SANTO DOMINGO. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) otorgó un plazo de 30 días para que los operadores de los canales de televisión 7, en banda VHF, y 21, en UHF, ajusten su composición accionaria a lo dispuesto por la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, que exige que las concesiones sean controladas mayoritariamente por ciudadanos dominicanos o extranjeros nacionalizados.
Según un comunicado oficial emitido este domingo, las acciones mayoritarias de los canales 7 y 21 pertenecen a empresas extranjeras con sede en las Islas Vírgenes Británicas y en Bahamas. Específicamente, las compañías Interamerica Broadcasting & Production Company S.A. (IBPC) y Trendy, S.A.S. operan las señales que en el país transmiten como Antena 7.
Reclamo de Adocco
Esta decisión de Indotel surge a raíz de una solicitud hecha en 2024 por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), que instó a la revocación de las concesiones otorgadas a las empresas extranjeras que controlan los canales. No obstante, Indotel rechazó la cancelación de las licencias, pero les concedió un plazo de 30 días para regularizar su situación.
Adocco argumentó que la composición accionaria de las concesionarias contraviene la legislación dominicana, que establece que el control mayoritario debe recaer en nacionales.
Estructura accionaria
En su defensa, las empresas IBPC y Trendy admitieron que el control de sus operaciones recae en Inter-Antena Holding Company (IAHC), una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas. IAHC es, a su vez, propiedad de Eikton Investment, Inc., con un 47.5 % de las acciones, y Vilto Investments, S.A.S., con el restante 40 %.
De manera más amplia, el comunicado de Indotel señaló que el 60 % de las acciones de la operadora están bajo control de Nelleville Investments Limited, registrada en Bahamas, mientras que Vilto Incorporated, S.A.S., domiciliada en República Dominicana, posee el 40 % restante.
Decisión de Indotel
Indotel indicó que IBPC y Trendy rechazaron la petición de Adocco para revocar sus licencias de operación, lo que fue respaldado por el organismo regulador. Sin embargo, el ente estableció un plazo de 30 días para que ambas compañías ajusten su composición accionaria y cumplan con la legislación dominicana.
La Ley 153-98 otorga al Estado la facultad de conceder licencias para operar medios de comunicación, pero no permite que estas sean controladas mayoritariamente por compañías extranjeras.
Impacto y cumplimiento
La resolución marca un precedente importante en la regulación de las telecomunicaciones en República Dominicana, subrayando la necesidad de que los medios de comunicación con concesión estatal cumplan con las leyes locales. Indotel advirtió que, en caso de incumplimiento, se tomarán medidas adicionales para garantizar el respeto a la normativa vigente.
El plazo otorgado genera expectativa en el sector, mientras los operadores deberán decidir si reestructuran su composición accionaria o enfrentan sanciones legales.
