Somos Pueblo – El Gobierno dominicano anunció la entrega de un bono de emergencia de RD$30,000 mensuales por un período de seis meses a las familias directamente afectadas por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril y que dejó un saldo de 232 personas fallecidas y al menos 189 heridas. La medida forma parte de un protocolo de intervención sociofamiliar que busca ofrecer atención integral a los núcleos más impactados por la tragedia.
Gloria Reyes, directora general del programa Supérate, explicó que el subsidio económico estará dirigido principalmente a hogares en situación de vulnerabilidad, entre ellos niños en estado de orfandad, adultos mayores, personas con discapacidades y familiares dependientes de empleados fallecidos durante el siniestro. Asimismo, se contempla incluir a sobrevivientes con lesiones permanentes o temporales.
El anuncio fue realizado al concluir una reunión de la comisión multidisciplinaria encargada del plan de intervención, la cual ya ha iniciado sus labores de campo con un primer levantamiento en contacto con 82 familias afectadas. Según detalló Reyes, más de 200 núcleos familiares serán evaluados para recibir los beneficios, tras cruzar la información recolectada por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) con los datos entregados por otras instituciones estatales involucradas en la respuesta.
Junto al programa Supérate, la comisión está conformada por el Ministerio de Salud Pública, el Gabinete de la Niñez y Adolescencia (GANA), el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani) y el propio Siuben. Todos estos organismos han trabajado de manera coordinada para identificar las necesidades prioritarias de los afectados, que incluyen atención emocional, respaldo económico, acompañamiento legal y personal especializado para el cuidado de menores y adultos dependientes.
En el aspecto jurídico, Reyes subrayó que varias familias han solicitado apoyo legal para establecer custodia oficial de menores, así como para gestionar procesos de representación y orientación legal frente a las autoridades. Este componente será atendido mediante canales institucionales formales, con el objetivo de garantizar que los derechos de los sobrevivientes y sus allegados sean protegidos conforme a la ley.
El componente emocional también ha sido considerado con especial atención. El Ministerio de Salud Pública, en conjunto con el Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi), dispuso equipos de profesionales para ofrecer atención psicológica especializada a las víctimas y sus familiares. Estas intervenciones buscan mitigar los efectos del trauma generado por el evento, considerado como una de las tragedias civiles más devastadoras en la historia reciente del país.
En cuanto a la protección de la niñez, Conani ha desplegado su personal para realizar evaluaciones individuales a niños y adolescentes en condición de orfandad o vulnerabilidad emocional. Según la institución, los casos más complejos serán derivados a centros especializados en trauma infantil para recibir tratamiento terapéutico adecuado.
Gloria Reyes aseguró que la intervención no se limitará a la entrega de subsidios, sino que pretende crear una red de apoyo estatal que acompañe a las familias durante el proceso de duelo y reconstrucción. «No se trata solo de un bono, sino de una respuesta integral a una tragedia que nos ha marcado como sociedad», expresó.
El colapso del techo de la discoteca Jet Set ocurrió mientras se celebraba una fiesta encabezada por el artista Rubby Pérez, quien se encuentra entre las víctimas mortales. El caso provocó una respuesta inmediata del Gobierno, incluyendo la declaratoria de duelo nacional por seis días y el inicio de una investigación judicial para esclarecer las causas del derrumbe.
Mientras el proceso investigativo avanza y se definen responsabilidades legales, las autoridades han priorizado la atención humanitaria como eje central de su respuesta. La implementación de este plan de ayuda refleja un esfuerzo por aliviar, en la medida de lo posible, las profundas secuelas sociales que ha dejado la tragedia.
El bono de emergencia y la red de asistencia articulada por las instituciones estatales representan un primer paso hacia la reparación parcial de los daños, aunque los familiares de las víctimas insisten en que la justicia y la verdad son las verdaderas urgencias que aún esperan.
