En los últimos años la cantidad de denuncias de violaciones sexuales contra menores, que regularmente suceden en el ámbito familiar, se ha incrementado.
Durante el período 2014-2018, los tribunales de primera instancia registraron 2,936 salidas de casos de delitos sexuales contra menores de edad, no obstante, la cantidad de denuncias en ese periodo superaron las 19,000.
Esos datos de condenas representan un incremento de aproximadamente 44 por ciento en el año 2018, con 721 casos, en comparación con el año 2014, con 501. En ese cuatrienio las salidas de casos mayores fueron las de violación sexual, pues en 2014 fueron 249, en 2015, 234; en 2016, 211; en 2017, 310; mientras que en el 2018 fueron 365.
De acuerdo con registros de las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos de la Procuraduría General de la República, en 2017 y el primer trimestre del 2018, fueron recibidas 7,342 denuncias de abuso sexual infantil. En ese mismo período los tribunales de primera instancia registraron menos de 800 condenas de estos casos. De los 7,342 casos, un total de 2,383 corresponden a seducción de menores; 2,149 a agresión sexual; 1,525 a violación sexual; 550 a acoso sexual; y 268 a exhibicionismo.
Entre los datos más alarmantes de estos casos, están las de incesto, cuya cifra en 2017 aumentó en un 239% en relación con el 2016. Según el Informe Preliminar Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Procuraduría General de la República, en 2017 hubo 401 denuncias de incesto, mientras que en 2016 esa cifra fue de 168.
Santo Domingo fue entonces la provincia que encabezaba las Unidades Especializadas de Violencia de Género, pues registró 257, y en 2016 anterior 44. En el Distrito Nacional 22 en 2017, y 29 en el 2016. Mientras que en Santiago la Unidad recibió en el 2017 45 denuncias y 36 en el 2016.
En el 2016 fueron condenados 99 personas por ese delito, mientras que en el 2017 fueron sentenciadas 100. En el 2018 fueron sometidas a la justicia 106 personas.
Para este crimen, la justicia no prevé ningún tipo de atenuante. Lo que hace es sancionar con la máxima pena para las infracciones de esa naturaleza, equivalente a 20 años de prisión, y, lo que es más, castiga la tentativa como el hecho consumado.
Desde el 2014, la confianza en el sistema de justicia ha ido en declive. En ese mismo año, la encuesta Barómetro de las Américas reveló que solo el 38.5% de la población tenía confianza en el mismo, cifra mucho menor que el 46.7% que decía tener confianza en dicho sistema cuando esta encuesta comenzó a realizarse en el año 2004. En el 2019, de acuerdo con Latinobarómetro el nivel de confianza bajó a 21%.
Para enfrentar estos delitos, el sistema de justicia nacional cuenta con varias leyes que procuran eficientizar la protección de la niñez de la explotación sexual.
Entre estos están la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración de Estocolmo y la Agenda para la Acción, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, el Código para la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (Ley 137-03), el Código Penal de la República Dominicana, entre otros.
Sin embargo, para la Coalición ONG, aunque el país ha avanzado en la adopción de medidas para prevenir el abuso sexual infantil, el Estado debe fortalecer el Directorio Nacional del Sistema de Protección, así como la Oficina Nacional del Consejo Nacional para Niñez (Conani), que rige la Hoja de Ruta para la Prevención y Erradicación de la violencia contra infantes.
El grupo de 25 instituciones que conforman la Coalición advirtió que el Gobierno tiene una deuda de más de 30 años con la sociedad, ya que no ha sido capaz de afrontar la situación de unión temprana, embarazo adolescente y violación sexual.
