Múnich, Alemania. La crisis en Haití sigue escalando a niveles alarmantes, mientras la comunidad internacional enfrenta el desafío de responder con eficacia a una situación que, lejos de mejorar, se agrava día tras día. En el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, enfatizó la necesidad de identificar a los responsables detrás del caos que azota al país caribeño, así como de rastrear el flujo de dinero que financia a las bandas armadas.
«Es evidente que hay intereses creados en mantener esta situación, y debemos investigar y seguir el flujo de dinero para hacer que los responsables rindan cuentas», sostuvo Türk, destacando la urgencia de un enfoque integral y una mayor coordinación internacional para atender la crisis. Su declaración tuvo lugar en un coloquio donde también participaron el canciller de Costa Rica, Arnoldo André, y la exministra de Exteriores de Panamá, Erika Mouynes.
Uno de los puntos más críticos abordados en la conferencia fue el acceso a armas por parte de las pandillas haitianas. Türk recordó que Naciones Unidas ha impuesto un embargo de armas a Haití, pero alertó sobre el origen del armamento que llega al país. «Haití no produce armas, estas vienen principalmente de los Estados Unidos y también entran por la República Dominicana. Hay que detener a quienes se benefician del tráfico de armas», afirmó el diplomático.
La declaración reaviva las preocupaciones en Santo Domingo sobre el impacto de la crisis haitiana en la seguridad fronteriza y la responsabilidad de evitar que el tráfico ilegal de armas continúe desestabilizando la región. En un país donde las bandas criminales controlan cerca del 85 % de Puerto Príncipe, según reportes de la ONU, el armamento sofisticado en manos de estos grupos es un factor clave en el incremento de la violencia.
El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, calificó a Haití como un «Estado fallido» en el que las estructuras republicanas han colapsado. Según André, la presión sobre la población haitiana es insostenible, lo que ha provocado una migración descontrolada hacia países como Costa Rica, Panamá y otras naciones centroamericanas.
«El país que más sufre la crisis de Haití es la República Dominicana, su vecino directo. Es la República Dominicana la que constantemente toma la iniciativa de alertar al mundo sobre lo que está sucediendo», agregó el diplomático.
El gobierno dominicano ha insistido reiteradamente en la urgencia de una intervención internacional efectiva que ayude a restaurar el orden en Haití y frene las consecuencias de una crisis que impacta directamente en la seguridad y economía de la isla compartida. Mientras tanto, las restricciones migratorias y las medidas de seguridad fronteriza han sido reforzadas por las autoridades dominicanas, aunque sin una solución estructural en el horizonte.
La exministra de Exteriores de Panamá, Erika Mouynes, aportó una perspectiva crítica sobre los intereses económicos vinculados al desorden en Haití. «Las familias económicas dominantes de Haití viven en el extranjero, principalmente en Miami o en lugares petroleros. Simplemente entran y salen volando, y detrás de todo esto siempre hay un negocio. Son las bandas de narcotraficantes y los traficantes de armas quienes hacen dinero con esta situación», señaló.
Mouynes también destacó que, si bien hay haitianos en el extranjero comprometidos con el bienestar de su país, la falta de una estrategia clara para canalizar su apoyo dificulta cualquier esfuerzo de reconstrucción. Las remesas siguen siendo una de las principales fuentes de ingresos del país, pero no bastan para frenar el deterioro social y económico.
Las cifras recopiladas por la ONU reflejan la magnitud del desastre humanitario: solo en 2024, al menos 5,626 personas han muerto como consecuencia de la violencia de las bandas criminales, 2,213 han resultado heridas y 1,494 han sido secuestradas. Mientras tanto, los desplazamientos forzados han superado el millón de personas, de las cuales más de la mitad son niños.
A mediados de esta semana, las bandas incendiaron el Hospital General de Puerto Príncipe, un acto que evidencia el nivel de brutalidad con el que operan. Ante este escenario, la comunidad internacional enfrenta un reto ineludible: traducir las declaraciones en acciones concretas que conduzcan a la estabilidad de Haití.
La República Dominicana, por su condición de país vecino y principal receptor del impacto de la crisis, continuará siendo una voz clave en los foros internacionales. Sin embargo, sin una respuesta firme de la comunidad internacional, la situación podría deteriorarse aún más, con repercusiones inevitables para toda la región.
