Santo Domingo Este.- La Alcaldía de Santo Domingo Este ha generado controversia tras anunciar la implementación de un nuevo impuesto de mil pesos a todos los motoristas que circulen dentro del municipio. La medida, que comenzaría a aplicarse el 13 de enero, ha sido calificada como un «asalto» a los derechos de los motoristas, según denuncias de Misael Lachapel, representante de este sector.
El impuesto, bajo el lema ¡Asegura tu derecho a transitar!, se presentaría como una forma de regulación para los motoristas. Sin embargo, expertos legales han señalado que esta iniciativa podría estar violando la Ley 166-97, que establece que solo la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tiene la facultad de cobrar impuestos relacionados con la circulación vehicular.
La medida ha sido criticada por considerarse una usurpación de funciones por parte del alcalde Manuel Jiménez, quien ha decidido imponer el cobro del tributo a los motoristas, en lo que muchos consideran una acción arbitraria. De acuerdo con los especialistas, el uso del término «transitar» en lugar de «circular» es una maniobra para disfrazar el cobro de un impuesto que está bajo la competencia exclusiva de la DGII. Este cambio en la terminología se presenta como un intento de eludir la ley vigente.
La imposición de este impuesto afectaría a más de cien mil motoristas que transitan diariamente por las calles de Santo Domingo Este, un sector laboral clave en la economía del municipio, pues muchos de estos conductores se desempeñan en trabajos como Uber Moto, entregas de productos y servicios de mensajería. A pesar de la mala imagen que a veces se asocia a los motoristas debido a incidentes de robos y conducción imprudente, la gran mayoría de los mismos son ciudadanos honrados que dependen de sus motocicletas para generar sus ingresos.
Ante esta situación, se ha solicitado a los regidores y legisladores del municipio que impidan la implementación de este impuesto, argumentando que se trata de una violación a los derechos de los motoristas y una invasión a las competencias de la DGII. Los representantes del sector motorizado instan a la Alcaldía a reconsiderar la medida, al considerar que esta afectaría gravemente a los trabajadores de este sector, quienes ya enfrentan diversas dificultades económicas.
La controversia generada por esta decisión resalta la necesidad de un diálogo más amplio entre las autoridades locales y los sectores afectados para evitar imposiciones fiscales que agraven la situación de los ciudadanos más vulnerables.
