Somos Pueblo. – Este lunes, el secretario de Estado Marco Rubio compartió un anuncio de gran repercusión sobre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). En su publicación, Rubio detalló que, tras una revisión iniciada por el presidente Donald Trump, la agencia ha completado una significativa reestructuración, resultando en la eliminación de alrededor del 18% de sus programas de ayuda exterior. De los 6,200 programas de USAID, 5,200 han sido cerrados, lo que equivale a una reconfiguración profunda en la forma en que Estados Unidos distribuye sus recursos internacionales.
El proceso de reestructuración comenzó en enero con una orden ejecutiva de Trump, la cual congeló la financiación de asistencia exterior y ordenó una revisión exhaustiva de los programas financiados por USAID. El objetivo, según la administración, es optimizar la efectividad de los recursos y asegurar que estos sirvan a los intereses nacionales de Estados Unidos, una postura que el gobierno justifica afirmando que muchos de los programas no cumplían con estos objetivos y representaban un gasto innecesario.
Los programas afectados abarcan áreas fundamentales como la prevención de epidemias, la lucha contra el hambre y el fortalecimiento de economías extranjeras. Esto ha generado preocupación en sectores internacionales que dependen de la asistencia para la estabilidad económica y social, particularmente en países en vías de desarrollo que ven en estos fondos una vital fuente de apoyo para sus comunidades más vulnerables.
En un contexto donde las relaciones internacionales se vuelven cada vez más complejas, la eliminación de estos programas podría tener efectos impredecibles. La crítica principal se centra en que, aunque la reestructuración busca una administración más eficiente de los recursos, su implementación ha sido apresurada y sin la debida consulta con el Congreso, lo que ha provocado que legisladores demócratas y otros sectores opinen que la decisión es ilegal. Según estas voces críticas, cualquier medida de esta magnitud debería contar con la aprobación legislativa, especialmente cuando involucra el cierre de programas financiados por el Congreso.
El Departamento de Estado, que se encargará de administrar los programas que sobrevivan a la reforma, tiene la intención de gestionar estos recursos de manera más directa. Sin embargo, las tensiones internas y las demandas legales derivadas de los despidos masivos y la cancelación de contratos están aumentando. Los empleados de USAID, tanto en territorio estadounidense como en el extranjero, han experimentado despidos y pagos atrasados, lo que ha afectado no solo a los trabajadores, sino también a las comunidades que dependían de las iniciativas apoyadas por la agencia.
USAID, que ha estado operando durante más de 60 años, ha jugado un papel clave en la promoción de la seguridad nacional de EE. UU. a través de la cooperación internacional y la ayuda para el desarrollo. Esta reestructuración drástica, que busca eliminar lo que algunos consideran un gasto excesivo, ha dejado a muchos preguntándose sobre el futuro de la política exterior de Estados Unidos y su capacidad para mantener alianzas con países dependientes de la asistencia.
Además de los efectos inmediatos en los trabajadores y los países beneficiarios, la disolución de estos programas podría generar una percepción negativa sobre el compromiso de Estados Unidos con la estabilidad global. Los críticos advierten que esta política aislacionista podría contribuir a un desinterés por parte de otros actores internacionales, lo que podría afectar la influencia estadounidense en regiones clave.
