Falconbridge Dominicana S.A. enfrenta serias denuncias por incumplimientos laborales que han afectado a más de 370 empleados mensuales durante el 2024. Según los reportes, los trabajadores no han recibido sus salarios, seguros médicos ni aportes a la seguridad social, lo que ha generado una situación de desesperación e incertidumbre entre los afectados.
A la fecha, se alega que la empresa adeuda más de cinco quincenas de salarios. Además, los empleados habrían perdido el seguro médico complementario desde enero de 2024, mientras que el seguro básico no estaría vigente desde marzo. Pese a que las deducciones por seguridad social han continuado, se señala que Falconbridge no ha pagado su parte correspondiente desde abril. Estas acciones son descritas como infracciones graves, que podrían incluso calificarse como fraude según el Código Laboral Dominicano, lo que expondría a la gerencia y a los accionistas a consecuencias legales.
El impacto de estos presuntos incumplimientos no solo afecta la seguridad laboral de los empleados, sino también la economía de la provincia Monseñor Nouel, donde Falconbridge representa un 60% del PIB local. La situación ha generado preocupación sobre la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones y el posible riesgo para la estabilidad de la región.
Además, se han expresado quejas sobre un trato desigual entre empleados semanales y mensuales. Mientras que los 670 empleados semanales fueron desvinculados en mayo con sus prestaciones pagadas, los 370 empleados mensuales continúan sin recibir ese mismo trato, lo que podría representar una violación al principio de igualdad de trato y un acto de discriminación. Esta diferencia ha agudizado las tensiones entre los trabajadores y ha sido vista como una vulneración a sus derechos laborales.
Ante la posibilidad de una quiebra de Falconbridge Dominicana, la situación plantea serias interrogantes sobre el futuro de los trabajadores, los proveedores y la comunidad local, sugiriendo que una empresa extranjera podría estar vulnerando los derechos de los empleados sin que las autoridades intervengan de manera decisiva. Las consecuencias de esta situación podrían ser graves tanto para los empleados como para la economía de la región.
