El Ministerio Público ha designado «Operación Camaleón» al operativo que llevó a cabo varios allanamientos y resultó en la detención de siete personas involucradas en supuestas irregularidades relacionadas con un contrato del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant) con la empresa Transcore Latam.
A través de un comunicado, el organismo anunció que en las próximas horas solicitará medidas de coerción contra los acusados, quienes estarían integrados en una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafas al Estado, falsificación de documentos, colusión de funcionarios, contrabando, comercio ilegal, sabotaje, ataques a infraestructuras críticas mediante alta tecnología y robo de identidad.
Entre los arrestados se encuentran Hugo Beras, exdirector del Intrant; José «Jochi» Gómez Canaán, uno de los propietarios de Transcore Latam; y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, quien ocupó el cargo de director de Tecnología de la Información y la Comunicación del Intrant hasta febrero de 2024. También fueron detenidos Frank R. Díaz, Pedro Vinicio Padovani, Juan Francisco Álvarez y Carlos José Peguero Vargas.
Los detenidos están actualmente en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional.
La Operación Camaleón, ejecutada en la noche del 2 de octubre de 2024, incluyó allanamientos en residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En la operación participaron alrededor de 170 miembros de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados en el crimen organizado.
Durante los allanamientos, se incautaron cientos de evidencias que respaldan las acusaciones del Ministerio Público, quien considera que este ha sido uno de los «más exitosos» operativos contra el crimen organizado, con procesos de análisis de evidencias que se extendieron por más de 12 horas.
«Los hechos que motivan las imputaciones incluyen un contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo; un contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, fechado el 23 de junio de 2020, que se utilizó para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado; y el sabotaje a la red semafórica ocurrido en agosto», se detalla en el comunicado de prensa.
