La Cámara de Diputados fue apoderada de un proyecto de ley que busca imponer un 20 por ciento a las bebidas gaseosas, edulcoradas y energizantes y limita su embotellamiento a envases de 20 onzas, autoría del diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Puerto Plata Juan Carlos Quiñones.
El legislador explicó que este tipo de acciones tributarias pretenden desincentivar el consumo de bebidas que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), pueden afectar gravemente al ser humano.
“Las bebidas gaseosas y azucaradas no aportan beneficios para la salud y se constituyen como un factor determinante en el incremento de enfermedades como diabetes, obesidad e hipertensión arterial”, indica la propuesta del legislador que preside la comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Explicó el congresista que las personas que consumen una o más gaseosas por día, ya sea dietética o no, tienen 50 por ciento más de riesgo de desarrollar el síndrome metabólico que con el tiempo traerá enfermedades cardíacas, infartos y otras patologías.
El proyecto establece que con los recursos recaudados por la aplicación de este impuesto, se destinará el 15 por ciento para programas que crean y faciliten alternativas de cambio a la población, para lograr una programación permanente de los hábitos con relación al consumo de bebidas gaseosas del Ministerio de Salud Pública.
De igual manera, un cinco por ciento para que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales desarrolle políticas de concienciación ciudadana para el buen uso de desechos plásticos y de vidrios.
En su artículo 4, la iniciativa legislativa prohíbe a las empresas productoras de este tipo de líquido presentar comerciales cuando la audiencia infantil, en el caso de la televisión, supere el 35 por ciento. En esos horarios, siempre antes de las 9:00 de la noche, solo se hará alusión a las aguas, bebidas a base de cereal, jugos que no tienen 100 por ciento de frutas y los que tienen 12 por ciento de frutas. No se podrá vender refrescos en las escuelas, colegios e instituciones de educación primaria a niños menores de 12 años, sin el consentimiento expreso de sus padres.
