Somos Pueblo. «Si no freno, me lleva por el medio». Con estas palabras, el comunicador Ricardo Ripoll, de Somos Pueblo, denunció a través de sus redes sociales una peligrosa maniobra realizada por una guagua de transporte público con placa Y105987. Según Ripoll, el vehículo rebasaba temerariamente a otros conductores sin señales direccionales, zigzagueando entre carriles y sin respeto alguno por las normas de tránsito. «Miren esa guagua echando carrera, esto está fuera de control», expresó indignado, al tiempo que cuestionaba la inacción de las autoridades responsables de regular el tránsito.
El desorden en el transporte público de la República Dominicana sigue siendo un problema crónico que pone en peligro la seguridad de conductores y peatones. La falta de regulación efectiva y la ausencia de una fiscalización rigurosa han convertido las vías en un campo de batalla donde el más imprudente impone sus reglas.
El caos vehicular en el país no es un fenómeno nuevo ni exclusivo del transporte público. Sin embargo, los choferes de carros y minibuses de concho, así como los de autobuses, se han ganado una reputación de conductores temerarios. En muchos casos, desobedecen semáforos, invaden carriles contrarios, rebasan en lugares prohibidos y recogen pasajeros en cualquier punto de la vía sin importar el peligro que esto represente.
El problema no radica únicamente en la imprudencia de los conductores, sino en la falta de control de las instituciones encargadas de fiscalizar el tránsito. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) son los organismos responsables de velar por el cumplimiento de las normas. No obstante, la realidad diaria en las calles demuestra que la regulación es débil y la impunidad está a la orden del día.
Uno de los factores que perpetúa esta situación es la aparente impunidad con la que operan los choferes del transporte público. A pesar de las constantes denuncias de los ciudadanos sobre su comportamiento irresponsable, rara vez se ven sanciones ejemplares. Más allá de las multas, que en muchos casos no son cobradas ni aplicadas efectivamente, hace falta un mecanismo de supervisión real que impida que estos conductores reincidan en sus faltas.
La situación se agrava cuando se suman otros factores como el mal estado de algunas unidades, la falta de revisiones técnicas rigurosas y la precariedad de la infraestructura vial. Muchas guaguas circulan sin luces adecuadas, con neumáticos desgastados y sin condiciones mínimas de seguridad para los pasajeros.
En su denuncia, Ripoll también destacó la situación de los ciclistas y el problema del doble parqueo en horas pico. Mientras los ciclistas luchan por un espacio seguro en las vías, se enfrentan a la falta de ciclovías adecuadas y al irrespeto de muchos conductores.
A esto se suma el caos provocado por los vehículos estacionados en doble fila, especialmente cuando se trata de actividades organizadas por instituciones o figuras de poder. Es común ver calles principales bloqueadas por automóviles mal estacionados sin que las autoridades actúen para corregir la situación.
Ante la situación denunciada, surge la pregunta recurrente: ¿Dónde están las autoridades? La DIGESETT y el INTRANT han anunciado en reiteradas ocasiones planes para mejorar la movilidad y reforzar el cumplimiento de las leyes de tránsito, pero la realidad sigue siendo la misma.
Las calles continúan dominadas por el desorden y la falta de respeto a las normas. Si bien se han implementado operativos en algunos momentos, estos parecen ser esfuerzos temporales que no generan un cambio real y sostenido en la conducta de los conductores.
El problema del transporte en la República Dominicana requiere una solución integral que combine la aplicación estricta de la ley con medidas estructurales. Esto implica desde la renovación de la flotilla vehicular del transporte público hasta la implementación de un sistema de transporte masivo eficiente, seguro y accesible.
Además, es imprescindible fortalecer la fiscalización y garantizar que las sanciones sean efectivas. La impunidad no solo afecta a los conductores de transporte público, sino que también desmotiva a los ciudadanos que intentan cumplir con las normas.
Mientras las autoridades no asuman con seriedad su responsabilidad y los ciudadanos no exijan mayor rendición de cuentas, el caos en el tránsito seguirá siendo una amenaza latente para la seguridad de todos. El transporte en el país no puede seguir siendo un juego de azar donde la vida de los dominicanos está en manos de conductores irresponsables y de un Estado que, hasta el momento, ha preferido mirar hacia otro lado.
