Un tribunal peruano dictó 36 meses de prisión preventiva contra Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en Perú, por su presunta participación en el delito de colusión agravada en el caso del proyecto Gasoducto del Sur, adjudicado a la constructora brasileña durante el mandato del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), según una resolución judicial difundida este sábado.
El juez Leodán Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, aceptó la solicitud presentada por la fiscal Geovanna Mori, responsable del caso que involucra a Humala, su esposa Nadine Heredia y otros acusados, señalados por supuestamente recibir cuantiosos aportes de Odebrecht para sus campañas electorales.
De acuerdo con la resolución, difundida por medios locales, la prisión preventiva entrará en vigor cuando Barata, quien reside en Brasil, se entregue a la Policía Internacional (Interpol) o a las autoridades peruanas a través de un proceso de extradición.
El juez otorgó a Barata un plazo de diez días para presentarse ante el juzgado y cumplir la medida. En caso contrario, se solicitará a Interpol su localización para ejecutar la orden de prisión preventiva.
El magistrado fundamentó su decisión en una “sospecha fuerte” sobre la implicación de Barata en «seis actos de colusión agravada», vinculados a los proyectos Kuntur y Gasoducto del Sur. Según Ayala, desde la ejecución del primer proyecto hasta la adjudicación del segundo, se habría consolidado una colusión entre Barata, como representante de Odebrecht, y Humala y Heredia, con el objetivo de defraudar al Estado peruano en beneficio de sus propios intereses.
El tribunal señaló que la prisión preventiva es indispensable, ya que no existen medidas alternativas igual de efectivas para garantizar la presencia de Barata en el proceso, dado que reside fuera de la jurisdicción peruana.
Barata mantenía un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía peruana, en el cual admitió haber entregado aportes ilegales a las campañas de los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García, en el marco del caso Lava Jato. No obstante, dicho acuerdo fue anulado en junio pasado tras su negativa a testificar en el juicio contra Humala.
Por su parte, Humala y Heredia enfrentan otro proceso judicial por los aportes de Odebrecht y otros donantes a sus campañas de 2006 y 2011, por lo que se solicita para ellos penas de 20 y 26 años de prisión, respectivamente, por presunto lavado de activos.
