Manteniendo viva la censurable práctica de firmar contratos concebidos para cuestiones de interés nacional, específicamente por congresistas que recurren, sin titubear, a los golpes de “plumazos a ciegas” en las salas legislativas, el país contempla nueva vez un espectáculo de descrédito que ya hace sentir su caída de mal gusto y repudio en sectores de la población.
Se trata ahora de la confesión de diputados de que aprobaron y firmaron, sin haberlo leído, el contrato de fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC).
Uno de estos fue el diputado de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, quien expresó el pasado miércoles que sus compañeros de la Cámara Baja “no tuvieron tiempo” de estudiar el proyecto, destacando que este fue presentado con otro fideicomiso. “La verdad es que llegó muy rápido y no tuvimos el tiempo para analizarlo, además llegó acompañado de un proyecto que casi todos estábamos de acuerdo para su desarrollo que es el caso del fideicomiso de Pedernales”, declaró Maldonado.
Ya pasaron dos semanas desde que la Cámara de Diputados aprobó ese contrato, que luego fue remitido al Senado para que su conocimiento.
Luego de los diputados haber aprobado este acuerdo, la pieza legislativa recibió críticas de varios sectores, que alegan que el contrato conduce a la privatización de Punta Catalina.
Desde entonces, varios legisladores y partidos admitieron que no estudiaron a fondo el referido documento y explicaron que basaron sus votos a favor, alrededor de lo que contenía el informe favorable del proyecto.
Alianza País emitió un comunicado en el que se asegura que los legisladores de ese partido político votaron a favor de la aprobación del fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina porque, según el informe presentado sobre el proyecto, no se privatizará la termoeléctrica.
Igualmente, el partido hizo un llamado a los senadores para que devuelvan el contrato a la Cámara de Diputados, para que este sea revisado y modificado.
Luego de las críticas que recibió el contrato, por parte de la oposición, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Elías Báez, afirmó que todas las organizaciones políticas tenían acceso al contrato de fideicomiso de Punta Catalina desde octubre del año pasado.
