Allanamientos en Navarrete generan interrogantes sobre represión a dirigentes populares
Somos Pueblo. – En la madrugada de este viernes, agentes del Departamento de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional realizaron una serie de allanamientos en el municipio de Navarrete, provincia Santiago, que culminaron con la detención de un dirigente popular del Frente de Lucha Unidad y Progreso (Flup). La acción, que tuvo lugar en al menos cuatro residencias de los sectores Pica Piedra, La Mella y ensanche Hermanas Mirabal, ha generado cuestionamientos sobre la posible persecución de líderes comunitarios vinculados a protestas sociales.
El operativo, según declaraciones del fiscal a cargo, tenía como objetivo la búsqueda de armas de fuego y otros ilícitos penales. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han divulgado hallazgos específicos que justifiquen las intervenciones ni han ofrecido detalles sobre los motivos exactos de la detención.
El apresado, identificado solo como Felipe, es un conocido dirigente del Flup, una organización con un largo historial de activismo en la región. De acuerdo con su esposa, Caridad Hidalgo, su detención podría estar relacionada con las recientes manifestaciones en Navarrete, donde se exige la liberación de 18 personas acusadas de invasión de terrenos privados. Hidalgo, aunque denunció el arresto, reconoció que los agentes actuantes se comportaron de manera adecuada al ingresar a su hogar.
Hasta el momento, las autoridades han mantenido un silencio notable sobre las razones detrás de los allanamientos y la detención de Felipe. Esta falta de transparencia ha despertado sospechas entre organizaciones de derechos humanos y activistas comunitarios, quienes ven en estas acciones un posible intento de amedrentar a quienes participan en movilizaciones sociales.
Navarrete ha sido un epicentro de manifestaciones sociales en los últimos años, con demandas que van desde mejoras en servicios públicos hasta la regularización de asentamientos informales. La reciente detención de los 18 acusados de invasión de terrenos ha encendido las alarmas entre los activistas, quienes consideran que el Estado está criminalizando la lucha social en lugar de abordar los problemas estructurales que la generan.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre el patrón de criminalización del activismo en República Dominicana. Casos como el de Felipe, en los que no se presentan pruebas claras tras operativos policiales, refuerzan estas preocupaciones y ponen en tela de juicio el uso de la seguridad pública con fines políticos.
Por su parte, familiares de Felipe y de los 18 detenidos en el conflicto de tierras han anunciado que continuarán con sus reclamos hasta obtener respuestas concretas. Además, organizaciones de derechos humanos han alertado que podrían recurrir a instancias internacionales si consideran que en estos procesos se vulneran derechos fundamentales.
