Laura Acosta, abogada del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, denunció públicamente que no se le permitió acceder a la residencia del exfuncionario durante el allanamiento que se lleva a cabo en el lugar. Según la abogada, esta restricción constituye una violación a los derechos de Beras y a los principios legales establecidos.
Acosta relató que, al llegar a la residencia y solicitar acceso, el fiscal a cargo del operativo se negó a proporcionar su nombre y a permitirle el ingreso. «Solicité subir para asistir a mi cliente, pero el fiscal no solo se negó a darme su nombre, sino también a dejarme entrar. Posteriormente, un policía subió y nuevamente se me negó el acceso, a pesar de que la madre, el tío, la esposa y el propio Hugo Beras pidieron que me permitieran subir», explicó Acosta.
La abogada decidió hacer pública la situación a través de las redes sociales, con el propósito de documentar lo que calificó como una violación de los derechos de su cliente. «Lo único que habría hecho era revisar las órdenes de arresto y allanamiento, y asistirle legalmente. Sin embargo, no me han dejado siquiera hablar con él por teléfono», añadió.
Acosta calificó el acto como «completamente innecesario» y señaló que este tipo de acciones no solo vulneran los derechos del exfuncionario, sino que también contaminan el proceso judicial. La falta de transparencia y el impedimento a la defensa legal ponen en entredicho la legalidad del procedimiento llevado a cabo en la residencia de Beras.
