Mamar es uno de los goces más gratificantes. Supone un roce húmedo de las papilas linguales con un órgano blando, tibio y flácido. No siempre es un acto de mutua complacencia. En él participan un proveedor activo que liba y un agraciado pasivo que recibe la succión. Los mimos de la lengua sobre la piel son placenteros, aun más cuando se escurren por la topografía erógena del cuerpo. Mamar es un instinto primario del hombre; la lactancia, su primer apetito. El vocablo ha estirado su umbral semántico; es más que chupar. En nuestro folclor coloquial alude a la práctica del vividor, aquel que solo recibe sin aportar nada para merecerlo. En ese contexto, el “mamao” no es precisamente el beneficiario de una felación sino el tonto que se deja aprovechar. Tenemos un Estado abusivamente “mamao”, infestado de toda suerte de infuncionales. Y es que, sin haber comunismo ni economía centralizada, en la República Dominicana más del cuarenta por ciento de la población económicamente activa depende de alguna manera del Estado, que es el principal inversionista, comprador y constructor. Es igualmente el mayor empleador formal con una nómina estimada en poco más de setecientos mil trabajadores.

 

Somos de los países más pequeños del mundo con uno los Estados más grandes: el quinto en América Latina. A pesar de caber 175 veces en su territorio y contar con un cinco por ciento de su población, la República Dominicana tiene apenas dos ministerios menos que Brasil. Chile solo nos supera en uno. Los países pobres suelen tener las burocracias estatales más grandes y en consecuencia más corruptas. En Liechteinsten, por ejemplo, solo cinco personas componen el gabinete de ministros, mientras que en Madagascar hay dos ministerios de meteorología, en Guinea hay un Ministerio de Hospitalidad y en Sri Lanka un Ministerio del Buddha.

Cualquier gobierno que pretenda una gestión racional está compelido a revisar estructuralmente la Administración pública. Mantener los costes de ese armazón es demencial. Nuestros déficits presupuestarios y de pagos se verían generosamente impactados con la simplificación de la burocracia estatal.

Se impone suprimir cientos de instituciones duplicadas o superpuestas y entelequias deshuesadas mantenidas para justificar nóminas políticas. Se precisa desmontar cuentas publicitarias en instituciones que no prestan un servicio comercial o que por la naturaleza de sus actividades no necesiten campañas de educación, prevención o emergencia públicas. Son nichos infecciosos de corrupción. Los criterios de colocación de la publicidad gubernamental son fachadas que en el fondo responden a canonjías camufladas. Esa publicidad complaciente a favor de bocinas le cuesta al Estado más de diez millones de pesos diarios. La comunicación ha generado un nuevo pelaje de burgueses.

En la República Dominicana hay un funcionario activo por cada veintidós habitantes. Pese a eso, la calidad del servicio es de bajos estándares, con la honra de ocupar el segundo lugar en América Latina en sobornos, según la encuesta de Transparencia Internacional del año pasado. Por su opacidad, no se han podido cuantificar los ingresos disipados en la corrupción pública.

El gran salto competitivo de la República Dominicana no está en los discursillos empresariales, en simplificar los trámites burocráticos, en liberar los requisitos para la constitución de empresas, en agilizar los registros y permisos o en mejorar la eficiencia en las respuestas de las agencias gubernamentales, medidas que se entienden implícitas en las administraciones modernas. Esas son mejoras (todavía mantenidas como desafíos) que optimizan la imagen o sirven para escalar puestos en los índices globales de competitividad, pero no son orgánicas.

Los Estados funcionales han hecho la transición de la mano de los principios del buen gobierno corporativo, de los criterios de la eficiencia, de los controles de la calidad del servicio, de la incorporación de la tecnología y del desarrollo del talento competente. En un esquema de gestión tecnócrata, basado en el mérito y la oposición, no se explica racionalmente cómo un funcionario puede ocupar cuatro ministerios distintos en menos de cuatro años (Carlos Amarante Baret, para citar un caso); que un servidor público realice una actividad empresarial mientras lo sea (dieciséis ministros son a su vez empresarios) o que haya vínculos de parentesco entre funcionarios de una misma dependencia.

Durante los doce años de Balaguer existía la práctica del “macuteo” en los estamentos medios y bajos de la Administración pública. Esta era una prestación (“borona”) que debían pagar los administrados para la agilización de un trámite o la obtención de un permiso. Balaguer la legitimó para compensar los bajos salarios del sector público. El PRD siguió el mismo patrón burocrático y de “botellas”. Con el PLD la corrupción se afirmó como fenómeno complejo, costoso y sofisticado. Ya no se trata del mercadillo barato de pesitos traficados por debajo de los escritorios, sino de una poderosa industria del poder.

Cuando en su primera gestión Leonel Fernández aumentó los salarios de los servidores públicos se pensó que la medida era necesaria para desalentar la corrupción, pero ¡qué va!, después de esto aparecieron las formas más inauditas de depredación pública: las asesorías, las nominillas, los incentivos, las pensiones autorreguladas; luego vinieron los grandes negocios como las contratas de megaproyectos, las licitaciones arregladas, las comisiones de reverso, la autocontratación de obras y servicios a través de empresas vinculadas o de prestanombres, el nepotismo, las extorsiones y las más diversas formas asociativas con empresarios emergentes y tradicionales. En los gobiernos siguientes del PLD colapsaron todos los diques éticos. El poder se hizo negocio y robar una maldita cultura. Sobre esa premisa se armaron las alianzas políticas para el reparto de cuotas, se crearon nuevos consejos, dependencias, oficinas, consulados, programas. El Estado se convirtió en un monstruo de mil cabezas. Danilo, que vino con un discurso expectante de cambios, encumbró el modelo a escala sistémica. El Estado es hoy por hoy un coloso de barro que sostiene a una casta parasitaria cada vez más grande, vulgar y demandante.

Hoy nuestros impuestos sustentan los caprichos y lujos de una burocracia corrupta que paga a los oficiales que cuidan la casa de generales retirados o que sirven de choferes de funcionarios de tercera categoría, las cirugías estéticas de las amantes del Palacio, el fastuoso derroche del chapeo oficial, los viajes de las comitivas, las cuentas en restaurantes y toda la dolce vita del poder. Ese relato es una modesta muestra de incontables réplicas cuyos dispendios desfondan un Estado burdamente “mamao” plagado de toda suerte de alimañas.

Ya nos hartamos de que nos mamen. No aguantamos más esta cultura del festín; de ver, impasibles, cómo se hacen en días fortunas grandes e impunes; de tolerar el robo como habilidad socialmente meritoria y el cargo público como oportunidad para desvalijar. Las ubres del Estado, flácidas, rugosas y secas, apenas gotean. La voracidad de sus lactantes es carnicera. La leche ha perdido drenaje y en la forzosa succión se tinta de sangre. Son pirañas frenéticas. Extirparlas no será tarea de ilusos. Sigan creyendo…

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