Somos Pueblo – El presidente de la República, Luis Abinader, solicitó la renuncia del coordinador del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), Jorge Luis Polanco, tras revelarse que este asumió la defensa legal del empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, escenario de una tragedia que ha dejado hasta el momento 231 fallecidos.
La solicitud presidencial se produjo luego de conocerse que Polanco, a pesar de ocupar un cargo estratégico dentro de una unidad dedicada a combatir la corrupción administrativa, había aceptado representar a un particular directamente vinculado a una investigación de alto perfil. El hecho fue calificado como un conflicto de intereses que atentaba contra la credibilidad de las instituciones.
Renuncia inmediata tras requerimiento oficial
Horas después del requerimiento, Jorge Luis Polanco presentó formalmente su renuncia mediante una carta dirigida al mandatario. En la misiva, el abogado justificó su salida como una medida orientada a garantizar “transparencia” y “evitar confusión de roles”, sin referirse directamente a las razones que motivaron la solicitud de su desvinculación.
“Entiendo que debo actuar con absoluta transparencia, evitando cualquier posibilidad de confusión de roles o interpretación errónea en la opinión pública”, expresó en la comunicación.
No obstante, fuentes cercanas al Ejecutivo confirmaron que la decisión no fue voluntaria, sino que fue el propio presidente quien, tras conocer la situación, solicitó su salida inmediata para preservar la confianza pública en las labores del equipo anticorrupción.
Presión por manejo riguroso del caso Jet Set
El desplome del techo del centro nocturno Jet Set, ocurrido la madrugada del lunes 8 de abril mientras se celebraba un evento musical, ha desatado una de las mayores crisis recientes en el país. La tragedia ha tenido un profundo impacto social y político, provocando exigencias de respuestas firmes desde distintos sectores de la sociedad.
El caso se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades judiciales y técnicas, quienes buscan esclarecer las causas estructurales del derrumbe, así como determinar responsabilidades legales, tanto en el plano de las licencias de operación como en el de los posibles fallos en el mantenimiento del inmueble.
La vinculación del coordinador del ERPP como abogado defensor del propietario del establecimiento fue percibida como una contradicción ética, dada su responsabilidad directa en la recuperación de bienes del Estado y en la vigilancia de procesos vinculados a corrupción o negligencia institucional.
Nuevo rumbo en el ERPP
Tras la renuncia de Polanco, el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público continuará sus funciones bajo una nueva coordinación aún no oficializada. La salida del abogado representa un movimiento necesario para preservar la institucionalidad del equipo, creado con el objetivo de detectar, investigar y gestionar procesos de recuperación de bienes públicos presuntamente malversados o adquiridos de forma irregular.
Fuentes gubernamentales aseguraron que se reforzará el criterio de incompatibilidad de funciones dentro de este y otros equipos especializados, a fin de evitar situaciones que pongan en entredicho su integridad o su efectividad en el cumplimiento de sus objetivos.
