Recientemente, los empleados de la Maternidad de Los Mina han sido sorprendidos por una solicitud inusual: la presentación de las facturas de luz y agua. Esta medida, que según la comunicación interna de la institución, obedece a una disposición oficial del Ministerio de Administración Pública (MAP), ha causado desconcierto y preocupación entre los trabajadores.
La carta emitida por la administración de la Maternidad de Los Mina señala que, de acuerdo con la Circular 018031, fechada el 31 de octubre de 2024, todos los empleados deben entregar copias de los contratos de servicios de energía eléctrica y agua. La solicitud de estos documentos, se argumenta, forma parte de un proceso de recopilación de datos sobre el cumplimiento de pagos de estos servicios por parte de los empleados del Estado. Según la circular, esta medida debe ser implementada por los departamentos de Recursos Humanos de las instituciones gubernamentales.
A pesar de esta solicitud, el gobierno ha aclarado que dicha recopilación de datos no es obligatoria para los empleados y que la entrega de las facturas debe ser voluntaria. Sin embargo, la carta enviada a los trabajadores de la Maternidad de Los Mina establece que los documentos deberán ser entregados en un plazo de 10 días laborables. En caso de que algún empleado no tenga los servicios a su nombre, deberá indicar a nombre de qué familiar están registrados los servicios y si se cumple con el pago de los mismos.
Este requerimiento ha generado confusión, ya que, aunque el gobierno ha señalado que la medida no es obligatoria, los empleados de la Maternidad de Los Mina se sienten presionados a cumplir con la solicitud bajo la advertencia de que debe ser entregada dentro del plazo estipulado.
Por lo tanto, la situación ha generado un debate sobre el alcance de la circular del MAP y si las instituciones públicas tienen la facultad de exigir estos documentos, a pesar de que la misma circular establece que el proceso debe ser de carácter voluntario.
Los empleados de la Maternidad de Los Mina ahora esperan que las autoridades aclaren la situación, ya que, en muchos casos, la presentación de las facturas de servicios públicos no suele ser un requisito dentro de las políticas laborales del gobierno, y los trabajadores se sienten inseguros sobre las implicaciones que esta solicitud pueda tener en sus condiciones laborales.
