El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) anunció la disponibilidad de RD$300 millones para la Procuraduría General de la República, destinados a la instalación de bloqueadores de señal en las cárceles del país.
En su sesión 036-2025, celebrada el pasado jueves, el Consejo Directivo de Indotel aprobó el financiamiento necesario para este proyecto, con el objetivo de fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios a través de tecnología avanzada.
Un comunicado oficial destaca que esta asignación reafirma el compromiso de Indotel con la creación de un entorno digital seguro, priorizando la implementación de medidas tecnológicas que contribuyan a reducir los delitos cometidos desde las cárceles.
En una misiva dirigida a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, el presidente de Indotel, Nelson Gómez Mazara, explicó que la medida se toma como respuesta a alarmantes estadísticas que reflejan el uso de teléfonos móviles desde las cárceles para realizar actividades delictivas.
“El 90% de las llamadas fraudulentas se originan desde centros penitenciarios. Además, estamos lanzando una campaña educativa para alertar a la población sobre este tipo de fraudes telefónicos”, señaló Gómez Mazara en su carta.
Para garantizar la correcta administración de los recursos, Indotel ha solicitado a la Dirección General de Presupuesto supervisar el uso de los fondos, asegurando transparencia y eficiencia en la ejecución del proyecto. La Procuraduría será responsable de la licitación para adquirir los equipos de bloqueo de señal, mientras que Indotel proporcionará los recursos necesarios.
El proyecto comenzará con la instalación de bloqueadores en cuatro cárceles clave: El Pino, en La Vega; el Centro de Corrección y Rehabilitación del 15 de Azua; Anamuya, en Higüey; y el recinto penitenciario de Santiago, elegidos por la alta frecuencia de delitos cibernéticos relacionados con el uso de teléfonos móviles en estas instalaciones.
Con la implementación de los bloqueadores de señal, se busca garantizar tanto la seguridad digital como la seguridad nacional, impidiendo que los internos utilicen dispositivos móviles para realizar actividades ilícitas como fraudes y extorsiones, que afectan gravemente a ciudadanos y empresas en todo el país.
El uso indebido de teléfonos móviles en las cárceles ha sido identificado como un factor clave en la realización de fraudes electrónicos, y más del 85% de estas llamadas provienen de centros penitenciarios. Esta iniciativa tiene como objetivo enfrentar directamente este problema creciente.
