Somos Pueblo — El Primer Tribunal Colegiado de La Vega declaró este jueves extinguida la acción penal contra Miguel Arturo López Florencio, conocido como “Micky López”, acusado de liderar una presunta red de lavado de activos con vínculos al narcotráfico. La decisión, adoptada por la jueza Lucrecia Rodríguez y demás integrantes del tribunal, se fundamentó en el vencimiento del plazo de cuatro años establecido por el artículo 148 del Código Procesal Penal para el juzgamiento del imputado.
La sentencia ha generado una oleada de reacciones dentro del ámbito judicial, especialmente desde el Ministerio Público. La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, calificó el fallo como “la crónica de una muerte anunciada” y aseguró que interpondrá un recurso de apelación dentro del plazo que permite la ley. García denunció que el proceso estuvo plagado de “trabas deliberadas y tácticas dilatorias” por parte de la defensa de López, las cuales habrían sido determinantes en la caducidad de la acción penal.
La decisión resulta aún más controvertida al contrastarse con la situación judicial de Rosa Amalia Pilarte López, esposa de Micky López y exdiputada, quien fue condenada recientemente a cinco años de prisión en un juicio privilegiado por los mismos hechos de lavado de activos. Aunque la sentencia fue apelada, su condena puso en evidencia la solidez de las pruebas que el Ministerio Público había reunido en torno al entramado financiero familiar.
El expediente contra López Florencio se remonta al año 2020, cuando el Ministerio Público lo sometió a la justicia acusándolo de encabezar una red que habría movilizado más de 2 mil millones de pesos en el sistema financiero dominicano. Posteriormente, una investigación ampliada por parte de la Procuraduría General de la República elevó esa cifra a más de 4 mil 400 millones de pesos, revelando el alcance nacional e internacional de las operaciones.
Durante todo el proceso, la defensa de Micky López recurrió repetidamente a aplazamientos, recursos y reenvíos, los cuales, de acuerdo con la fiscalía, fueron utilizados como una estrategia para retardar el juicio hasta provocar su prescripción. Ya en el año 2021, se había intentado una maniobra similar para favorecer a empresas vinculadas al imputado, que fue revertida por una apelación del Ministerio Público.
El organismo persecutor también solicitó en su momento el traslado del caso fuera de la jurisdicción de La Vega, alegando que no existían condiciones objetivas para garantizar un juicio justo en esa demarcación. Sin embargo, esta solicitud no prosperó y el caso permaneció en la provincia donde se desarrollaron los hechos originales.
El fallo representa un duro golpe para los esfuerzos institucionales de combate al lavado de activos y la corrupción financiera en el país, ya que, pese al volumen de pruebas y el impacto económico del caso, el proceso ha quedado truncado sin que se dictara una sentencia de fondo sobre los señalamientos contra López Florencio.
De confirmarse en apelación esta decisión, quedará como antecedente una señal preocupante sobre la eficacia del sistema judicial frente a los casos de alto perfil vinculados al crimen organizado, especialmente cuando se advierten acciones que dilatan los procesos hasta su prescripción.
