actividades, ya sea que haya recibido soborno o que haya sobrevaluado obras, que es donde está el verdadero grosor del asunto, sea juzgado y condenado, y no condenas con paños tibios y medidas de coerción en la comodidad de sus casas; el caso ODEBRECHT debe significar un inicio en la modalidad de un trabajo judicial serio para la República Dominicana, y a partir de este, seguir indagando en los demás casos que también afectan nuestro desarrollo como nación.

Si ustedes como autoridades actuales no lo asumen así, el pueblo estará vigilante de sus actuaciones y que no les quede la menor duda: las sanciones de un pueblo son más drásticas que las sanciones de cualquier funcionario.

Santo Domingo, República Dominicana

25 de enero del 2017