Somos Pueblo – El regidor del Distrito Nacional, Edickson Herrera Silvestre, fue formalmente solicitado en extradición por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, tras ser vinculado a una presunta red de narcotráfico internacional. La solicitud, fechada el pasado 5 de marzo, se produce en el marco del caso No: 25-CR-20095-BLOOM/ELFENBEIN y contempla acusaciones que incluyen conspiración para importar, distribuir y fabricar sustancias controladas, entre otros cargos federales.
Herrera Silvestre, quien ocupa una curul en el Ayuntamiento del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), figura como uno de los tres señalados en la acusación formal, junto a José Eduviges Aponte Torres, alias “Buby”, y William Durán Jerez. Según la documentación judicial estadounidense, los hechos imputados se habrían desarrollado entre mayo de 2020 y noviembre de 2022, en una operación que abarcó territorio dominicano, el condado de Miami-Dade, Florida, y otras jurisdicciones aún no especificadas.
Acusaciones múltiples por delitos federales
La imputación presentada ante el tribunal estadounidense detalla al menos siete cargos distintos contra los acusados. Entre ellos figuran:
- Conspiración para importar sustancias controladas (21 U.S.C. § 963)
- Fabricación o distribución con intención de importación ilegal (21 U.S.C. § 959(a))
- Importación de sustancias controladas (21 U.S.C. § 952(a))
- Intento y conspiración para distribuir (21 U.S.C. § 846)
- Posesión con intención de distribuir (21 U.S.C. § 841(a)(1))
- Decomiso criminal de bienes vinculados al narcotráfico (21 U.S.C. § 853)
- Importación y exportación de químicos regulados (21 U.S.C. § 970)
El primer cargo, relacionado con conspiración, establece que los imputados integraban una estructura dedicada al tráfico de drogas a gran escala con ramificaciones internacionales. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las actividades delictivas fueron sostenidas en el tiempo y contaron con participación en múltiples territorios.
Repercusiones políticas y silencio institucional
Hasta el momento, ni el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ni el Ayuntamiento del Distrito Nacional han emitido una declaración oficial respecto a la solicitud de extradición de Edickson Herrera Silvestre. La ausencia de una postura pública ha generado interrogantes entre diversos sectores de la sociedad dominicana, particularmente en un contexto donde se demanda mayor transparencia y responsabilidad institucional frente a posibles vínculos entre funcionarios electos y actividades ilícitas.
El caso reviste especial gravedad al involucrar a un funcionario municipal en ejercicio, lo que pone en entredicho los filtros de selección y supervisión en el ámbito político. La posible extradición también plantea cuestionamientos sobre la capacidad del Estado dominicano para prevenir, detectar y sancionar la participación de actores públicos en redes del crimen transnacional.
Cooperación internacional y pasos legales
La solicitud de extradición, una vez tramitada formalmente por las autoridades estadounidenses, deberá ser evaluada por la Procuraduría General de la República, que actúa como canal oficial en estos procesos. En función de los tratados bilaterales en materia de extradición vigentes entre República Dominicana y Estados Unidos, el caso podría pasar al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia, encargada de autorizar o rechazar la entrega del ciudadano requerido.
El procedimiento conlleva, además, la notificación formal del imputado, su detención preventiva y posterior audiencia de evaluación, en la cual se determina si los elementos presentados por el país solicitante cumplen con los requisitos legales y probatorios establecidos en el ordenamiento jurídico dominicano.
Una investigación en desarrollo
La acusación forma parte de una investigación más amplia liderada por las autoridades del sur de Florida sobre redes de tráfico de drogas entre el Caribe y Estados Unidos. Aunque no se han revelado todos los detalles del expediente, se presume que los imputados habrían operado una estructura logística destinada al transporte y distribución de narcóticos desde la región hacia territorio norteamericano.
Fuentes vinculadas a la justicia estadounidense señalan que el expediente incluiría interceptaciones, testimonios y otras evidencias que sustentan la solicitud de extradición. Aun así, el proceso judicial en República Dominicana debe respetar las garantías constitucionales y el principio de presunción de inocencia hasta tanto se emita una decisión definitiva.
A la espera de respuestas oficiales
La población y los medios de comunicación esperan que las autoridades dominicanas ofrezcan información clara y oportuna sobre la situación del regidor, así como sobre las posibles medidas disciplinarias o suspensiones administrativas que correspondan ante la gravedad de las acusaciones.
El caso reabre el debate sobre la infiltración del narcotráfico en estructuras de poder político y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control ético en la administración pública. En un contexto de creciente preocupación ciudadana por la corrupción y la criminalidad organizada, los próximos pasos de las autoridades serán observados con atención tanto a nivel nacional como internacional.
