En un movimiento que ha captado la atención global, Pavel Durov, el CEO y cofundador de Telegram, fue detenido en Francia el pasado fin de semana bajo sospechas de no haber tomado medidas suficientes para evitar actividades criminales en la plataforma. La detención ha generado reacciones diversas y podría tener implicaciones significativas para la popular aplicación de mensajería.
En un giro inesperado, Pavel Durov, el millonario fundador de Telegram, fue arrestado en el aeropuerto de Le Bourget, cerca de París, el sábado por la noche. Durov, quien se encontraba viajando en su avión privado desde Azerbaiyán, fue detenido bajo un mandato de arresto relacionado con la falta de acción para prevenir actividades criminales en la plataforma de mensajería que él dirige.
Las autoridades francesas han señalado que la detención está vinculada a una investigación sobre delitos como el fraude, el tráfico de drogas, el acoso cibernético y la promoción del terrorismo, actividades que presuntamente se han llevado a cabo a través de Telegram. A pesar de que la compañía asegura cumplir con las leyes europeas, incluido el Acta de Servicios Digitales, y ha afirmado que Durov «no tiene nada que ocultar», su detención ha sido extendida hasta por 96 horas mientras continúan las investigaciones.
La reacción internacional no se hizo esperar. Desde Rusia, país de origen de Durov antes de trasladarse a Dubái, la embajada rusa en Francia ha exigido explicaciones y acceso consular, calificando la detención como un posible acto de censura.
Este evento pone en el centro del debate la política de privacidad de Telegram, conocida por su enfoque de moderación mínima, lo que ha permitido que la plataforma sea un espacio tanto para la libertad de expresión como para actividades ilícitas. El impacto de esta detención sobre el futuro de Telegram y su vasta comunidad global de usuarios será seguido de cerca en los próximos días.
La detención de Durov plantea preguntas críticas sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la prevención de delitos y podría marcar un precedente importante en la regulación de estas empresas a nivel global.
