Las Oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral trabajaban bajo un régimen de discrecionalidad que beneficiaba a quienes dirigían esas entidades.
Roberto Rosario, pasado presidente de la Junta Central Electoral, explicó a Listín Diario que el oficial del Estado Civil era el que establecía el precio de las tasas, las cuales se cobraban por los servicios del Registro Civil. Además de cuánto se cobraba por documentos como actas de nacimiento, de matrimonio, y cuánto cobraba un oficial del Estado Civil por celebrar un matrimonio tanto dentro como fuera de la oficialía.
Además de ello el ex presidente de la entidad indicó que alrededor de las oficialías se crearon mafias desde alrededor de los años 80 y 90, en conjunto a empleados del interior de la Junta y personal del exterior, las cuales dificultaban el proceso de obtención de la documentación de las personas, extorsionaban a los ciudadanos y tardaban extensos periodos para entregar documentos.
En el año 2007 se sometió un reglamento al pleno de la JCE para que esta procediese a declarar esos ingresos como públicos. A partir de ese momento, el salario que recibía un el Oficial del Estado Civil pasaría a ser un salario que pagaría la JCE, contrario a como ocurría anteriormente que de todo lo ingresado a la oficialía se cubrían los costos de funcionamiento de la entidad y lo restante iba en beneficio a ese oficial.
El servidor público declaró que había alrededor de 30 o 40 Oficialías que tenían ingresos superiores al mes de más de RD$800,000 y, en algunos casos, superando los RD$2,000,000 mensuales.
Al momento de ponerse en marcha lo establecido por el reglamento sometido, el primer año se produjo un ingreso anual, por ese concepto, de RD$600 millones y al año 2016 ya esa cifra iba por RD$1,200 millones por esas actividades de autogestión.
FUENTE: LISTÍN DIARIO
