Somos Pueblo. – Damaris Beltré, una dominicana de 57 años, ha sido arrestada en Nueva York y acusada de estafar al Gobierno de los Estados Unidos por una suma cercana a los 12 millones de dólares. La fiscalía del Distrito Este de Nueva York presentó una serie de cargos contra la mujer, quien, según las autoridades, orquestó un complejo esquema de fraude fiscal que afectó al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y al Programa de Protección de Nóminas (PPP), creado para ayudar a las pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19.
Beltré, expreparadora de impuestos en Freeport, Nueva York, enfrenta 42 cargos que incluyen fraude electrónico, asistencia en la preparación de declaraciones de impuestos falsas, lavado de dinero y robo de identidad agravado. Según la acusación, entre 2021 y 2024, Beltré preparó cientos de declaraciones de impuestos fraudulentas que causaron pérdidas millonarias al gobierno estadounidense. El dinero obtenido de estas actividades ilícitas fue utilizado, según las autoridades, para financiar lujos personales, incluyendo la compra de una casa en la República Dominicana, una yipeta Honda CRV y joyas de alto valor.
De acuerdo con la fiscalía, Beltré operaba tres entidades corporativas: Botánica El Poder De San Miguel, L&D Tax & Multi Service Corp. y D&L Tax Service, además de estar vinculada a una cuarta empresa, Apollo Global Improvements LLC. La investigación sostiene que, como preparadora de impuestos, Beltré utilizaba dependientes falsos y reclamaba créditos no justificados, como los de licencia por enfermedad debido al COVID-19 y los créditos fiscales por combustible, lo que incrementaba de forma artificial las devoluciones de impuestos para sus clientes.
La acusación resalta que, entre junio de 2020 y agosto de 2021, Beltré utilizó fondos obtenidos de manera fraudulenta a través del PPP para realizar compras personales. En junio de 2020, gastó 22,500 dólares de esos fondos en la adquisición de una propiedad en la República Dominicana, mientras que en julio de ese mismo año utilizó aproximadamente 16,000 dólares para comprar una yipeta Honda CRV. Además, entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, Beltré y sus familiares fueron acusados de malgastar grandes sumas de dinero, retirando hasta 226,000 dólares en efectivo de cuentas bajo su control.
La investigación comenzó cuando un agente encubierto acudió a Beltré solicitando que le preparara una declaración de impuestos. En lugar de hacer el trabajo correctamente, Beltré presentó una declaración falsa que reclamaba un reembolso superior a los 14,000 dólares. Por sus servicios, Beltré cobró al agente encubierto la suma de 2,200 dólares, lo que fue el punto de partida para que las autoridades se involucraran en la investigación.
La acusación de Beltré pone en evidencia un problema creciente de fraude fiscal en los Estados Unidos, particularmente relacionado con la utilización indebida de los programas de ayuda destinados a mitigar los efectos de la pandemia. Las autoridades han resaltado la gravedad de este tipo de delitos, que no solo perjudican al sistema fiscal, sino que también socavan la confianza pública en los programas de asistencia del gobierno.
El caso de Damaris Beltré también resalta la importancia de reforzar las medidas de control y supervisión sobre los servicios de preparación de impuestos, especialmente en contextos donde hay riesgos de fraude masivo. Mientras el proceso judicial sigue su curso, el impacto de este fraude sobre la comunidad dominicana y la relación entre la República Dominicana y los Estados Unidos sigue siendo un tema de interés y preocupación.
La detención de Beltré y los cargos en su contra son un recordatorio de las consecuencias legales que enfrentan aquellos que intentan explotar el sistema para obtener beneficios personales a costa del erario público. En un contexto donde la economía mundial aún lucha por recuperarse de los efectos de la pandemia, actos como estos solo agravan las dificultades para aquellos que realmente necesitan ayuda y apoyo gubernamental. La reflexión final sobre este caso es que el combate contra el fraude fiscal es una tarea constante que requiere el compromiso y la vigilancia de todos los sectores involucrados, tanto gubernamentales como ciudadanos, para garantizar la equidad y justicia en el uso de los recursos públicos.
