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miércoles, enero 22, 2025

Depositan querella penal contra ministro Carlos Bonilla y director del IAD; los acusan de construir 43 edificios en propiedad privada sin pagar valor del mercado

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República Dominicana. Ha salido a la luz un caso de terrenos en litis ubicados Santiago con la formalización de una querella penal en contra del Ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVED), Carlos Alberto Bonilla Sánchez, y el Director General del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Francisco Guillermo García García.

La querella gira en torno a terrenos utilizados para la construcción de 43 edificios con más de 3,000 apartamentos, señalando que no hubo una indemnización adecuada a los propietarios originales.

Según la denuncia, estos terrenos, valorados en más de 100 millones de pesos, han sido objeto de apropiación por parte del gobierno sin respetar el justo valor de mercado. Alegan que el Estado ofrece sólo el 50% de su precio.

Los querellantes alegan que las acciones de los acusados violan derechos fundamentales y normas legales, incluidas disposiciones sobre expropiaciones estatales y la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos.

En la querella penal con constitución en actor civil, presentada ante la Procuradora General de la República Dominicana, la magistrada Miriam Germán Brito, los querellantes, Socorro Caridad Peralta de la Rosa y Roberto Peralta Collado, únicos herederos legales de Eduvige Peralta, acusan a los funcionarios por los delitos de abuso de autoridad, asociación de malhechores y violación de propiedad privada, conforme al Código Penal Dominicano y otras normativas específicas.

En el documento, los abogados firmantes, Licdo. José Ernesto Pérez Morales y Licda. Yadira Josefina Federo Núñez, solicitan a la magistrada Germán Brito que remita la querella al magistrado Luis Henry Molina, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, para que se designe un juez de instrucción que conozca el caso.

Este caso, además de tratarse de una acusación sobre violación de propiedad privada, pone en evidencia supuestas irregularidades en los procesos administrativos y legales que deben regir las expropiaciones en el país.

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