Este viernes, la perito Estairy Pérez López, quien actuó como testigo del Ministerio Público, reveló ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que la empresa Domedical Supply, vinculada a Juan Alexis Medina Sánchez, comercializó al Estado dominicano equipos médicos con una sobrevaloración que superó los 500 millones de pesos.
Pérez López basó sus declaraciones en los resultados de una auditoría realizada a la mencionada empresa, en la que se identificaron prácticas irregulares que habrían ocasionado un grave perjuicio económico al país. La auditoría también señaló que los hospitales que recibieron estos equipos no contaban con las condiciones necesarias para su instalación, lo que dejó al descubierto una doble responsabilidad: por un lado, la empresa Domedical Supply, por no garantizar la correcta instalación, y por otro, los centros hospitalarios, por no disponer de los espacios adecuados para su uso.
Además, el 14 de octubre pasado, el exencargado de cubicaciones de la OISOE, Wilfredo González, testificó que recibió pagos de soborno por parte de Domedical Supply S.R.L. y su representante, José Dolores Santana, en relación con estos contratos.
Estos testimonios refuerzan las acusaciones de corrupción durante la gestión pasada, en la que se alega que millones de pesos fueron desviados de los fondos públicos a través de contratos irregulares con la mencionada empresa.
El caso involucra a varios imputados, incluidos Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magaly Medina Sánchez, quienes enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, lavado de activos y corrupción. Otros implicados en el proceso son el exministro de Salud Pública, Lorenzo -Freddy- Hidalgo, así como figuras como Carlos José Alarcón, Aquiles Cristofer, Antonio Florentino, Rigoberto Alcántara Batista, Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa, Libni Valenzuela, Francisco Brea, Víctor Encarnación Montero, Lina Ercilia Vargas, Pacristy Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca, Paola Molina, Fernando Rosa, Wacal Vernabel Méndez, Rafael Antonino Germosén Andújar, José Miguel Genao y la empresa Editorama.
Este caso pone de manifiesto la gravedad de los actos de corrupción que habrían ocurrido en las altas esferas gubernamentales, mientras el Ministerio Público continúa reuniendo pruebas para sustentar su acusación.
