Somos Pueblo. – El Senado de la República Dominicana está evaluando un proyecto de ley que busca modificar las leyes 20-23 y 15-19, con el objetivo de contrarrestar la reciente sentencia TC-0788-24 emitida por el Tribunal Constitucional (TC), la cual abre la puerta para que los candidatos independientes puedan postularse a puestos electivos sin tener que someterse al régimen de los partidos tradicionales. Este fallo ha generado un intenso debate dentro del panorama político del país, principalmente entre los partidos tradicionales y la Junta Central Electoral (JCE).
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los artículos 152 y 157 de la Ley 20-23, sobre el Régimen Electoral, lo que dejó a muchos en los partidos tradicionales alarmados, ya que este fallo permite que los candidatos independientes puedan aspirar a cargos sin la necesidad de cumplir con los procedimientos establecidos para los partidos políticos tradicionales. La sentencia, que ha sido vista como un revés para los partidos establecidos, ha encendido las alertas sobre la posible alteración del equilibrio en el sistema electoral dominicano.
El fallo del TC, al derogar los mencionados artículos, ha llevado a los partidos políticos a buscar alternativas para enfrentar lo que consideran una amenaza a su control sobre las elecciones. En respuesta, la Junta Central Electoral y los partidos están trabajando en una normativa que regule las candidaturas independientes, lo que abre una nueva discusión sobre el futuro del sistema electoral en el país.
Ante esta situación, el senador Ramón Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), aliado al oficialismo, presentó un proyecto de ley con el propósito de modificar la Ley 20-23 y derogar la Ley 15-19, ambas leyes fundamentales en el marco del régimen electoral. La propuesta de Genao busca eliminar los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23, que, según su interpretación, permiten la incursión de los candidatos independientes en el proceso electoral sin las restricciones que imponen los partidos políticos.
En sus declaraciones, Genao calificó la sentencia del TC como un «absurdo» y un error que debe ser corregido por los legisladores. Según el senador, el Tribunal Constitucional se extralimitó en sus funciones, ya que, a su juicio, su papel no es legislar, sino controlar los actos de los demás poderes del Estado. De acuerdo con Genao, la Constitución de la República no menciona la figura de las candidaturas independientes, lo que justifica la necesidad de una reforma en las leyes que regulan el sistema electoral.
Para entender las implicaciones del fallo del TC y la propuesta de modificación de Genao, es importante analizar el contenido de los artículos que han sido objeto de discusión.
El artículo 156 de la Ley 20-23 establece que «podrán ser propuestas candidaturas independientes de carácter nacional, provincial, municipal o en el Distrito Nacional, que surjan a través de agrupaciones políticas en cada elección». Esta disposición permitió, según los críticos, que los candidatos independientes pudieran postularse sin tener que depender de los partidos tradicionales, lo que, a su juicio, podría afectar la estructura de poder de las organizaciones políticas dominicanas.
El artículo 157, por su parte, establece los requisitos para las candidaturas independientes, señalando que para la Presidencia de la República, un candidato independiente necesitaría una organización de cuadros directivos a nivel nacional, así como un programa de gobierno claro. Este requisito, sin embargo, ha sido interpretado como un mecanismo que permite la legitimidad de las candidaturas independientes, pero bajo una organización similar a la de un partido político.
Finalmente, el artículo 158 establece que las agrupaciones que respalden candidaturas independientes para cargos municipales podrán mantener sus estructuras locales e intervenir en futuras elecciones, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
El proyecto de ley presentado por Genao fue enviado a la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado para su estudio y posterior rendición de un informe ante el Pleno. Este proyecto no está directamente relacionado con las iniciativas que está desarrollando la Junta Central Electoral junto a los partidos políticos, pero ambos procesos se interrelacionan en la medida en que buscan dar respuesta a la sentencia del TC.
