Santo Domingo.– En un movimiento que marca un nuevo giro en las tensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, el gobierno del expresidente Donald Trump ha anunciado la intención de confiscar un segundo avión vinculado al régimen de Nicolás Maduro. El avión, que actualmente se encuentra en territorio dominicano, ha sido objeto de controversia y sus implicaciones van más allá de la simple confiscación de bienes. Este acontecimiento tiene el potencial de generar nuevas fricciones en la región, particularmente entre la República Dominicana y los intereses geopolíticos de los Estados Unidos.
El anuncio formal de esta incautación se hará el próximo jueves, durante la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a Santo Domingo, última parada de su gira por cinco naciones de América Central. Según fuentes cercanas al Departamento de Estado, el proceso de incautación ha requerido una serie de pasos administrativos, incluyendo la firma de una solicitud para la exención de la congelación de la ayuda extranjera, a fin de cubrir los costos relacionados con el almacenamiento y mantenimiento del avión, que superan los 230,000 dólares. Esta solicitud fue aprobada la semana pasada, y se espera que el propio Rubio haga el anuncio en lo que la oficina estadounidense ha calificado como un “compromiso de aplicación de la ley”.
El incidente se enmarca dentro de la política de máxima presión que Estados Unidos ha ejercido sobre el gobierno venezolano, buscando aislar al régimen de Maduro y limitar sus fuentes de ingresos. En los últimos años, Estados Unidos ha implementado una serie de sanciones económicas, incluyendo medidas que afectan directamente los activos venezolanos en territorio internacional. La incautación de aviones y otros bienes pertenecientes a funcionarios del régimen de Maduro es una estrategia adicional para debilitar la capacidad de la administración venezolana para operar en el exterior.
Desde la perspectiva de la República Dominicana, este hecho representa un desafío diplomático considerable. Aunque el país ha mantenido una postura de respeto a la soberanía nacional, la presión internacional sobre la administración de Luis Abinader aumenta a medida que se intensifican las acciones de los Estados Unidos en la región. Si bien el gobierno dominicano ha mostrado una actitud prudente frente a las sanciones impuestas por Washington, este tipo de medidas podría tensar aún más la relación bilateral, especialmente en un contexto regional donde las alianzas políticas y económicas juegan un papel crucial.
El impacto de la incautación se extiende más allá de lo puramente diplomático. En un momento en que los países latinoamericanos enfrentan una creciente polarización política, la acción de Estados Unidos podría ser vista como una intervención directa en los asuntos internos de Venezuela y, por ende, como una señal para otros gobiernos de la región sobre las consecuencias de apoyar a gobiernos considerados no democráticos por la administración de Trump.
El gobierno dominicano, que hasta ahora ha logrado navegar entre las aguas de la diplomacia internacional sin tomar posturas definitivas, se encuentra ante un momento crucial. El curso de sus decisiones podría tener un impacto en su relación con grandes potencias como Estados Unidos y, al mismo tiempo, influir en su posición dentro de los foros multilaterales de la región. A medida que se acerque el día del anuncio de Rubio, el país se enfrenta al reto de equilibrar sus intereses internos con las presiones externas que, como se ha visto en el pasado, no siempre permiten una solución pacífica a las tensiones geopolíticas.
Este nuevo episodio de la saga política entre Estados Unidos y Venezuela, con el trasfondo de la incautación de bienes en suelo dominicano, refleja el complejo panorama en el que República Dominicana debe maniobrar. Con su tradicional enfoque pragmático, el país deberá evaluar cuidadosamente las repercusiones de este conflicto internacional sobre su propia estabilidad y relaciones exteriores.
