Somos Pueblo – La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, bajo la dirección del magistrado Wilson Camacho, ha iniciado una serie de diligencias procesales sobre las propiedades y empresas relacionadas con Antonio Espaillat, propietario del centro de entretenimiento Jet Set, como parte de la investigación en curso por la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril.
Durante el evento, en el que se presentaba el merenguero Rubby Pérez, el techo de concreto del establecimiento colapsó por completo, causando la muerte de 232 personas y dejando más de 180 heridos.
En el marco de las pesquisas, el Ministerio Público ha solicitado formalmente que se impida de forma cautelar cualquier tipo de transacción patrimonial o accionaria relacionada con las empresas del empresario Espaillat. Esta medida busca evitar que los bienes vinculados puedan ser transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.
Las diligencias se realizan bajo el amparo de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. Sin embargo, fuentes oficiales explicaron al periódico El Día que el uso de esta figura legal no implica que Espaillat esté siendo investigado por lavado, sino que permite establecer mecanismos administrativos para proteger los activos durante la etapa inicial del proceso.
La investigación se centra en las compañías directamente asociadas al empresario, en particular la entidad jurídica bajo la cual operaba la discoteca Jet Set, uno de los centros de espectáculos más reconocidos de la capital.
