Somos Pueblo – En un video enviado a nuestra redacción de Somos PuebloMedia, Winifel García de León, una maestra de inicial de Santiago, ha puesto en evidencia, a través de su denuncia, las graves falencias en los procedimientos de seguridad de nuestras instituciones. Lo que debía haber sido un operativo legítimo de las autoridades se transformó en una violación flagrante de derechos y en un abuso de poder. Según la denuncia de la afectada, la dirección central de investigaciones DICRIM irrumpieron en su hogar sin la debida autorización, alegando que fue por «equivocación».
La escena que encontró García de León al regresar a su hogar fue una de completa desolación. La puerta de su casa fue forzada, el candado roto, y el interior del inmueble estaba completamente desordenado. La peor parte del relato fue la desaparición de una suma importante de dinero que la maestra había dejado en su vivienda, producto de un pago que había recibido. A pesar de que el argumento de un «error» ha sido la justificación oficial, el daño causado y la falta de respuestas de las autoridades resultan inaceptables.
«Quiero saber qué van a hacer ahora, cómo me van a responder», expresó García de León, visiblemente afectada por el atropello sufrido. Y es que, más allá del daño material, lo que está en juego aquí es la integridad de una mujer trabajadora, que lucha todos los días para sacar adelante a su familia, y cuyo hogar fue invadido sin justificación ni respeto alguno. En su relato, también subraya que se trató de una intervención en la que incluso se metieron en la habitación de sus hijos, un acto que no solo violenta el espacio privado, sino que refleja la total falta de responsabilidad de quienes deberían velar por la seguridad de los ciudadanos.
La maestra también hace hincapié en que su casa se encontraba en construcción en la parte trasera, sin la verja de seguridad aún instalada. Un detalle que, según ella, facilitó la entrada no autorizada. Pero más allá de las condiciones del inmueble, lo que realmente debería preocuparnos a todos es que este tipo de actuaciones se sigan justificando bajo el mismo argumento de «equivocación». ¿Cuántas veces más ocurrirán situaciones como esta sin que se tomen medidas concretas?
Este caso no debe quedar en el olvido. Es hora de que la sociedad exija respuestas y, lo más importante, que las instituciones actúen con la seriedad que corresponde, para que situaciones de abuso como esta no queden impunes. Solo así se podrá recuperar la confianza en las autoridades y en un sistema que, hasta ahora, parece haber fallado una vez más.
