Somos Pueblo – La fundación Primero Justicia solicitó este martes a la Procuraduría General de la República la apertura de una investigación penal a raíz de las declaraciones del informático José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez), quien denunció la presunta comisión de delitos como prevaricación, extorsión, narcotráfico y lavado de activos por parte de altos funcionarios del gobierno y empresarios vinculados.
A través de un video, el jurista y presidente de la fundación, Miguel Surun Hernández, presentó las alegaciones que implican directamente al asesor financiero del Poder Ejecutivo, Pablo Portes; al director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison; al asesor político de la Presidencia, Mauricio de Vengoechea; al expresidente de la Comisión de Recuperación de Bienes del Estado, Jorge Luis Polanco; así como a los empresarios Gilbert Bigio y José Bono, este último investigado por la justicia española por corrupción y blanqueo de capitales.
Según Hernández, los hechos denunciados podrían constituir violaciones a los artículos 123, 124, 147, 148, 175, 176, 265, 266, 405 y 406 del Código Penal Dominicano, además de infracciones previstas en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Durante su intervención, el jurista resaltó la relevancia de las declaraciones de Gómez Canaán, argumentando que este habría tenido acceso privilegiado a información confidencial sobre funcionarios y empresarios debido a su rol en actividades de vigilancia e inteligencia, en coordinación con agencias de seguridad.
Entre las acusaciones más graves, se destaca que el asesor político Mauricio de Vengoechea habría exigido al exdirector del Intrant, Hugo Beras, un 5% de los ingresos derivados del proceso de renovación de revistas vehiculares. Este proceso estaría vinculado a una empresa española presuntamente relacionada con José Bono, quien enfrenta acusaciones de ocultamiento de fondos en República Dominicana.
Además, Surun Hernández denunció irregularidades en la licitación para la expedición de licencias de conducir, la cual, según dijo, fue dirigida por Milton Morrison con el objetivo de beneficiar al empresario haitiano Gilbert Bigio. El contrato en cuestión asciende a RD$8,000 millones.
Respecto al asesor financiero Pablo Portes, el jurista señaló que este mantiene intereses en la planta generadora flotante Karadeniz, instalada en Azua. Afirmó que el Estado dominicano estaría pagando hasta diez veces más por el kilovatio hora en comparación con otras plantas generadoras.
Otro de los puntos señalados fue la supuesta pérdida de RD$50 millones en efectivo que formaban parte de los fondos recuperados tras investigaciones por corrupción. Hernández aseguró que el origen de dichos fondos es incierto y que podrían proceder de sobornos.
Asimismo, se denunció la presunta existencia de una finca en Bánica utilizada como centro de almacenamiento de drogas, supuestamente protegida por un entramado militar. En este punto también fue mencionado nuevamente el empresario Gilbert Bigio y, de forma indirecta, el ministro de Defensa.
Finalmente, el jurista afirmó que Jorge Luis Polanco habría solicitado el uso del sistema de espionaje Pegasus para monitorear las comunicaciones de funcionarios y figuras políticas, lo que, a juicio del abogado, constituye una amenaza al Estado de derecho y a la privacidad institucional.
