La organización de periodismo de investigación peruana Convoca, ha sacado a la luz un artículo llamado «LAVA JATO: LAS DIFICULTADES PARA INVESTIGAR EL CASO EN 5 PAÍSES DE LATINOAMÉRICA». Uno de estos 5 países es República Dominicana, al cual le dedica varios párrafos con datos reveladores y a la vez preocupantes. En lo adelante citamos la parte del escrito referente a República Dominicana, donde utilizan como fuente a Alicia Ortega:
A cinco años del inicio de la operación Lava Jato en Brasil, cuyas consecuencias sigue remeciendo el continente americano y África, el proyecto Investiga Lava Jato busca responder cuáles son los obstáculos que ha encontrado el procurador de República Dominicana —donde hay indicios de pagos de sobornos a cambio de obras públicas — para abrir, desarrollar o profundizar los casos de corrupción de empresas brasileñas en este país.
El caso Odebretch en República Dominicana se desarrolla actualmente en la Suprema Corte de Justicia debido a que uno de los siete acusados, el senador Tommy Galán, tiene jurisdicción privilegiada y arrastró con él a los demás imputados en el proceso por presunta corrupción. Hace dos semanas se inició la lectura oficial de la acusación y la presentación de pruebas documentales para que el juez de la Instrucción Especial decida quién va al juicio de fondo.
Según expertos en la materia, varios obstáculos se avizoran como impedimentos para lograr condenas, a pesar de ser el país con el tercer monto más cuantioso en sobornos confesados por la constructora brasileña: 92 millones de dólares, entre 2001 y 2014. El 66% de esa cifra fue desembolsada, de acuerdo con los registros de Odebrecht, entre septiembre de 2012 y 2014.
El senador Tommy Galan del oficialista Partido de Liberación Dominicana (PLD) es uno de los acusados en el caso Odebrecht.
El actual presidente Danilo Medina tomó posesión en agosto de 2012 y designó a su gabinete, luego se reeligió en el 2016, nombró a Francisco Domínguez Brito Ministro de Medio Ambiente,quien entonces era Procurador y jefe del Ministerio Público. Al mismo tiempo nombró a Jean Alain Rodríguez Procurador y jefe del Ministerio Público. Precisamente, el procurador Jean Alain Rodríguez es el que encabeza las investigaciones del caso con un equipo de 16 fiscales, algunos muy capacitados, pero bajo el mando de un hombre del partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
En el acuerdo firmado entre Odebretch y el Estado dominicano se señala, entre otros puntos, que la empresa se compromete a la “identificación de los funcionarios sobornados en el país; y toda la información que conduzca a determinar coautores o cómplices”.
Los testimonios de ex directivos de la constructora, interrogados en Brasil por fiscales brasileños, no mencionan transacciones, ni personas en República Dominicana que hayan recibido el dinero. Las declaraciones son genéricas, no incriminan directamente a los acusados y, mayormente, solo indican que los contratos parecían fluir en el Congreso con la ayuda de algunos legisladores.
Otro factor que no ayuda al avance del caso es que los miembros del Ministerio Público no hicieron esfuerzo alguno por viajar a Brasil a realizar sus propios interrogatorios a los ex ejecutivos de Odebretch, mientras que fiscales de otros países como Perú y Colombia sí lo hicieron. Además, con la suscripción del acuerdo, también quedaron sellados todos los documentos en la justicia brasileña con respecto a República Dominicana.
Odebrecht envió transferencias por más de US$ 126 millones a las empresas de Ángel Rondón, su representante legal en República Dominicana.
Hasta la fecha, las autoridades solo cuentan con documentos de transferencias realizadas a las empresas del representante de Odebretch en la nación dominicana, Ángel Rondón, cuyas sumas ascienden a más de 126 millones de dólares. Sin embargo, no se ha exhibido ni una transferencia o intercambio de dinero entre Rondón y los acusados. El expediente, en la mayoría de los casos, se basa en un supuesto enriquecimiento ilícito, situación que abogados penalistas aseguran que tampoco se ha probado.
Después de ocho meses de investigaciones, el Ministerio Público depositó la acusación que se debate actualmente en la Suprema Corte y aun cuando salgan a florecer nuevos detalles del caso, el Código Penal dominicano impide que se incluyan en el referido expediente.
