El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha dado a conocer este martes su intención de impulsar una reforma migratoria que incluirá el cobro a extranjeros por servicios de salud y educación universitaria, además de ampliar los delitos que impedirán el ingreso al país.
«Proponemos ajustes en el régimen migratorio para garantizar un país más ordenado, que proteja sus fronteras y a sus ciudadanos», declaró Manuel Adorni, portavoz presidencial, en una rueda de prensa desde la Casa Rosada.
Entre las medidas destacadas, Adorni señaló que las universidades públicas podrían empezar a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. Esto generaría nuevos ingresos para las instituciones educativas, permitiéndoles autofinanciarse con los recursos aportados por este grupo. Según cifras oficiales, hasta un tercio de los estudiantes de Medicina en Argentina provienen del extranjero.
En el ámbito sanitario, el Gobierno también busca eliminar la gratuidad de la atención médica para extranjeros. Adorni citó el caso de la provincia de Salta, donde una medida similar redujo en un 95% la atención a pacientes extranjeros y generó un ahorro de 60 millones de pesos. «Esto no solo reduce costos, sino que mejora el acceso a la salud para los argentinos, poniendo fin al fenómeno conocido como ‘turismo de salud'», explicó.
La reforma incluirá además una ampliación del listado de delitos que impedirían el reingreso de extranjeros o justificarían su expulsión. Adorni afirmó que quienes sean sorprendidos cometiendo delitos o violando el orden democrático serán expulsados de manera inmediata, con prohibición de retorno al país. Asimismo, aquellos que incumplan esta prohibición enfrentarán penas de prisión.
«Es hora de que los que vienen a hacer daño se queden al otro lado de la frontera. En Argentina, no hay lugar para los oportunistas ni los malhechores», concluyó el portavoz presidencial.
