La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, aprobó una ley que impone severas penas a quienes promuevan o respalden sanciones internacionales, desconozcan las instituciones estatales o actúen en contra de la soberanía e integridad territorial.
Este nuevo marco legal, que ha generado controversia, apunta principalmente a líderes opositores que han respaldado sanciones económicas con el objetivo de presionar al gobierno a entablar negociaciones. Las acciones tipificadas en la ley se consideran crímenes de lesa humanidad, habilitando el enjuiciamiento de quienes las promuevan o respalden.
Entre las medidas establecidas, se incluyen inhabilitaciones para ocupar cargos públicos por 60 años, la destitución, confiscación de bienes y la posibilidad de realizar juicios en ausencia. Además, se contemplan penas de entre 25 y 30 años de prisión para aquellos involucrados en “actos de agresión” contra el país.
A pesar de las críticas de sectores opositores y organizaciones de derechos humanos, la ley fue aprobada en segunda discusión y será remitida al Tribunal Supremo de Justicia, considerado afín al gobierno, para evaluar su constitucionalidad. Posteriormente, será promulgada por el presidente Nicolás Maduro y publicada en la Gaceta Oficial.
El contexto internacional también ha influido en esta legislación. Su aprobación llega después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos respaldara un proyecto para restringir relaciones comerciales con empresas vinculadas a Venezuela. Nicolás Maduro defendió la ley, afirmando que busca proteger al país de acciones extranjeras que considera dañinas.
Tensiones políticas y persecución a la oposición
El gobierno ha intensificado sus acciones contra opositores, incluyendo a María Corina Machado, quien enfrenta una nueva investigación por “traición a la patria” tras respaldar medidas internacionales contra el régimen. Esta acusación ha sido interpretada por opositores como un intento de silenciar a una de las figuras más destacadas de la disidencia política.
Edmundo González, líder opositor exiliado en España, condenó las acusaciones contra Machado, calificándolas de ataques contra la voluntad popular. González, reconocido por Estados Unidos como presidente electo de Venezuela, señaló que estas medidas reflejan el temor del gobierno ante una creciente oposición.
Machado, actualmente en la clandestinidad, también enfrenta cargos por supuesta instigación a la insurrección en relación con las protestas posteriores a las elecciones. La situación evidencia la creciente tensión en un país marcado por una profunda crisis política, social y económica.
