Somos Pueblo. – La revelación del comandante general del Ejército Nacional, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, de que la mayoría de los involucrados en el tráfico de indocumentados haitianos son dominicanos ha puesto en evidencia una problemática más compleja de lo que se pensaba: la corrupción dentro de las instituciones de seguridad y las redes de tráfico humano que operan en la frontera.
El comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, hizo público un dato perturbador: “La mayoría de las personas detenidas, involucradas en el tráfico de indocumentados, han sido dominicanos. Dentro de los dominicanos ha habido una participación de algunos militares y miembros de otras instituciones”. Este testimonio resalta la corrupción que, lamentablemente, se ha infiltrado en las filas de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el orden público, poniendo en peligro la integridad del país.
Según el alto mando militar, los dominicanos lideran la mayoría de las detenciones relacionadas con el tráfico de migrantes, con la implicación de algunos miembros de las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado.
El hecho de que algunos miembros de las Fuerzas Armadas estén involucrados en estos delitos es particularmente grave, ya que sus acciones socavan la autoridad de las instituciones y contribuyen a la perpetuación de una red ilegal que se aprovecha de la situación vulnerable de los migrantes haitianos.
República Dominicana enfrenta una crisis migratoria que, lejos de resolverse, parece intensificarse cada vez más. El gobierno, ha intensificado los esfuerzos para «frenar» el flujo de indocumentados a través de un plan de interdicción y contención de flujos migratorios, encabezado por la Dirección General de Migración (DGM). A partir de octubre de 2024, la implementación de este plan ha dado como resultado la deportación de 142,378 extranjeros, de los cuales la gran mayoría son haitianos.
Durante los primeros 15 días de febrero de 2025, la DGM deportó a 15,343 extranjeros en situación irregular, lo que refleja una cifra alarmante que subraya la magnitud del problema. Sin embargo, las estadísticas no reflejan el daño colateral generado por este fenómeno: la participación de dominicanos en el tráfico de personas, que no solo compromete la seguridad nacional, sino que también socava la confianza en las instituciones encargadas de regular la migración.
Ante esta situación, la Dirección General de Migración ha redoblado esfuerzos mediante operativos de interdicción, realizando un total de 135 operativos durante el mes de febrero. Estos operativos, que incluyen acciones tanto diurnas como nocturnas, han tenido como objetivo no solo la captura de indocumentados haitianos, sino también la desarticulación de redes de tráfico humano que, en muchos casos, operan en la frontera.
Entre las zonas con mayor actividad migratoria y operativos de control se encuentran el Gran Santo Domingo, Santiago, Dajabón y Elías Piña, donde la DGM ha logrado asegurar la detención de miles de personas en situación irregular. No obstante, a pesar de los esfuerzos coordinados con el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Policía Nacional y otros organismos de seguridad, el problema persiste y crece.
Según los datos oficiales, desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 15 de febrero de 2025, las autoridades dominicanas han deportado a 78,522 haitianos y repatriado a otros 63,856, sumando un total de 142,378 deportaciones. Sin embargo, la DGM no ha evitado las críticas, ya que algunos sectores de la sociedad civil y organismos internacionales han expresado su preocupación por las condiciones de los deportados y las posibles violaciones a los derechos humanos durante los operativos.
La situación de la migración irregular y el tráfico de personas en República Dominicana requiere un enfoque integral que no solo se limite a las deportaciones, sino que también considere las causas subyacentes de este fenómeno. El contexto político y social de Haití, marcado por la crisis económica y la inestabilidad política, ha generado un flujo constante de haitianos hacia territorio dominicano, en busca de mejores condiciones de vida.
El tráfico de migrantes, particularmente haitianos, no solo es un delito transnacional, sino que también representa una amenaza para la estabilidad social y económica del país. La denuncia del mayor general Camino Pérez sobre la complicidad de dominicanos, incluyendo militares, debe ser vista como un llamado de atención para que las autoridades asuman la responsabilidad de erradicar este crimen y restaurar la confianza pública en las instituciones encargadas de la seguridad nacional.
