Washington D.C. — El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, revocó este miércoles la extensión del Estatuto de Protección Temporal (TPS) que beneficiaba a más de 600.000 migrantes venezolanos, según un reporte exclusivo de The New York Times. La medida, ordenada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anula la prórroga de 18 meses aprobada el pasado 10 de enero por el Gobierno de Joe Biden, dejando a cientos de miles de personas en riesgo inmediato de deportación.
Un giro abrupto en política migratoria
El TPS es un mecanismo humanitario que permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados o desastres naturales residir y trabajar legalmente en EE.UU. hasta que las condiciones en sus naciones mejoren. Bajo la administración Biden, el programa fue extendido hasta octubre de 2026 para venezolanos que llegaron antes del 31 de julio de 2023, argumentando la persistencia de una «grave emergencia humanitaria» en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Sin embargo, la orden firmada por Noem —aún no publicada oficialmente— elimina esta extensión, según el diario neoyorquino, que afirma tener acceso al documento. La decisión afecta a migrantes que, tras años de huir de la crisis política, económica y social en Venezuela, creían contar con un respiro migratorio. Ahora, no solo pierden su protección contra la deportación, sino también sus permisos de trabajo, esenciales para su subsistencia.
Contexto político: elecciones en Venezuela y presión republicana
La medida llega en un momento de alta tensión entre Washington y Caracas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extendió originalmente el TPS el mismo día en que Maduro asumió un controvertido nuevo mandato (10 de enero), tras elecciones del 28 de julio de 2023 que la oposición venezolana y parte de la comunidad internacional calificaron de fraudulentas. El Gobierno de Trump, que reconoce al opositor Edmundo González Urrutia como «presidente electo» de Venezuela, ha mantenido una línea dura contra Maduro, pero también contra la migración irregular.
The New York Times subraya que Trump, en su primer mandato (2017-2021), intentó eliminar el TPS para nacionales de Haití, El Salvador y Sudán, aunque tribunales bloquearon sus esfuerzos. Ahora, republicanos críticos del programa argumentan que este se ha desviado de su objetivo original de ofrecer «refugio temporal», convirtiéndose en una vía hacia la residencia permanente.
Impacto humano: incertidumbre y desprotección
La revocatoria del TPS deja en el limbo a cientos de miles de venezolanos que, durante años, han contribuido a la economía estadounidense con permisos laborales legales. Muchos llegaron escapando de la hiperinflación, la escasez de medicinas y la represión política. «Es un golpe devastador. Pensé que por fin podría estabilizar a mi familia», dijo María González (nombre cambiado), una madre de tres hijos que trabaja en Florida como enfermera.
Organizaciones proinmigrantes ya han anunciado movilizaciones. «Esta decisión ignora la realidad en Venezuela. Devolver a personas a un país en colapso es inhumano», declaró José Pérez, director de la Coalición por los Derechos de Migrantes Venezolanos.
¿Qué sigue?
Aunque la orden aún no es pública, se espera que enfrentará desafíos legales. Grupos de defensa podrían apelar ante cortes federales, como ocurrió durante el primer gobierno de Trump. Mientras, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido un comunicado oficial, pero fuentes cercanas al tema sugieren que la medida forma parte de una estrategia más amplia para reducir la migración irregular, sin distinciones por nacionalidad.
Mientras tanto, los venezolanos afectados —incluyendo a quienes huyeron antes de julio de 2023 y no tienen antecedentes penales graves— deberán prepararse para un futuro incierto. Para muchos, el sueño de regularizar su estatus migratorio se desvanece, y el temor a la deportación regresa.
Consecuencias regionales
La decisión también podría tensionar las relaciones con líderes latinoamericanos que han abogado por proteger a los migrantes venezolanos. Además, plantea interrogantes sobre el futuro de otros grupos bajo el TPS, como haitianos y centroamericanos, en medio de una campaña electoral donde la inmigración es tema central.
